La concejal socialista Isabel Pérez, exresponsable de Urbanismo en el gobierno tripartito, ha asegurado este viernes que la delegada de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, desoye artículos de informes de la Junta de Andalucía para no interrumpir la tramitación de las normas urbanísticas. “En vez de dar cumplimiento a los informes, elimina los artículos que le molestan”, ha señalado Pérez.
La edil ha asegurado que el tripartito consensuó la modificación de las normas urbanísticas con los agentes del sector y que los grupos municipales de la oposición, entre los que estaba el PP, tuvieron acceso a la información. Ahora, el PP elevará las normas al pleno de febrero para aprobarlas de forma provisional por segunda vez después de la aprobación en la sesión plenaria de noviembre.
“Sabemos que entre la aprobación inicial y provisional se hicieron cambios y que, tras el informe de la Junta, el PP tiene que volver a traer el expediente a aprobación provisional eliminando ciertos artículos. Después de lo bien que, según la alcaldesa, tramitaba las normas urbanísticas nos encontramos con que el trabajo no está tan bien hecho porque tienen que volver a llevar las normas a pleno”, ha indicado Pérez.
Una tramitación precipitada
La edil del PSOE ha instado al equipo de gobierno a que “no quiera correr” para sacar adelante la tramitación ya que, ha señalado, “todo el tiempo que quiere ganar, ahora lo van a perder”. “No se ha ganado ningún tiempo”, ha agregado.
Pérez ha solicitado a Caracuel que “siga por el camino del interés general” y verifique si los artículos que, según ella, ha desatendido “velan por ese interés general y no los elimine sin más simplemente por querer correr”. “No se trata de ir aprobando documentos, sino de velar por el interés del conjunto del municipio. Tampoco se trata de utilizar estos documentos para tratar de vender que la Delegación (de Urbanismo) antes no funcionaba y ahora, sí “, ha agregado.
La edil ha indicado que este tipo de documentos urbanísticos tienen una confección laboriosa pero “tienen una proyección de muchos años por lo que hay que cuidarlos para poderlos usar en el futuro sin tener que revisarlos porque se suprimen unos artículos”.
Por su parte, el concejal José Bernal ha avanzado que el grupo municipal socialista presentará en pleno una moción en la que solicitará que el Ayuntamiento bonifique el IBI de las viviendas sociales que pertenecen a la Junta. El exalcalde ha asegurado que el equipo de gobierno le ha trasladado que rechazará la propuesta a pesar de que se trata de una declaración similar a la que ha aprobado en beneficio de Starlite. Marbella cuenta con 393 viviendas de este tipo, utilizadas en régimen de alquiler a 30 euros el mes, de las que 234 están en San Pedro y 159, en Marbella. El coste para las arcas municipales rondaría los 100.000 euros.