El portavoz y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, este miércoles tras atender a los medios. Foto/ Ayto de Marbella
Como defensa ante el cerco judicial un ataque al denunciante. Así ha reaccionado este miércoles el portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, al acusar de “mentir” al portavoz del PSOE, Pepe Bernal, e insistir en la “dificultad” de encontrar cinco contratos municipales de la llamada trama sueca. Obras por más de 640.000 euros de dinero público que un juez de lo contencioso reclama, a instancia de los socialistas.
La controversia se suscita después de que este martes el exalcalde, ahora líder de la oposición, diera a conocer un decreto del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Málaga en el que se le requería al Ayuntamiento dicha información, relativa a cinco contratos de la empresa Construcciones Codecosol S.L., considerada por la Audiencia Nacional como “tapadera” de blanqueo de capitales, procedentes del narcotráfico. Está administrada por el ciudadano sueco Nils Fisher, procesado por blanqueo del narcotráfico en la causa, y descrito por dicho tribunal como “testaferro” de Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
Romero sostiene que lo que pide el juez al equipo de gobierno de Muñoz “es la solicitud de información del PSOE, pero no los contratos”. Fuentes jurídicas consultadas por Marbella Confidencial, ajenas a este caso pero conocedoras de este tipo de procedimientos por la vía de lo contencioso-administrativo, consideran que el decreto judicial conocido este martes –al que tuvo acceso este medio digital– mediante el que se otorga un plazo de cinco días al Ayuntamiento, se refiere a la entrega de los contratos en sí.
A las puertas de la Casa Consistorial, donde ha convocado a los periodistas, Romero ha insistido en que “siempre hemos facilitado toda la información que se nos solicitaba en los términos establecidos por la ley” y ha reprochado la actitud del Partido Socialista “que formó parte del anterior Ejecutivo, donde su actual portavoz era alcalde y fue condenado hasta en cinco ocasiones con carácter firme precisamente por denegársela a la oposición”, en alusión a Bernal.
El movimiento de ficha de los gobernantes del PP ahora, tras la resolución judicial, no parece que vaya a consistir en impugnarla, posibilidad que el decreto les dejaba abierta si encontraban motivos fundamentados para ello. Por el contrario, Romero ya ha avanzado que van a dirigir un escrito al juez para darle a conocer la “dificultad” de encontrar los cinco contratos requeridos, “entre miles de ellos”.
Como en anteriores ocasiones, el primer teniente de alcalde se ha referido a que “los contratos menores anteriores a 2017 no están digitalizados”. En el caso concreto de los que obtuvo Codecosol éstos fueron adjudicados entre 2011 y 2015.
Señala el brazo derecho de Muñoz en el equipo de gobierno que no pueden “paralizar el Ayuntamiento”. La novedad, ahora, anunciada por Romero, radica en que van a contratar a una empresa externa para “digitalizar” todo lo anterior a 2017. Lo harán en el marco de una partida presupuestaria del documento de 2023 que se aprobará este viernes, en sesión plenaria extraordinaria
Como ya informó en 2018 Marbella Confidencial, cuando destapó que el fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, investigaba obras municipales adjudicadas a la empresa Codecosol S.L., el administrador de la misma, Nils Fisher, se jactaba de ser “uno de los mayores contratistas de obra pública del Ayuntamiento de Marbella en los últimos ocho años”. De ello presumía en su perfil personal de LinkedIn.
Extracto del perfil profesional de LinkedIn del empresario sueco Nils Fisher.
Bernal reclama que entreguen los expedientes y pregunta qué tiene que ocultar Ángeles Muñoz para no facilitar esa información
La respuesta a Romero desde el PSOE no se ha hecho esperar. El exalcalde Bernal ha exigido al gobierno local del PP que entregue los expedientes de la empresa Codecosol y no se enroque en cuestiones jurídicas que solo buscan “dilatar en el tiempo lo inevitable”.
Por medio de un comunicado Pepe Bernal ha lamentado que el portavoz del equipo de gobierno, que “no es ninguna referencia a la hora de hablar de noticias falsas”, haya buscado “excusas” cuando el juzgado les ha emplazado a que entreguen la documentación en cinco días.
Ha criticado que el PP “se enroque” en cuestiones jurídicas y en la “supuesta dificultad” para encontrar unos expedientes de adjudicación directa de obras a una empresa, Codecosol, que está siendo investigada por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y cuyo propietario está procesado por el juez como “testaferro” del hijastro de la regidora.
Bernal señala que, si el Ayuntamiento quiere pleitear, “así lo haremos”, ya que “la ley está absolutamente de nuestro lado”, y de ahí que –ha acotado el edil opositor– “tarde o temprano vamos a tener esa documentación en nuestras manos y la ciudadanía conocerá qué hay detrás”.
“Aquí, lo grave, además de sospechoso, es por qué el Ayuntamiento de Marbella se niega a entregar unos expedientes ordinarios. Habría que preguntarle a Ángeles Muñoz qué tiene que ocultar”, señala Bernal.
Bernal se pregunta si esta dilación no vendrá motivada a que un “hipotético recurso” sobre dos de estos expedientes prescribe en 2023. El líder opositor se refiere, concretamente a dos contratos de 2013 que, de ser denunciados los posibles delitos relacionados prescribirían a los diez años de su presunta comisión.
“A estas alturas lo que está claro es que el Partido Popular no quiere aportar la documentación”, concluye el exalcalde socialista.
Por último, Bernal le ha querido recordar al portavoz del PP que, según una cadena de correos electrónicos, el “marido de la alcaldesa intermedió en la adjudicación de una de estas obras”, en alusión a las que se ejecutaron en la Avenida Manolete (Nueva Andalucía). Se trata del único contrato que investigó el fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo. El representante del Ministerio Público archivó, en 2018, las diligencias de investigación penal, al no encontrar indicios delito en la denuncia del PSOE de 2017.
