El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado la necesidad de que administraciones, promotores, urbanizadores, ciudadanos y agentes económicos “trabajemos unidos” para buscar “una salida segura jurídicamente” al urbanismo de Marbella, tras las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que anulan la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 y el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol Occidental.
El objetivo, en definitiva, es que “no se produzca ningún tipo de parón urbanístico y se pueda trasladar tranquilidad a los inversores y a los ciudadanos”, ha manifestado este viernes a los periodistas el delegado de la Junta.
“No hay que trasladar ningún tipo de duda”, ha resaltado, agregando que “el camino para contar con un urbanismo que no tenga ninguna incertidumbre pasa por las medidas que garanticen la seguridad jurídica en Marbella”.
Además, ha incidido en que no es el momento de buscar responsables, sino de “corregir lo que el Supremo no ampara del PGOU y hacerlo mediante el consenso institucional que requiere un momento de este calibre”.
Trabajo con el Ayuntamiento de Marbella
Ruiz Espejo, que ha subrayado que, “como no podía ser de otro modo, la Junta acata y respeta las sentencias”, ha indicado, al igual que hizo este pasado jueves el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que el Gobierno andaluz trabajará de forma conjunta con el Ayuntamiento de Marbella.
El propósito es, según ha apuntado, que, “en el menor tiempo posible, este municipio cuente con un planeamiento general conforme a la normativa vigente y que dote de seguridad jurídica a todas las actuaciones urbanísticas que se realicen”.
De hecho, ya ha habido contactos entre ambas administraciones para comenzar ese trabajo conjunto y en las próximas semanas se iniciarán una serie de reuniones, tanto políticas como técnicas, para poner en marcha las iniciativas que sean necesarias.
Según Ruiz Espejo, se trabajará para impulsar los mecanismos que la legislación urbanística prevé, tanto en la revisión del PGOU como en la aplicación de un régimen transitorio si fuera posible hasta su visto bueno definitivo.
Ha insistido en trasladar tranquilidad sobre la base del PGOU vigente ahora, el de 1986, con el que “habrá que trabajar con las modificaciones y adaptaciones pertinentes”, de modo que, al final, se dé “la máxima protección posible a los compradores de buena fe”.
El responsable de la Junta de Andalucía en Málaga ha hecho hincapié, no obstante, en que las licencias otorgadas durante el tiempo de vigencia del planeamiento ahora anulado tienen validez.
La anulación del POT de la Costa del Sol
Respecto al Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol, elaborado por la Junta de Andalucía, Ruiz Espejo ha comentado que los servicios jurídicos del Ejecutivo andaluz están estudiando la sentencia para realizar las actuaciones pertinentes.
De todos modos, tal y como ha precisado, no son cuestiones de procedimiento, sino de contestación de alegaciones y de incorporación de informes. Además, ha precisado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ya tenía previsto realizar una serie de revisiones de dicho planeamiento.
En consecuencia, tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, “habrá que agilizar esas revisiones para que se pueda actualizar el planeamiento y dar cumplimiento a la sentencia”.
En tres sentencias distintas difundidas este pasado miércoles, el Supremo estima los recursos de una comunidad de propietarios y de dos sociedades contra otras tantas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que rechazaron en su momento sus impugnaciones contra el nuevo plan.
Además, este jueves se conoció una nueva sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental.