El exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, ha aprovechado su primer permiso, tras diez años encarcelado, para ir a los juzgados y ha reiterado su voluntad de seguir pagando la liquidación de las responsabilidades civiles.
Roca ha sido condenado en sentencia firme por los casos Saqueo 1, Minutas, Belmonsa, Urquía, y Malaya y está pendiente de juicio por otros 120 procedimientos más.
Por primera vez desde que fue detenido en marzo de 2006 ha llegado sin custodia policial al juzgado, donde se le ha visto tranquilo, relajado y ha mostrado su lado más humano al agradecer a algunos funcionarios de la Ciudad de la Justicia el trato recibido en estos últimos años.
Una vez allí y pocas horas antes de volver a prisión, ha querido entrevistarse con los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga que lo condenaron, con el fin de reiterar su intención de pagar todas las responsabilidades civiles.
Su voluntad, según han asegurado a Efe fuentes judiciales, es pagar con el patrimonio que le fue embargado, para lo que ha mostrado a la Sala su disposición de continuar “activamente” con la venta de los bienes a través del portal creado con este objetivo (http:ventadebienesmalaya-roca.com).
Los magistrados lo han recibido durante el receso de un juicio y, en la cerca de media hora que ha durado la entrevista, Roca ha insistido “con actitud totalmente respetuosa y humilde pagar toda su responsabilidad”, han subrayado a Efe las mismas fuentes.
Roca salió el pasado sábado de la prisión de Alhaurín de la Torre después de que la Audiencia Nacional confirmara su permiso de tres días y ha aprovechado este tiempo para estar rodeado de su familia y visitar las tumbas de su madre y de su padre en Murcia.
Roca ingresó en prisión el 29 de marzo de 2006 y desde entonces no se le había concedido ningún permiso, a pesar de que lo había solicitado en dieciocho ocasiones, insistiendo en sus escritos su voluntad de pagar las liquidaciones de sus responsabilidades civiles, y que en 2013 la Junta de Tratamiento de la prisión propuso que se le concediera