El Partido Popular de Marbella nunca dio a conocer públicamente que el Tribunal Constitucional (TC) le había dado la razón en julio de 2015, tras un recurso interpuesto en 2006 por 68 diputados conservadores del Congreso, que consiguió anular el artículo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que permitió a la Junta de Andalucía retirar las competencias urbanísticas al municipio.
Tras declarar el TC que la medida adoptada por el Gobierno presidido por Manuel Chaves era inconstitucional, llama poderosamente la atención que la presidenta del PP local, Ángeles Muñoz, exalcaldesa de la ciudad entre junio de 2007 y junio de 2015, no aprovechara el espaldarazo que brindó a sus tesis el citado tribunal para reprobar la actuación de la Junta de Andalucía. Todo ello si se tiene en cuenta que la ahora senadora se mostró muy crítica con la retirada de competencias y promovió ante sus compañeros de filas en la Cámara Baja que se interpusiera tal recurso, en una actuación también coordinada por el PP andaluz, que presidía entonces Javier Arenas.
La resolución judicial del TC, desconocida hasta ahora, ha sido adelantada este miércoles en su edición digital por el diario Sur. En la información del rotativo de Vocento se recoge entre líneas el hecho de que el PP guardara silencio desde que se dictó el fallo, el 9 de julio de 2015, ya con José Bernal al frente de la Alcaldía de Marbella y Muñoz en la oposición.
Distintas fuentes jurídicas consultadas por Marbella Confidencial han coincidido al afirmar que los servicios jurídicos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, personados como parte en el procedimiento seguido ante el TC, recibieron notificación oficial de la sentencia, como es preceptivo al ser parte personada, al igual que la Junta de Andalucía.
El PP tendrá que ofrecer una justificación creíble a este extrañisimo caso, antes de que su incomprensión desate la espiral de las especulaciones por encima del ya inevitable nivel.