Promotores urbanísticos y empresarios han pedido este lunes a los grupos municipales que aparquen sus diferencias políticas y aprueben en el Pleno de abril, que la Corporación celebra este viernes, el texto refundido del PGOU de 1986 y la adaptación del propio Plan a la Ley de Órdenación Urbanística de Andalucía (LOUA), considerados como la “hoja de ruta” para devolver provisionalmente la estabilidad al urbanismo de la ciudad después de que el Tribunal Supremo anulara a finales de 2015 el Planeamiento de 2010. El primer documento requiere de mayoría absoluta para salir adelante mientras que para el otro es suficiente la mayoría simple al tratarse del inicio de un expediente. Los agentes involucrados más directamente en el urbanismo han salido así al paso de las diferencias que han aparecido en los últimos días entre el equipo de gobierno y la oposición y que ponen en riesgo la aprobación de ambos documentos.
El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella (CIT), Juan José González, ha asegurado que “son los partidos los que se tienen que poner de acuerdo y eso es lo que esperamos que hagan”. González ha pedido a las diferentes formaciones que no conviertan el urbanismo “en una cuestión de lucha política”. “Todos los partidos tienen que comprender que esta materia es de suma importancia para el crecimiento de la ciudad. Tienen que hacer lo necesario para que esta herramienta (en alusión al texto refundido y el encaje del PGOU de 1986 a la norma autonómica) se ponga en funcionamiento lo antes posible”, ha señalado.
El presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Emilio López, les ha pedido que “busquen el bien de la ciudad y no haya la posible lucha política que se está viendo en ocasiones y que no tiene nada que ver con lo que es bueno para la ciudad”. Uno de los “primeros pasos” para evitar la “lentitud agónica” de algunas tramitaciones urbanísticas, ha indicado López, sería la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986, ya que, ha señalado, “ayudaría al funcionario que tiene que hacer informes a saber qué normativa puede aplicar y cuál no”. Según el presidente de los constructores y promotores de la provincia, hay empresarios que tardan 14 meses en obtener una licencia de obra.
López ha reconocido la labor del equipo de gobierno y de la edil de Urbanismo, Isabel Pérez, por tratar de “poner orden” a unos problemas, ha indicado, que la Delegación “arrastra desde hace años”. “Los problemas no son nuevos ni imputables a este equipo de gobierno”, ha indicado. El presidente de los constructores y promotores de la provincia también ha destacado el “esfuerzo” del tripartito “para depurar procedimientos de cara a agilizar la tramitación de los expedientes urbanísticos”.
Ha subrayado también la labor del tripartito para aunar en un solo tomo la documentación relacionada con el PGOU de 1986 y que ha calificado de “ímprobo”, por lo que ha pedido a la oposición, PP y Podemos, que actúen “con lealtad y responsabilidad” para sacar adelante el texto refundido del Plan. “No deben dejarse llevar por la lucha política de vencer al contrario, sino de perseguir lo mejor para la ciudadanía. No sólo es responsabilidad del equipo de gobierno el conseguir un texto que asegure la legalidad de cualquier actuación urbanística e implantar procedimientos ágiles para las distintas tramitaciones”, ha indicado. Precisamente la falta de apoyo de la oposición obligó a la edil de Urbanismo, Isabel Pérez, a retirar del Pleno de febrero la moción para aprobar el texto refundido del PGOU de 1986.
La “desesperación” de los empresarios
El representante empresarial ha asegurado que sería “otro palo” que la Corporación municipal no sacara adelante ambos documentos y ha pedido a las formaciones políticas que consideren que un texto refundido consiste en reunir en un mismo instrumento documentos que ya están aprobados en Pleno. “Lo que hace es clarificar qué se cumple y qué no de lo que ya está aprobado”, ha agregado.
López ha asegurado que la “desesperación” de algunos empresarios interesados en Marbella hace que opten por invertir en otros municipios. “No saben qué normativa tienen que cumplir ni que tramitación hacer. Necesitamos una normativa clara para saber qué hay que cumplir en el planeamiento de la ciudad”, ha apuntado.
El presidente de ACP ha asegurado que “lo necesario en un primer momento” es aprobar el texto refundido para “clarificar qué se puede hacer con el Plan de 1986 más todos los acuerdos que se hicieron posteriormente”, pero ha matizado que “lo importante” es confeccionar un PGOU que sea “aplicable legalmente sin ningún tipo de dudas y que permita el desarrollo de la ciudad”. “Eso tardará algunos años más, pero se han comenzado a dar los pasos necesarios”, ha agregado. López se manifiesta así en la misma línea que la Confederación de Empresarios de Andalucía, cuyo presidente, Javier González de Lara, ha pedido que la tramitación del PGOU se realice en el menor tiempo posible.