El edil y parlamentario del PP de Marbella, Félix Romero, durante su última comparecencia ante los medios. FOTO/ MARBELLA CONFIDENCIAL
El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Marbella ha vuelto a acusar este lunes al equipo de gobierno tripartito (PSOE, OSP e IU) de “mala fe” e “intencionalidad política”, por demorarse a la hora de enviar al juez Gonzalo Dívar, instructor del llamado ‘caso PGOU’, diversa documentación solicitada por el titular del Juzgado de Instrucción 3, que investiga una denuncia de Fiscalía por falsedad documental en el Plan General de 2010 contra la exalcaldesa ‘popular’ Ángeles Muñoz, el vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas, así como la reciente querella del PSOE contra la exedil de Urbanismo del PP, Alba Echeverría.
Por medio de un comunicado, el edil y parlamentario por Málaga de la formación marbellí, Félix Romero, sostiene que se se trata de “los documentos que acreditan que fue el equipo redactor quien introdujo los cambios en el PGOU para su aprobación en el pleno” y no la entonces alcaldesa, Ángeles Muñoz, sobre cuya situación procesal deberá decidir el Tribunal Supremo (TS), si se tiene en cuenta que Dívar no es competente para investigarla, al ser senadora y, por tanto, aforada.
El edil opositor sostiene que esos documentos que el tripartito ha encontrado “casualmente” dos años mas tarde, “nunca” se remitieron a la Fiscalía. De hecho, el PP ya denuncio que se ocultaron “de manera intencionada”.
La airada reacción de los conservadores se produce a raíz de que el diario Sur adelantara en su edición de este lunes que el Ayuntamiento de Marbella ha remitido al juez los documentos modificados del PGOU tras hallarlos entre unos borradores, según un escrito oficial del Ayuntamiento remitido al juez instructor. Se trata de una relación con 22 planos modificados por el equipo redactor, así como un informe sobre los terrenos en los que se debía mantener la suspensión de licencias.
Romero ha calificado de “gravísima” la actuación del equipo de gobierno que, según critica, envió los documentos hace apenas dos semanas “tras recibir un requerimiento judicial en ese sentido y con la excusa peregrina de que acaba de encontrarlos”
El edil insiste en que “los planos que, según el PSOE se habían falsificado, son modificaciones instadas y realizadas por el equipo redactor, en el ejercicio de sus competencias, consensuadas con la Junta de Andalucía y remitidas al Ayuntamiento unas hora antes de la celebración del pleno de la aprobación provisional del PGOU”.
En opinión del que fuera portavoz municipal de los gobiernos de Ángeles Muñoz “es inadmisible que el alcalde tarde casi dos años en enviar esta documentación para su incorporación al expediente y altamente preocupante”. Romero recuerda que es Bernal, secretario general del PSOE local, el que ha presentado la querella sobre este caso y parece –opina el PP– “poco predispuesto” a colaborar para que “se conozca la verdad”.
Un documento con el mismo número que otro incorporado a última hora en el pleno del 29 de julio de 2009
Al margen de la interpretación que pueda hacer el PP cabe recordar, como ya informó este medio digital, que el el misterioso documento 063630 que recogía los cambios en el PGOU de Marbella , algunos de los cuales alteraban las lindes con Benahavís, fue incorporado a última hora. De hecho, pasó desapercibido en el pleno que aprobó el documento urbanístico.
El citado documento 063630 jamás lo vio nadie, ni hubo mención expresa en la sesión plenaria del 29 de julio de 2009. El acta del pleno no refleja lo que se dijo en el pleno, hecho acreditado por el vídeo de la sesión, aportado al juez, y que constituye una de las pruebas acusatorias fundamentales.
Nunca en la sesión plenaria del 29 de julio de 2009 se explícito qué documentos se estaban incorporando al expediente. Al ser un cambio sustancial debió haberse reabierto el trámite de información pública. Para mayor confusión, el número que aparece asignado al escrito (063630) es el mismo que se le asignó a otro documento de contenido diferente, el mismo día 29 de julio, de suspensión de licencias en trámite.
