La Costa del Sol vive desde comienzos de este año 2018 una sucesión de ajustes de cuentas que va ya por la veintena de casos. En el marco de las actividades diversas que desarrolla el hampa en esta zona del litoral malagueño está, principalmente, todo lo relacionado con el tráfico de drogas a gran escala, dada la cercanía del Campo de Gibraltar y Marruecos, con el hachís como telón de fondo.
El triángulo comprendido entre Fuengirola, Marbella y Estepona, sin olvidar Mijas, ha concentrado gran parte de estos sucesos con tintes mafiosos que se han saldado con muertes, heridos, torturados, atentados con bomba, secuestros y hasta un pastor asesinado por error.
La última acción violenta se saldaba en la noche del sábado con un individuo acribillado a balazos mientras cenaba en un restaurante de Torremolinos, un tipo de suceso ya habitual en el modus operandi de las venganzas entre mafias.
Está claro que toda esta espiral de hechos truculentos no son “hechos aislados” ni “hechos puntuales”, dos conceptos en los que algunos cargo de distinto signo político (PP y PSOE) han coincidido, para tratar de quitar hierro al asunto. Hablo de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y del presidente provincial de los socialistas, José Bernal. Referirse a esta escalada de violencia de tal manera no es ya un error, es no ver la realidad.
Cabe recordar que las unidades UDYCO (contra la droga y el crimen organizado) creadas en enero de 1997 por el entonces ministro del Interior Jaime Mayor Oreja (PP) nacieron para dar respuesta, entre otros, a una sucesión de sucesos violentos de aquella época, hablo especialmente de la Costa del Sol, que se dio en llamar ‘el otoño negro’ del 96.
Recuerdo especialmente cuando a comienzos de los años 2000 el entonces subdelegado del Gobierno de Aznar en Málaga, Carlos Rubio, se atrevió a llamar a las cosas por su nombre y dijo que en Marbella operaban mafias diversas. No buscó atajos a la hora de expresarse, y no sólo se refirió a la ciudad que aún gobernaba Jesús Gil, hasta que fue inhabilitado en 2002.
Hablar abiertamente de la presencia del crimen organizado en el litoral occidental malagueño le valió a Rubio –hoy uno de los mayores apoyos de Pablo Casado en Málaga– todo un torrente de críticas, insultos y descalificaciones irreproducibles provenientes de Gil y Gil.
Han pasado muchos años de aquello y hoy la actual subdelegada del Gobierno, María Gámez, del PSOE, trataba de restarle importancia a los ajustes de cuentas semanas atrás, en el programa que dirige y presenta el director de Sur, Manuel Castillo, en 101 TV.
En la entrevista que le hicieron a Gámez varios periodistas del rotativo de Vocento la representante del Gobierno central llegó a decir que no era necesario un plan de inversión para combatir el crimen organizado en la Costa del Sol, a diferencia de los 7 millones que se invertirán en el Campo de Gibraltar. ¿Pensará ahora lo mismo tras el último suceso de Torremolinos?
Capítulo aparte merecen las declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la pasada semana en un desayuno informativo de Málaga Hoy (Grupo Joly). El considerado hombre fuerte del ‘sanchismo’ en la región aseguró que la sucesión de hechos violentos se debía a los “éxitos policiales”. En el marco de su curiosa teoría, Celis expuso que el aumento de las incautaciones de hachís provoca “estrés” en las bandas y “se roban entre ellas”. Es lo que se conoce en el argot policial como ‘vuelcos’.
Al menos, el sucesor de Antonio Sanz reconoció que los narcos se están desplazando desde el Campo de Gibraltar hasta la Costa del Sol, dada la presión policial que padecen allí.
Hecho este repaso a los hechos es hora de que los políticos sumen fuerzas, se pongan de acuerdo y adopten medidas contra el crimen organizado en un destino turístico como la Costa del Sol, que no merece menos que el Campo de Gibraltar, y necesita también algún tipo de plan policial, traducido en inversiones. La cifra que la pongan los expertos.