El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, este lunes junto a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en rueda de prensa. FOTO/ MARBELLA CONFIDENCIAL
“Yo suscribo de la A a la Z lo que que ha dicho el ministro de Hacienda”. Con esta tajante respuesta se ha pronunciado el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, este lunes en Marbella, al ser preguntado sobre si compartía lo dicho por Cristóbal Montoro al negar la existencia de un delito de malversación de fondos públicos en el marco de la celebración del referéndum frustrado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
El ‘número 2’ del Ministerio ha enfatizado que “a lo que se ha dedicado el ministro es a cumplir escrupulosamente con la ley, a establecer un control de gasto de manera férrea, a partir de la aplicación de lo que representaban los acuerdos de CDGAE (Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos) para que ni un solo euro se destinara a financiar causas independentistas”, ha recalcado al contradecir las tesis del Tribunal Supremo y otro magistrado catalán de la jurisdicción ordinaria.
“Lo que quiero poner en valor es que vamos a remitir toda la documentación, porque ahora se nos ha dado esta oportunidad, a partir del requerimiento que nos efectúa el magistrado del Tribunal Supremo”, en alusión al juez Llarena, “para colaborar plenamente con lo que significan todas las explicaciones que se nos requieran por parte de la actividad judicial competente”, ha dejado claro De Moya.
Sostiene, además, “sin lugar a dudas, que de la “abundante” documentación que se remita al TS “los controles que se han efectuado por el Ministerio de Hacienda desde el año 15, evidentemente tendrán cumplida respuesta a los requerimientos del magistrado del Tribunal Supremo” para explicarle en qué consistieron los controles, quiénes los hicieron y cómo se certificaron.
Asimismo, Fernández de Moya, catedrático de Derecho de profesión, ha recalcado que no le corresponde a él, aunque sea jurista, “si existe un tipo penal, o no”, en alusión a la presunta malversación, porque “será la Justicia la que lo deberá determinar en una sentencia”.
Al ser preguntado sobre si era cierto que él mismo, como secretario de Hacienda, acudió el 20 de octubre ante la Fiscalía para denunciar la existencia de financiación ilegal, tras el referéndum del 1-0, ha confirmado que así fue, pero ha aclarado que lo hizo “ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas”, para poner en conocimiento de dicha jurisdicción contable “una serie de hechos”. Con esta matización no ha confirmado expresamente que denunciara financiación ilegal de forma expresa.
“Lo pusimos en manos del Tribunal de Cuentas para que determinara si debía enviar los hechos denunciados a la vía penal en caso de apreciar delitos”, ha sentenciado el secretario de Estado de Hacienda.
