Los concejales del PP de Marbella Félix Romero y Javier García este lunes en rueda de prensa. FOTO/Marbella Confidencial
El Partido Popular ha justificado este lunes el cambio de estatutos que promovió en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental –anulado ahora mediante sentencia que adelantó el viernes Marbella Confidencial– en que “lo pedía la ley”, según el edil y parlamentario andaluz de la formación conservadora Félix Romero.
“Somos siempre respetuosos con lo que dice la justicia y sabemos, además, que el proceso de un procedimiento judicial tiene una serie de escalones”. En este punto, Romero se ha referido a que hubo una sentencia en primera instancia en la que se estableció que “esos estatutos estaban plenamente adaptados y sobre todo el procedimiento”.
Acto seguido, el considerado brazo derecho de Ángeles Muñoz ahora como portavoz del PP y antes como portavoz de sus dos gobiernos, ha querido dejar claro que la sentencia del TSJA, contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo, que también ha anunciado Romero, “no entra a hablar sobre los estatutos en sí, sino sobre el procedimiento para la aprobación de esos estatutos”.
En el marco de sus explicaciones, en rueda de prensa junto al también edil del PP Javier García, ha querido recordar que el Grupo Popular promovió una modificación estatutaria en Mancomunidad que “se realizó conforme a lo que mandaba la propia legislación autonómica”.
Romero ha aclarado que aquella decisión “no fue un deseo caprichoso de la Corporación”, sino que la propia Ley de Autonomía Local de la Junta de Andalucía “establecía que había que modificar los estatutos en ese sentido”. Así pues, según esta versión de Romero “lo que se estableció fue un procedimiento en el cual se decidió que, en lugar de pasar a aprobación por cada uno de los plenos de los ayuntamientos, se hiciera con fundamentos y normativa legal, por mayoría absoluta” en la Comisión Gestora del citado ente supramunicipal.
La segunda sentencia “no dice nada sobre los estatutos pero dice que se debió llevar a cabo la aprobación definitiva en cada uno de los once ayuntamientos”.
Una vez que ha anunciado el correspondiente recurso de casación, Romero ha dejado claro que “este procedimiento no ha terminado” y se encuentra en manos de los letrados del PP provincial, con Fernando Huelin a la cabeza.
Al margen de la actuación que empresa el PP, la administración que preside Margarita del Cid ya ha sido condenada a pagar las costas del procedimiento judicial tras perder, que son “muy cuantiosas”, tal y como ha informaron este medio digital fuentes jurídicas el pasado viernes.
Si los denunciados pierden de nuevo en el Supremo, como a todas luces parece previsible a priori, las costas se incrementarán aún más, pero esta posibilidad no parece disuadir al PP de no interponer recurso ante algo impopular, como es que los ciudadanos sean quienes paguen las costas en firme.
Los ‘populares’ se juegan mucho en esta batalla legal, tanto como poder perder la presidencia de la Mancomunidad Occidental y el control de la empresa de aguas pública Acosol, ahora dirigida por el concejal y secretario local del PP de Marbella, Manuel Cardeña, como consejero delegado.
En teoría, de ser firma el fallo judicial, cada ayuntamiento tendría que volver a tener dos representantes, con independencia de los habitantes que tenga, de ahí que los consistorios más perjudicados, como Ojón, Manilva, Casares e Istán, todos bajo gobiernos de izquierdas, recurrieran la decisión que beneficiaba claramente a los intereses electorales de los ‘populares’.
