El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, tras declarar ante el juez del caso Funky Buddha. FOTO: marbellaconfidencial
El concejal delegado de Urbanismo Pablo Moro, imputado por tres delitos en el ‘caso Funky Buddha Beach’, se enfrenta desde este martes a una nueva querella por presunto delito de prevaricación que ha sido presentada en los Juzgados de Marbella por el arquitecto Jesús Flores. Los hechos guardan relación con la revocación de una licencia de primera ocupación a un cliente del querellante, propietario de una vivienda unifamiliar aislada en la urbanización Huerta del Prado.
La querella, sobre la que un juez deberá decidir por reparto si la admite a trámite, va dirigida también contra la letrada del área de Urbanismo María Angustias Correa Gómez. Se trata de una acusación por prevaricación administrativa, enmarcada en el artículo 404 del código penal.
Esta acción penal, de doce folios de extensión, a la que ha tenido acceso marbellaconfidencial, relata unos hechos que van desde el 4 de noviembre de 2013, cuando se concedió una licencia de primera ocupación al cliente de Flores, Ángel Morote, hasta el 9 de diciembre de 2014 cuando el concejal de Urbanismo, por decreto y con informes de la abogada también querellada, revoca dicha licencia.
La querella está sujeta a reparto y admisión
“La presente querella se interpone contra quienes , falseando y tergiversando el contenido de, al menos, dos informes de inspectores del Ayuntamiento de Marbella y contraviniendo de forma patente y clamorosa el ordenamiento jurídico administrativo, dictan una resolución administrativa gravosísima para un ciudadano”, reza el documento que está ya en manos del Decanato de los Juzgados para su reparto.
En el relato de hechos denunciados aparece el nombre de Isabel Salud Jiménez Torres, vecina del cliente de Flores y “prima de la concejal Alicia Jiménez”, del Partido Popular, que “de manera cansina e incesante ha espoleado a los querellados, si es que lo necesitaban”.
Flores asegura que la revocación de la licencia pretende “ajustar cuentas” con él y su hermano, el abogado Antonio Flores, responsable del bufete Lawbird que destapó en marzo de 2014 la inversión de 3 millones de la alcaldesa en Luxemburgo. También por haber denunciado públicamente otras actuaciones de Moro y la abogada ahora querellada.
Difusión de sanciones urbanísticas por Twitter
Jesús Flores ya denunció “represalias” de Moro el pasado año, al imponerle Moro una multa de 500.000 euros, en un trabajo arquitectónico, tras destapar su hermano la operación financiera de la alcaldesa en el Gran Ducado. El edil llegó a difundir por Twitter la sanción. Ello motivó que luego tuviera que inhibirse en el procedimiento sancionador, actualmente prácticamente archivado.
El querellante sostiene que Pablo Moro y la letrada de Urbanismo que hizo los informes “se han prestado de manera entusiasta a la campaña de acoso y derribo contra Ángel Morote y su arquitecto”, tras presentar Isabel Salud Jiménez, el 3 de diciembre de 2013, un recurso de reposición contra la licencia de primera ocupación de la vivienda de Morote, que había sido concedida el 4 de noviembre de 2013.
Una prima de la concejal del PP Alicia Jiménez comenzó a quejarse de la licencia
La prima de la concejal del PP mencionada presentó una denuncia para revocar la licencia, el 4 de abril de 2014, en la que hacía constar una serie de cuestiones técnicas contrarias a la concesión del permiso, además del uso y vallado de unos muros de contención y rellenos que habían sido autorizados desde el principio de la concesión del permiso, y avalados por los técnicos. Todo ello hasta que hubiera una “orden de reposición de la realidad física alterada”.
De hecho, cuando se concedió la licencia de primera ocupación de la vivienda, el técnico que certificó la documentación final de la obra reflejó que los muros de contención y rellenos “no afectaban a la seguridad”, en contra de lo que ha mantenido Isabel Salud Jiménez. Se acusa a los querellados de “haberle concedido a Jiménez 11 meses de plazo, para que introdujera cualesquiera alegaciones al recurso que interpuso, “cuando el plazo legal es de un mes”.
Informes del inspector Manuel del Río “manipulados y falseados”
El conocido inspector de Urbanismo Manuel del Río, principal testigo en el ‘caso Funky Buddha Beach, emitió un informe el 30 de abril de 2014 . Aseguró que “la franja está libre de uso y hay vallado metálico de protección”, por lo que el dictamen era favorable a los ahora querellantes. Fueron los mismos argumentos empleados el 4 de noviembre de 2013 para otorgar la licencia de primera ocupación, luego puesta en entredicho por la vecina prima de la edil del PP.
Es el 23 de mayo de 2014 cuando la abogada querellada, María Angustias Correa, hace un informe jurídico en en el que , “asombrosamente viene a deducir lo contrario del inspector Manuel del Río”. De hecho, Del Río se ha ofrecido voluntariamente a declarar ante el juez como testigo y ha sido propuesto por los querellantes.
Petición voluntaria para declarar ante el juez
Según consta en la querella Del Río pretende confirmar ante la autoridad judicial que “las conclusiones de su informe han sido falseadas y manipuladas”.
Se acusa a Correa de “falsear el contenido e interpretación del Informe de Inspección, a los solos propósitos de encauzar el razonamiento que servirá de justificación par revocar la licencia de primera ocupación”.
El funcionario Enrique Arrabal entra en escena
Se aporta en la querella el hecho de que el arquitecto jefe del Servicio de Urbanismo, Enrique Arrabal, le asegurara al perjudicado, Ángel Morote, que “todo ha sido un error y los empleados públicos no son inmunes a los errores”.
Arrabal le aconsejó “de palabra”, en “ausencia de formalismos”, que instalara una valla para delimitar las zonas excluidas de la licencia de primera ocupación, “para tranquilizar a las abogadas de Disciplina Urbanística que quieren revocar la licencia”.
Flores reconoce que la legislación no obligaba a instalar dicha valla, como así le aconsejó a su cliente, pero éste, “por prudencia” la instaló. No tuvieron más noticias hasta que el 14 de enero de 2015 les llegó el decreto de Pablo Moro revocando la licencia de primera ocupación.
“Echado a la calle con su mujer enferma”
En la querella se hace constar que Morote y su mujer “enferma” fueran “echados a la calle” de la que era su vivienda, al no poder habitarla tras la decisión de Moro. Como medida cautelar se pide la revocación del decreto del concejal de Urbanismo, por el daño y perjuicio que les está causando en su vida diaria.
Jesús Flores, para demostrar las “represalias” que –según afirma– el edil de Urbanismo ejerce contra él, aporta una serie de informaciones periodísticas publicadas en distintos medios donde tanto él, como su hermano, Antonio Flores, han cuestionado actuaciones de Moro, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la letrada María Angustias Correa.
Yo conozco a Morote. Es una excelente persona, es un jubilado y también está enfermo. ¡Es increible las cosas que están ocurriendo en Marbella!
El gran problema de Marbella se llama CORRUPCIÓN, que amén de los conocidos efectos devastadores que tiene, hace de cualquier sitio un lugar muy desagradable para vivir. Ese es un lado de Marbella que no te cuentan, el retorcido, muy antipático y profundamente desagradable, y que tiene su origen en lo que lo tiene.
¿Queremos los ciudadanos esto o nos gustaría mucho más un sitio donde las normas se cumpliesen y no hubiese toda esta tensión personal, que además dura años y años?
Ahora entiendo, Cristina, lo que decía de “Cómo se las gastan en esta ciudad”
Ahora entiendo, Cristina, lo que decía de “Cómo se las gastan en esta ciudad”
A este administrado, además, le impusieron 2 multas coercitivas por no comenzar las obras de reposición, consideradas “de escasa entidad” por los técnicos, cuando la licencia de obras estaba tramitándose…cuando hacer la obra sin licencia se sancionable.
Así, Dª María Auxiliadora Calleja, a quien ‘enchufó’ Roca, aprovecha el informe del inspector, que certifica precisamente que no se está realizando obra alguna sin la pertinente licencia, la cual está en trámite, para multar, alegando que se confirma que las obras no se han iniciado.
Y si las hubiera iniciado, habría sancionado por hacer obras sin licencia.
La realidad del urbanismo en Marbella es que resulta cuando menos “errático”. Yo pondría sobre la mesa ahora mismo unas cuantas cosas que aparte de mal tramitadas —algunas de modo tan descarado que podría pensar se que fuese deliberado—, es que nunca se ejecutan. Vamos, que depende de “otras circunstancias” que la ley resulte más o menos estricta, o incluso inexistente para algunos…!!!
Cristina, en la Marbella de las lindes, los rascacielos, el Funky Budha y Luxemburgo, lo raro es que estas cosas no pasaran.