El malestar y la preocupación comienzan a cundir entre las bases de militantes y simpatizantes del Partido Popular de Marbella, también entre cargos públicos y dirigentes, ante la continuidad de Pablo Moro al frente de Urbanismo estando imputado por tres delitos: prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio.
Incluso fuentes del PP andaluz han mostrado en privado a esta redacción su inquietud ante la posibilidad de afrontar una campaña electoral en Marbella, ya de por sí complicada, con una delegación como la de Urbanismo bajo sospecha. No se trata de una concejalía cualquiera, por todo el simbolismo que encierra en sí misma, tras los escándalos de corrupción que tuvieron como protagonistas el ladrillo, las comisiones ilegales y los sobornos a cambio de recalificaciones y las 30.000 viviendas ilegales, luego legalizadas en su mayoría por el PGOU.
La imputación de Moro, por no paralizar las obras ilegales del club de playa Funky Budha, ha llegado justo en el momento en el que el presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha solicitado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, un gran pacto PP-PSOE contra la corrupción.
“¿Cómo vamos a pedirle al PSOE consenso y acuerdo si tenemos al concejal de Urbanismo de Marbella imputado por cohecho?”, coinciden en preguntarse algunos dirigentes populares andaluces consultados por marbellaconfidencial.
La opinión generalizada entre los cargos, militantes y simpatizantes sondeados es que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, debería, al menos, apartar temporalmente de sus funciones a Moro en Urbanismo hasta ver cómo avanza la instrucción del caso, que está en sus comienzos.
El auto dictado el pasaso 24 de octubre por el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, Miguel Ángel Gómez Torres, no deja lugar a dudas sobre las irregularidades detectadas por técnicos y juristas de la delegación de Urbanismo que dieron pie a la denuncia del PSOE contra Moro. Poco a poco se van conociendo otros hechos relevantes que obran en el sumario, como el informe jurídico desvelado por marbellaconfidencial este martes que instó, sin éxito, a Moro a denunciar las obras del Funky en la Fiscalía de Málaga.
Por el momento, quien asume el papel más incómodo a la hora de defender públicamente a Moro es el portavoz del PP, Félix Romero. Ya lo hizo durante el pleno ordinario celebrado tras la declaración judicial del delegado de Urbanismo y el mantenimiento de la imputación. Durante esa misma sesión, la alcaldesa tuvo que dar marcha atrás y restituir en su puesto al inspector del Servicio de Urbanismo Manuel del Río. Este funcionario, autor de varios informes que alertaron de las irregularidades a las que el concejal no puso freno, fue trasladado a la delegación de Obras por el coordinador de Personal, Carlos Rubio, justo después de la imputación del edil.
Romero traslada en su discurso oficial el argumentario habitual del PP: “se trata de una denuncia política del PSOE, que quiere judicializar la gestión municipal”. El primer teniente alcalde trató de quitarle hierro a la imputación durante su discurso, ciñendo los hechos enjuiciados a papeles que faltan por aportar. No parece que Romero, abogado de profesión, haya leído el demoledor auto del instructor del ya conocido como ‘caso Funky Budha’.
La alcaldesa, ausente de Marbella toda la semana, guarda silencio
Por el momento la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ausente de Marbella toda la semana por la celebración de la World Travel Market de Londres, así como por agenda oficial en Madrid durante este jueves, guarda silencio y no se ha pronunciado aún sobre si mantendrá su confianza en Moro.
En el seno del partido, a nivel local, provincial y regional son conscientes de que cuanto más tiempo continúe Pablo Moro al frente del urbanismo marbellí más munición se le proporcionará a la oposición para erosionar al PP por este escándalo. Entre los consultados no faltan quienes creen que Muñoz no debe entregar la cabeza del teniente alcalde, para no propiciar una victoria política de los socialistas en la carrera hacia las municipales, dicen. Son los menos.
En general las personas consultadas consideran que la continuidad del edil en su actual delegación puede suponer un “desgaste innecesario”. De hecho, el PSOE andaluz ni siquiera ha pedido abiertamente su dimisión, al contrario que IU. Francisco Conejo, alto dirigente socialista andaluz reclamó que “sea apartado de sus funciones”.