“Yo creo que no, porque la materia de esta querella jamás tendría que haber llegado hasta este punto”. En estos términos tan optimistas se pronunciaba el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, tras ser preguntado este martes si preveía que el juez instructor del llamado ‘caso Opium’, Gonzalo Dívar, tenga que citar a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en calidad de investigada (imputada). Se trata de la situación procesal que el edil conservador ostenta en la querella interpuesta también contra la regidora del PP y dos empresarios, responsables de la conocida discoteca que da nombre periodístico a estas diligencias previas.
La exsenadora por Málaga, que perdió su aforamiento ante el Tribunal Supremo al disolverse Las Cortes en mayo pasado, también figura como querellada por los hechos sobre los que ha prestado declaración su brazo derecho en el equipo de gobierno municipal.
Muñoz es la única de las cuatro personas denunciadas que aún no ha sido llamada a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad. Uno de los dos empresarios querellados no tuvo finalmente que comparecer, al estar ya desvinculado de la sociedad que explota el establecimiento playero.
Si finalmente Dívar opta por archivar esta causa penal, en la que se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, contra el medio ambiente y lesiones, sería la cuarta vez que este magistrado resuelve dar carpetazo un caso que afecta a la gestión municipal de Ángeles Muñoz.
Hasta ahora el titular del Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad tenía motivos para no citar a la veterana política del Partido Popular en su sede judicial, al ser aforada. De hecho, el fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, llegó a proponer hasta en dos de los tres casos archivados que el magistrado enviara al Supremo las actuaciones, al sí encontrar el ministerio público indicios de delito en la persona de la alcaldesa.
Ahora el instructor tendrá que fundamentar por qué que no considera necesario que la regidora comparezca como investigada, si Muñoz no es finalmente citada. En este punto el abogado del querellante, Salvador Campos, ha revelado que ni siquiera hay constancia de que a la primera edil marbellí se le haya notificado su condición de querellada, por parte del juez.
Otras fuentes jurídicas consultadas por Marbella Confidencial explican que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que el juez debe dar traslado a los querellados de la querella en sí. Es a partir de ese momento procesal cuando se producen las citaciones.
Romero recibió la querella y fue citado como investigado. Sin embargo, a Ángeles Muñoz no se le han notificado oficialmente las actuaciones emprendidas contra ella por el querellante.
Las fuentes citadas recuerdan las dos ocasiones en las que, sin estar imputada, dado su aforamiento ante el Supremo, el juez Dívar permitió a los abogados de la alcaldesa personarse en el ‘caso PGOU’ y ‘caso altos cargos’ del PP. De momento este este extremo no se ha producido.
Romero defiende su proceder durante 24 años como concejal
A su salida de los juzgados del barrio de Miraflores el también portavoz del equipo de gobierno ha defendido su proceder con vehemencia: “tengo la plena confianza y conciencia de que, en veinticuatro años de concejal, jamás he incumplido ninguna norma que pueda suponer reproche penal”, ha enfatizado ante los periodistas.
Romero, abogado de profesión, se ha amparado en “informes técnicos, con criterio homogéneo, que es el mismo para todos los establecimientos”, a la hora de respaldar sus actuaciones en los permisos otorgados al citado recinto de ocio. Así se ha explicado el edil tras una media hora de comparecencia.
“Se trata de un procedimiento reglado en esta ciudad, que lleva su tiempo y no hay absolutamente nada extraño”, ha enfatizado el también concejal de Industria (motivo de la querella contra Romero), sobre todo el proceso administrativo de licencias otorgadas al local denunciado.
El gobernante marbellí se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas del abogado de la acusación privada y querellante, Salvador Campos, a su vez vecino afectado por las molestias de ‘Opium’ que representa al querellante, Santiago Montero, habitante de la misma urbanización de El Real.
El letrado acusador asegura que “hay personas en tratamiento psiquiátrico por los ruidos y molestias durante años”. De ahí el delito de lesiones que se denuncia.
No ha habido representante alguno de la Fiscalía de Marbella durante la declaración del concejal del PP, algo que ha destacado el abogado del denunciante ante los medios de comunicación congregados a las puertas del Palacio de Justicia del barrio de Miraflores: “ni hoy, ni en comparecencias anteriores, ha estado presente el ministerio fiscal”, ha dicho Campos con cierto asombro.
La acusación vecinal considera también, en referencia a la Fiscalía, que “ante una denuncia de delitos de estas características, es su obligación asistir y garantizar que los hechos se investigan en toda su amplitud”, ha reprochado Campos.
Este letrado ha concretado también que la defensa de Romero no le ha hecho pregunta alguna al edil durante el interrogatorio conducido por el juez. Entre las diligencias solicitadas por Campos está la petición de comparecencias, como investigados, de varios técnicos municipales que participaron en el proceso de concesión de licencias a la discoteca. También se ha pedido la declaración testifical de otro funcionario del consistorio marbellí.
Las denuncias vecinales provocaron que el Ayuntamiento retirara las licencias a ‘Opium’ a finales de 2022
La comparecencia de Romero, así como las explicaciones posteriores del abogado de la acusación vecinal, residente en la urbanización El Real, han servido para arrojar luz acerca de que el Ayuntamiento de Marbella retiró a ‘Opium’ las licencias otorgadas. Sin embargo, la decisión municipal no se produjo hasta finales de 2022, después de numerosas denuncias vecinales –desde 2014– así como tras la querella de 2021 que ahora tramita Dívar.
Por el momento, este verano la discoteca no ha abierto, tal y como el propio Romero ha declarado. El 18 de julio de 2022 se produjo en ‘Opium’ un tiroteo, justo el día en el que Froilán de Marichalar Borbón, nieto del rey emérito, celebraba su cumpleaños. Tal situación provocó un gran revuelo mediático en las televisiones nacionales.
Este martes el letrado Campos ha asegurado que “el Ayuntamiento ya comprobó que no se cumplían las medidas de seguridad”, a raíz del sonado suceso, “pero no se llevó a cabo una inspección municipal allí hasta el último día de funcionamiento”, que según el abogado acusador fue el 31 de agosto de 2022.
Se da la circunstancia de que la polémica discoteca-club de playa Opium es la misma que patrocinaba hasta hace meses el vehículo de carreras con el que compite en Fórmula E Christian Broberg Muñoz, uno de los dos hijos de la regidora de Marbella y senadora por Málaga hasta la pasada legislatura.