La organización del Festival Starlite ha cargado contra el Ayuntamiento de Marbella en un durísimo comunicado, tras las declaraciones del alcalde, José Bernal, en el que denuncia la “actitud obstaculizadora” del Consistorio, que lo único que pretende con sus últimas actuaciones es hacer cumplir la ley a un evento que venía pagando un irrisorio canon anual de 7.000 euros, ahora 120.000.
Las empresas controladas por el matrimonio compuesto por Sandra García Sanjuán e Ignacio Maluquer, Bendeus y Avory, ambas ya denunciadas por la Fiscalía en relación con un presunto delito contra la ordenación del territorio, por unas construcciones ilegales ya demolidas, anuncian incluso la interposición de “cuantas acciones judiciales procedan contra el Ayuntamiento, y, a título personal, contra sus responsables, en orden a defender los intereses del Festival frente a la conducta obstaculizadora y contraria a la legalidad que, por parte de esa Corporación, se viene observando”.
De igual modo, desde la organización, y después de que la Policía Local de Marbella se personara en Starlite y verificara que “cumple el horario de cierre”, han dejado claro que “es rotundamente falso que la Policía Local de Marbella procediese, en la madrugada de ayer, al cierre de la sesión del Festival y al desalojo del público asistente”.
En concreto, han explicado, “por propia iniciativa y como es de rigor”, pusieron fin a la sesión en la madrugada de este viernes “llegada la hora preceptiva, dada la ausencia de autorización, por el Ayuntamiento, de horario excepcional o prolongado”.
Asimismo, han incidido en el “escrupuloso respeto, por parte de Starlite Festival, de la legalidad vigente”, lamentando, que la edición de este año “transita por la senda de la más absoluta inseguridad jurídica”.
En este sentido, han aludido a que cada edición del Festival –y ya van seis– “tarda más de un año en programarse, pues así lo impone la agenda de los artistas de primer nivel que en ellas se dan cita y que acceden, por la reputación ganada, a actuar para no más de 3.000 personas, cuando lo normal es que lo hagan en recintos con capacidad para más de 30.000”.
Asimismo, aseguran estar sopesando “de forma seria” el traslado del evento a otra ciudad, asegurando, además, que se han iniciado ya conversaciones con los gobiernos de otros municipios que han trasladado su interés en albergar las próximas ediciones”.
Avanzan que se proponen “demostrar jurídicamente que la catalogación dada por el Ayuntamiento al Festival en la edición de este año no es conforme a derecho, sujetándolo a un régimen legal que no le es propio y haciendo depender de la voluntad del Ayuntamiento el cumplimiento del programa fijado”.
Por ello, han asegurado en el comunicado que “reclamaremos en sede judicial los daños y perjuicios que la postura del Ayuntamiento está generando”.
Pese a ello, han criticado, “el actual equipo de gobierno de Marbella no parece haber comprendido tal extremo y, en la presente edición, otorgó la autorización para la celebración del Festival con apenas 72 horas de antelación a la fecha prevista para la apertura de puertas”.
El retorno económico de 80 millones sin concretar la fuente del estudio
“Poco le ha importado el relevante retorno económico que la ubicación del Festival en Marbella reporta para la ciudad y que, según los estudios más autorizados, se eleva a más de 80 millones de euros en los últimos cuatro años, sin olvidar el reclamo turístico que el evento comporta”, han agregado.
Lo cierto es que Starlite no concreta la fuente del estudio económico que le permite hacer tal cálculo sobre os 80 millones de euros de retorno económico para el municipio.
Asimismo, han añadido que el equipo de gobierno municipal, “desconociendo la calificación del Festival como actividad de interés general por la Junta”, ha insistido en “encorsetar jurídicamente” la actividad que desarrolla Starlite,” al condicionar el cumplimiento de un programa “cerrado hace más de un año a autorizaciones singulares de horario que tramita día a día, de manera que las sesiones que no cuentan con tal autorización se saldan con cancelaciones de actuaciones, devoluciones de entradas y pérdidas de puestos de trabajo y de remuneraciones para el personal que directa e indirectamente participa en Starlite”.
Sorprende la anterior afirmación de Starlite porque desde el pasado 13 de julio, fecha en la que se inició el calendario de eventos de este año, no se tiene conocimiento de que se haya cancelado hasta ayer ninguna actuación en el recinto del ‘lounge’ de la cantera.
Conviene aclarar que la problemática de horarios en tela de juicio no afecta a las actuaciones estelares que se programan de forma habitual sobre entre las 21 y las 22 horas, sino a las que tienen lugar una vez que terminan los grandes conciertos, en una zona anexa que hace las veces de discoteca al aire libre hasta las 6 de la mañana, lo que motivó ya las numerosas denuncias vecinales, de las que viene informando Marbella Confidencial desde agosto de 2016, a las que se ha sumado una denuncia en Fiscalía contra el delegado de Industria, Javier Porcuna, por presunta prevaricación continuada, al haber permitido la amplitud de horarios sin ejecutar expedientes y sancione abiertas por la Policía Local
En relación con las manifestaciones realizadas por el alcalde, José Bernal, desde Starlite han recordado que han solicitado y van seguir solicitando al Ayuntamiento “todas las autorizaciones precisas para cumplir íntegramente el programa proyectado en la edición de 2017 y ofrecido al público en general”.
Así pues, advierten “queda en manos del Ayuntamiento justificar por qué unos artistas van a poder actuar en el Festival y otros no, sin incurrir en discriminación”, han sostenido.
Por otro lado, han advertido de que Starlite “va más allá de un simple espectáculo musical”, asegurando que “lo sabe el Ayuntamiento”, el cual, a juicio de la empresa, “a la hora de incrementar el canon que la organización ha de pagar para su celebración en el emplazamiento actual, ha tenido en cuenta todas las actividades que se dan cita en Starlite, pero no ha hecho lo propio a la hora de propiciar el cumplimiento del programa”.