La concejal de Urbanismo, María Francisca Caracuel, ha asegurado este lunes que el texto refundido del PGOU de 1986 no se someterá a exposición pública una vez que la Corporación municipal lo apruebe, previsiblemente en el Pleno de septiembre, que se celebra este viernes.
La edil ha justificado la decisión en unos informes municipales de carácter técnico y jurídico que señalan que es ilegal una enmienda que Podemos presentó en el debate sobre la aprobación del texto refundido en el Pleno de abril y en la que solicitaba un periodo de 30 días de exposición pública. “Los técnicos se ha pronunciado. Esa tramitación que propone Podemos no se ajusta a derecho. El documento sólo requiere una única aprobación”, ha explicado la edil.
Tras el dictamen de los informes, el PSOE, entonces en el equipo de gobierno, eliminó la enmienda de Podemos y volvió a llevar la propuesta de aprobación del texto refundido a la comisión plenaria de julio con la intención de que la Corporación debatiera el punto en el Pleno de aquel mes. La moción, sin embargo, no llegó a la sesión plenaria porque Podemos votó en contra en la comisión tras descartarse su enmienda.
“La tramitación es la que es; llevarlo a Pleno y aprobarlo sin más trámite de información pública. Es un documento que no necesita una tramitación complicada. Al no incorporar nuevas determinaciones ni modificar el PGOU existente lleva una tramitación que es únicamente un acuerdo plenario”, ha apuntado la edil. Exponer el documento al público sería un trámite “que no se ajustaría a la ley”, ha señalado Caracuel, que ha indicado que las únicas modificaciones que se han introducido en el texto refundido han sido para corregir 12 errores materiales o estructurales.
Caracuel ha lamentado el tiempo que, según ella, perdió el tripartito en el proceso de aprobación del texto refundido. El documento, ha indicado, “tenía que llevar meses aprobado” y ha asegurado que será el bipartito el que saque adelante el texto refundido “a pesar de que no llevamos ni un mes al frente de la Delegación de Urbanismo”.
“El texto refundido es un documento esencial y exclusivamente técnico que recoge y resume lo ya aprobado anteriormente. Se compila y ordena la información, pero no innova nada ni introduce nada nuevo”, ha añadido.
Plataforma Antideslinde
La comparecencia de la edil de Urbanismo se ha producido minutos después de que la Plataforma Anitdeslinde presentara por Registro de Entrada en el Ayuntamiento una solicitud para pedir que el texto refundido se someta a exposición pública.
“El Tribunal Supremo ha señalado en reiteradas ocasiones que la elaboración de los PGOU concierne a todos los ciudadanos y, por ello, todos tienen derecho a saber qué se está haciendo”, ha señalado la portavoz y abogada del colectivo Cristina Falkenberg, que ha asegurado que el texto refundido condensa más de 200 planos del Planeamiento en dos.
La plataforma ha solicitado también que se retire del texto refundido una alegación a través de la cual se ubica en el término municipal de Benahavís una parcela que pertenece a Marbella. “El Consejo Consultivo de Andalucía ha recordado que jamás una linde puede alterarse mediante un PGOU y que la estimación de dicha alegación era nula de pleno derecho”, ha agregado Falkenberg.
Urbanismo “express”, en opinión del PSOE
La edil del PSOE y exconcejal de Urbanismo, Isabel Pérez, ha asegurado que el PP vuelve al “urbanismo express” para acelerar los trámites de la aprobación del documento y evitar la transparencia y participación de los vecinos.
“Durante estos dos años hemos sido meticulosos y lo hemos hecho todo conforme a la ley y buscando lo mejor para el municipio de la mano de los expertos. Ahora vuelven las prisas y, con ellas, todo tipo de sospechas”, ha señalado.
Pérez ha recordado que Ángeles Muñoz, en la oposición cuando el tripartito comenzó a elaborar el texto refundido, aseguró que el documento incorporaba convenios aprobados durante el GIL. “Ahora les parece un documento impecable. Está claro que mintieron con el fin de bloquear el urbanismo”, ha agregado.
El texto refundido del PGOU de 1986 y la adaptación del propio Plan a la ley autonómica fueron considerados por el tripartito la “hoja de ruta” para devolver la estabilidad al urbanismo de Marbella después de que el Tribunal Supremo anulara a finales de 2015 el Planeamiento de 2010.