El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, tras declarar ante el juez del caso Funky Buddha FOTO: marbellaconfidencial
Tanto PSOE como IU han reaccionado este martes airadamente contra la alcaldesa, Ángeles Muñoz, tras conocer que nunca hizo pública su decisión de retirar las competencias del expediente del ‘Funky Buddha’, el pasado 20 de noviembre, al concejal delegado de Urbanismo, Pablo Moro, imputado por no paralizar las obras ilegales del citado club de playa.
El portavoz socialista, José Bernal, se ha mostrado preocupado por el hecho de que la alcaldesa “omita deliberadamente” informar sobre esta medida. De hecho, ha tenido que publicar el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el decreto de Muñoz para que su decisión, adoptada hace más de dos meses, se hiciese oficial el pasado 30 de enero.
“Preocupación” de la alcaldesa
“Ocultar la retirada de competencias a Pablo Moro demuestra la preocupación de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por el caso Funky Buddha”, sostiene el candidato socialista a la Alcaldía.
A juicio del hasta ahora parlamentario andaluz por Málaga, la actuación protagonizada por Muñoz “es un ejemplo más de la falta de transparencia del Ayuntamiento, ya que se trata de una medida que tenía que haber comunicado debido a la gran repercusión social del asunto”, según el comunicado remitido por el PSOE.
Recuerdan el respaldo de Muñoz a Moro
El representante de la oposición en el Consistorio marbellí ha recordado que “en numerosas ocasiones” Ángeles Muñoz ha respaldado las decisiones tomadas por Moro, “incluso defendiendo todas las actuaciones llevadas a cabo por el edil de Urbanismo”.
Bernal añade que, ahora, “nos encontramos con que durante este tiempo ha estado ocultando que le había retirado las competencias en el caso por el cual está imputado”. Añade que en el procedimiento penal citado “todavía queda mucho por aclarar, pese a que ya han pasado por el juzgado más de una veintena de testigos”.
Finalmente, subraya que lo último conocido sobre la ocultación del decreto de la alcaldesa sobre Moro, unido a los datos del último informe de Trsnsparencia Internacional, que califica al Ayuntamiento de Marbella “entre los más opacos en materia urbanística”, hace que de nuevo regresen a nuestra ciudad “las sospechas de que las cosas se hacen como en épocas pasadas”.
Reacción de Izquierda Unida
Desde la coalición IU-CA su candidato a la Alcaldía y concejal, Miguel Díaz, también ha reaccionado con un comunicado al conocer este martes la decisión de la alcaldesa.
Díaz responsabiliza a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, de que “la gestión urbanística de Marbella vuelva a estar bajo sospecha y salpicada de escándalos” con la imputación del delegado de Urbanismo, Pablo Moro (PP), por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio.
La alcaldesa ya tuvo que apartar a Moro de otro caso
El también diputado provincial alude a la existencia de “dos decretos” que lo apartan, retirándole las competencias, de dos expedientes urbanísticos en curso: el del Caso Funky Buddha -que está siendo instruido en sede judicial- y el relativo al procedimiento sancionador instruido al ciudadano Jesús María Flores Vila, tras la publicación por parte del edil de Urbanismo de parte del expediente “de forma irregular” en una red social, recuerda Díaz.
Para el candidato de IU a la Alcaldía, “aunque haya apartado al concejal de Urbanismo de estos dos expedientes, Muñoz no logra tapar la gravedad de los hechos que envuelven a la gestión urbanística del PP en el municipio”.
“Hay que romper con la mayoría absoluta del PP para, desde la participación, aplicar un Urbanismo para inversiones productivas”, argumenta el alcaldable de cara a las municipales del 24 de mayo.
Díaz ahonda en el “anormal funcionamiento del área de Urbanismo” y destaca, como dato objetivo, “el suspenso que la prestigiosa ONG Transparencia Internacional acaba de otorgar a la gestión urbanística de Marbella en su informe sobre transparencia”.
Cree, además, que “ya se le ha acabado a Muñoz el discurso de la vuelta a la normalidad, el departamento Urbanístico”.
Por su parte, el concejal de IU, Enrique Monterroso, destaca “la defensa cerrada que está haciendo la alcaldesa de un concejal al que al principio del mandato le amplió las competencias de gestión”.
Para Monterroso la línea seguida por Muñoz “choca frontalmente con la gravedad de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio que la justicia imputa a Moro”. Una defensa –acota– que “no se puede tolerar en una ciudad que ha sufrido tan violentamente la corrupción urbanística”.
