El PSOE de Marbella ha contratado al conocido abogado Mariano Benítez de Lugo para representar a esta formación política, como acusación, en el llamado ‘caso PGOU’ por el que fue denunciada la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz. Se trata del letrado que se hizo famoso tras conseguir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarase como testigo en el juicio del ‘caso Gürtel’ celebrado en la Audiencia Nacional, después de una larga batalla judicial para lograrlo.
La incorporación del letrado madrileño, de 76 años de edad, a la representación del grupo municipal socialista en los tribunales ha sido adelantada este jueves por El Periódico de Cataluña, justo el día en el que se ha conocido que el fiscal que investiga la presunta falsedad del acta de un pleno sobre el Plan General de Marbella, Julio Martínez Carazo, ha solicitado al juez instructor, Gonzalo Dívar, que remita las actuaciones al Supremo, por ser Muñoz aforada en su condición de senadora.
Cabe recordar que semanas atrás el exalcalde de Marbella y portavoz municipal del PSOE local, José Bernal, dio a conocer que su partido estaba en contacto con abogados vinculados a Ferraz que trabajaban en dos denuncias contra la alcaldesa de Marbella. Sin duda alguna, Benítez de Lugo está muy vinculado a la órbita de la sede federal dirigida por Pedro Sánchez.
Una dilatada trayectoria vinculada al PSOE
Presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), personada en casos de corrupción que afectan al PP, y afiliado al PSOE desde 1974, Benítez de Lugo ya presentó desde ADADE una querella contra el entonces presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco Alcaraz, por injurias al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La vinculación de este letrado con el PSOE no acaba en lo anteriormente expuesto. Benítez de Lugo fue director general de Administración Local del 83 al 85, durante el primer Ejecutivo presidido por Felipe González. Previamente, en 1977, fue candidato por las listas del puño y la rosa al Congreso de los Diputados.
Otro caso que dio cierta notoriedad como abogado acusador a Benítez de Lugo fue el del asesinato, en 1980, de la joven estudiante sindicalista Yolanda González militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). El crimen fue cometido por una banda de ultraderecha, concretamente entre los autores estaba el ultra Emilio Hellín, descubierto por el periodista de investigación de El País José María Irujo, cuando una vez saldadas sus cuentas con la justicia trabajaba como perito en electrónica para la Guardia Civil. De hecho, la publicación de esta investigación le reportó a Irujo el Premio Rey de España de periodismo, que concede la agencia Efe cada año.
Se da la circunstancia de que Irujo es el mismo periodista que desveló, en el rotativo del grupo Prisa, que el antecesor de Benítez de Lugo como abogado del PSOE de Marbella, Jaime Olcina, ex ‘número 3’ del partido a nivel local, como secretario de Política Municipal, había ocultado una cuenta en Andorra junto a uno de sus hermanos en la BPA, entidad investigada por blanqueo de dinero. Estas revelaciones periodísticas, en las que también participó el periodista de El País Joaquín Gil, forzaron que Olcina se diera de baja del PSOE en septiembre de 2017 y, de forma paralela, abandonara la dirección letrada de los socialistas marbellíes en el ‘caso PGOU’ y otras causas donde figuraba como acusador, tal y como anunció Bernal en una rueda de prensa celebrada el 3 de octubre de 2017
Marbella Confidencial dio a conocer en octubre de 2017, tras una investigación periodística propia, que una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Jersey aparecía vinculada al bufete de Olcina. Dolphin Square Limited es socio único de la española Servifrac 2006, domiciliada en la misma dirección de Law Compass, la firma jurídica comercial de Jaime Olcina a través de la cual fue asesor externo del Ayuntamiento de Marbella, bajo mandato del exalcalde José Bernal.
Servifrac 2006, constituida en 2007, tuvo como administrador único a una sociedad en la que aparece como apoderado el abogado Domingo Plazas, imputado como testaferro del exministro Rodrigo Rato en su entramado societario, investigado por la Audiencia Nacional
Uno de los hermanos de Olcina, también abogado, comenzó a ser administrador único de Servifrac cuando cesó como tal Servitax S.L. en la que figura el considerado testaferro del exvicepresidente del Gobierno del PP.