La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto al concejal de Urbanismo, Pablo Moro, en imagen de archivo
Nueva denuncia contra el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, por un presunto delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio, al construir seis locales comerciales en los bajos de los dos chalés que ocupan el edil del PP y su cuñada en una zona residencial situada en la zona norte de la ciudad. En esta denuncia, enviada este lunes a la Fiscalía de Málaga y a la que ha tenido acceso marbellaconfidencial se ponen en conocimiento del Ministerio Público “graves irregularidades técnicas y jurídicas en los procedimientos administrativos correspondientes tanto a la concesión de las licencias de obra y primera ocupación, como a la inscripción registral posterior de 2 viviendas unifamiliares, y hasta 6 locales comerciales, sobre 2 parcelas”.
Las parcelas sobre las que se asientan las viviendas unifamiliares están calificadas urbanísticamente, según el vigente PGOU de Marbella y su modificación posterior, como UE-4 “vivienda unifamiliar exenta”.
Estas viviendas pertenecen al concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Pablo Moro Nieto, “y a su más inmediato entorno”, reza el escrito enviado este lunes al Ministerio Fiscal.
Vista general de los locales objeto de la denuncia, en los bajos de los chalés del concejal de Urbanismo, Pablo Moro, y su cuñada
En la actualidad, sobre el terreno que ocupaban las citadas parcelas, se han erigido dos edificaciones adosadas entre sí que, “tras haber obtenido la preceptiva licencia de primera ocupación, han generado ocho fincas registrales independientes (dos viviendas y seis locales comerciales) inscritas a favor de cuatro titulares distintos”.
Los denunciantes aseguran que “se contravienen de forma flagrante” los parámetros urbanísticos de “obligado cumplimiento” aplicables a esta zona concreta, en base al PGOU vigente que establece un máximo de 1 vivienda por parcela.
Los hermanos Flores hacen constar en su escrito que, a su juicio, “se ha llevado a cabo una supuesta segregación encubierta de dos inmuebles que, según el ordenamiento jurídico, son indivisibles”. Siempre según el criterio del letrado Antonio Flores, máximo responsable del bufete marbellí Lawbird, “los hechos denunciados habrían vulnerado los artículos 67 y 68 de la vigente LOUA, al tratarse de un fraccionamiento y parcelación urbanística ilegal, así como la normativa municipal de obligado cumplimiento, en concreto el PGOU del año 2010 y su modificación publicada en el B.O.P. el 17/8/2011”.
A las supuestas irregularidades “existentes en las operaciones registrales posteriores a la finalización de las obras”, los denunciantes añaden las conclusiones que se desprenden del informe técnico elaborado por Marbella Architects Estudio S.L. . En este documento, tras analizar en profundidad la edificación objeto de la denuncia, se aprecian “graves desajustes entre la misma y la normativa de aplicación”.
Estas supuestas infracciones, que “en su mayor parte no serían legalizables, habrían sido obviadas por parte de los técnicos municipales en sus preceptivos informes a la hora de conceder tanto la licencia de obras como la licencia de primera ocupación posterior”.
Los hechos objeto de denuncia, “de demostrarse ciertos”, serían presuntamente constitutivos de sendos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa.
Los denunciantes solicitan a la Fiscalía de Málaga que abra diligencias de investigación penal, a fin de comprobar los hechos denunciados y sus presuntos responsables. Se solicita que dichas diligencias sean remitidas a los Juzgados de Marbella “una vez comprobado que los hechos son constitutivos de delito”.
Finalmente solicitan que se requiera al responsable del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella testimonio de los expedientes de concesión de licencia de obra y licencia de primera ocupación.
