La concejal de Urbanismo, Isabel Pérez (dcha), la edil de CSSP, Victoria Mendiola (centro), y la portavoz del Grupo de Urbanismo de CSSP, Carola Herrero, durante la presentación de las alegaciones del PGOU de 1986. FOTO// marbellaconfidencial.es
Los grupos municipales de PSOE y Costa del Sol Sí Puede (CSSP), la marca local de Podemos, buscan que las familias de Marbella y los jóvenes tengan facilidades para habitar en las viviendas del Casco Antiguo y dificultar que los pisos acaben en manos de compradores de mayor poder adquisitivo, beneficiados por el alto nivel de protección de estas zonas urbanas. El PGOU en vigor, el de 1986, protege además las viviendas unifamiliares e impide subdividirlas en otras más pequeñas.
“No se podía subdividir una vivienda de 300 metros cuadrados de superficie en tres de 100 o cuatro de 80 para que pasen a vivir gente joven o familias monoparentales. Se estaba expulsando a esas clases, las normales que vivían en el Casco Antiguo”, ha explicado la portavoz del Grupo de Urbanismo de CSSP, la arquitecta Carola Herrero este martes.
Herrero ha puesto el ejemplo de una familia en la que “muere el padre o la madre y deja tres herederos que no podían habilitar la casa y la acababan vendiendo a un extranjero porque no se podían hacer tres apartamentos”.
Para evitar el fenómeno de la ‘gentrificación’, ha indicado la arquitecto, PSOE y CSSP han articulado medidas que permiten subdividir apartamentos de 75 metros cuadrados de superficie en rehabilitación y de 80 en vivienda nueva. Estas propuestas se recogían en el PGOU de 2010, que el Tribunal Supremo anuló a finales del año pasado, pero no en el de 1986.
“Son criterios de lógica y razonables que van a proteger mucho la vida del vecino y la vida residencial. Proteger al vecino o al residente ha sido un objetivo fundamental porque tenemos un municipio que sufre mucho el tema de la ciudad turística. Al vecino residente hay que protegerlo para que pueda vivir”, ha agregado Herrero.
La portavoz de CSSP en el Grupo de Urbanismo ha recordado el caso de Venecia, en cuyo centro histórico vivían 120.000 habitantes a principios de la década de los noventa y actualmente cuenta con 50.000. “No queremos que Marbella se vacíe, sino que conviva el turismo con el residente”, ha indicado.
La concejal de Urbanismo, Isabel Pérez, ha destacado la necesidad de modificar las normas urbanísticas para “traerlas a la actualidad”. “Hemos intentado con estas alegaciones incidir en temas de oportunidad para el municipio en lo que pensamos es una mejora de esas normas con un criterio a larga vista en modelo de ciudad más amable”, ha apuntado.
Estas son parte de las 34 alegaciones que PSOE y CSSP han presentado a las normas urbanísticas del PGOU de 1986, que la Corporación municipal aprobó de forma provisional en el Pleno de julio. Otro grupo de enmiendas están dirigidas a limitar la edificabilidad de los edificios de primera línea de playa. Las normas están condicionadas a aquellos casos en los que informes técnicos descarten impactos medioambientales, no se supere la altura de las construcciones próximas y se compense al Ayuntamiento con una aportación económica.
También hay modificaciones para regular la compatibilidad de los usos industriales y comerciales con los residenciales y evitar así que negocios de actividades ruidosas, como discotecas, o tóxicas, como algunas industrias, se instalen en barriadas residenciales.
Se protege el arbolado y se fomentan los carriles bici
Además, se endurecen las normas para preservar el arbolado del municipio y se establece la obligatoriedad de habilitar carriles bici en los viales que cumplan determinados requisitos.
“Son de sentido común porque protegerán importantes aspectos de la ordenación urbanística de Marbella, además de ordenar la ciudad de una manera más amable para todas las personas que vivimos en ella y las que la visitan”, ha indicado Mendiola sobre las enmiendas.
Las alegaciones, ha señalado Mendiola, suponen una mejora importante a las normas que se aprobaron de manera inicial porque “las complementan y surgen de un amplio debate”.
El plazo para presentar las alegaciones, que concluye el sábado, se ha ampliado de los 30 días que recoge a la ley a 45, como solicitó CSSP, para compensar el periodo vacacional de agosto.
Las normas urbanísticas serán “un tránsito” hasta que se apruebe el PGOU que sustituya al de 2010, periodo que, según Mendiola, puede demorarse “años”.
Comparar Marbella con Venecia es un argumento que se desmorona solo, y que se ve como una explicación falaz para sostener una tesis no adecuadamente estudiada. Los principales problemas de los habitantes de la perla del Adriático son las inundaciones y la llegada masiva de turistas, lo que unido al altísimo precio del suelo – aunque vaya cediendo – hace que se decidan a vender sus casas a empresas muy interesadas en adquirirlos.
Es muy atractivo el problema planteado en este artículo. Pero tiene una complejidad que se escapa a las exiguas razones que ofrecen sus enunciadores. Y encaja en lo que podría ser estudiado a la luz de la metodología utilizada por Levitt y Dubner en “Freakonomics”, la del “lado oscuro de las cosas”, pero con una salvedad, haciendo el análisis “a priori” en lugar de “a posteriori”. Quiero decir con ello que, antes de tomar decisiones de este tipo, deberíamos anticiparnos a una posible crónica futura que nos pueda poner como ejemplo de consecuencias indeseadas y no previstas, ocasionadas por una medida cuyo objetivo a mí no me queda nada claro.
Y es que la intención de “dificultar que los pisos acaben en manos de compradores de mayor poder adquisitivo”, se me antoja más una soflama que una meta deseable para la ciudad. De ser posible, no sería un verdadero objetivo final. ¿Cuáles serían las consecuencias para el comercio, para el turismo, para la inversión privada, para la seguridad, para el tráfico, para el estacionamiento de vehículos, para – en una palabra – el progreso y la economía de Marbella? ¿Enlaza con nuestro modelo de ciudad? ¿Cómo? Eso es lo que habría que estudiar primero.
Pero, además de este ejercicio de responsabilidad, habría que analizar si el efecto perseguido se desprende de la causa que lo pretende originar. Y ello, antes de lanzar noticias enfocadas a ciertos segmentos de la población que jamás podrán beneficiarse de la medida. Porque la primera consecuencia que sí tendría la propuesta sería la inmediata y vertiginosa revalorización de esas casas hoy indivisibles. Hacerlas divisibles, sin que ello fuera lógicamente obligatorio, sería dotarlas de unas nuevas ventajas y posibilidades que elevarían considerablemente su precio. Si es esto lo que se pretende, digámoslo claramente, pero no lo presentemos como una medida “social”. Porque no lo es.