Escrito íntegro del Ayuntamiento ante la Audiencia (Pinche aquí para leer en PDF)
El abogado Alberto Peláez, vinculado al bufete Gaona, que representa al Ayuntamiento de Marbella como acusación particular en el ‘caso Malaya’, pretende que se abra una investigación judicial para determinar la identidad de las fuentes de información de Marbella Confidencial, tras la publicación por parte de este medio digital, el pasado 13 de abril, del auto de la Audiencia de Málaga que da la razón a Rafael del Pozo para volver a su plaza en la Policía Local marbellí.
Peláez, el pasado 19 de abril, dirigió un escrito a la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que preside José Godino, para “investigar los hechos relatados con la consecuencia de la indebida filtración del Auto a la prensa”.
En el citado documento, al que ha tenido acceso este medio digital, firmado por el letrado municipal, así como por la procuradora Amalia Chacón, el abogado que representa al Consistorio marbellí llega a situar a Del Pozo como “fuente” de este medio de comunicación. Nada más lejos de la realidad.
Peláez muestra su malestar por haberse enterado de la resolución judicial a través de Marbella Confidencial, medio que describe como de “amplio seguimiento en dicha ciudad”.
“Incredulidad y confusión”
Afirma que “en medio de nuestro estado de incredulidad y confusión, nos llega de manera indirecta un comentario del entorno del referido periódico digital de que su fuente fue el propio condenado Rafael del Pozo Izquierdo y de que fue éste quien personalmente acudió a la Audiencia Provincial a recoger el Auto”, reza el escrito de cuatro folios de extensión.
Así pues, el letrado malagueño tendrá que explicar en sede judicial, si se abren diligencias previas, quién es la persona, o personas, que él sitúa en el “entorno” de este medio.
El escrito de Peláez, en nombre del Ayuntamiento, está ya en manos de la asesoría jurídica de Marbella Confidencial, para analizar las responsabilidades en las que ha podido incurrir este letrado, con su grave y aventurada afirmación, por no decir elucubración, en lo que atañe a este medio; algo que tendrá que demostrar, si pretende que se inicie una investigación penal sobre la publicación del citado auto.
“La perplejidad y alarma de los responsables de la Asesoría Jurídica Municipal aumentaba conforme continuaban con la lectura del texto”, relata Peláez sobre la información de marras, publicada el pasado 13 de abril. De hecho, critica especialmente la publicación del PDF del auto mediante un enlace.
Reclama explicaciones al tribunal de ‘Malaya’
El jurista especializado en Derecho Penal reclama explicaciones a la Audiencia de Málaga, para que dé “a la Corporación Municipal de Marbella las respuestas adecuadas, por no haber notificado a su procuradora la resolución judicial el día que Marbella Confidencial la publicó. Conviene recordar que horas después numerosos medios de comunicación se hicieron eco de la decisión judicial que favorecía a Del Pozo. Algunos de ellos afirmaron haber tenido acceso al auto, pero este fue el único que lo reprodujo íntegro, en exclusiva.
Supuesto beneplácito del secretario municipal al autorizar a Peláez
A tenor del escrito de Peláez, que supuestamente contaría con el beneplácito del secretario municipal, Antonio Rueda, jefe de la asesoría jurídica del Consistorio, el Ayuntamiento de Marbella no se da por vencido tras el contundente auto de tres magistrados, encabezados por José Godino, quienes consideran que la pena de dos años de inhabilitación a la que fue condenado Del Pozo, como autor de cohecho pasivo, está cumplida y no pierde la condición de funcionario de forma definitiva, en contra de lo que interpretó Rueda.
Peláez critica a la Sala que preside Godino, al observar “claras infracciones legales en el contenido del Auto de 6 de abril”, como la, a su juicio, “insólita aplicación del artículo 45 del Código Penal y el criterio de que una medida cautelar de carácter meramente administrativo, como es la suspensión, que no conlleva la pérdida de los derechos propia de la inhabilitación, pueda ser abonada al condenado, como si fuera cumplimiento de ésta”.
El Ayuntamiento insiste en pleitear contra Del Pozo en su escrito
Prueba de que el Ayuntamiento no se da por vencido en su batalla para intentar que Del Pozo no se reincorpore, es el hecho de que el letrado Peláez anuncie en su escrito la interposición de un recurso de súplica, y de forma paralela un incidente de nulidad. Cabe recordar que el auto dictado por la Sala Primera el pasado 6 de abril no recogía la posibilidad de recurso alguno, algo que también critica el jurista municipal, que denuncia “defectos formales”, e incide en lo que considera “indefensión” del Consistorio que preside José Bernal.
Asimismo, desde la representación letrada de la administración local se solicita al tribunal de ‘Malaya’ que les dé traslado del escrito de la defensa de Del Pozo, “al que no tuvimos acceso en su momento”, en alusión a la aclaración que el exjefe policial planteó tras su condena.
En el marco de su virulenta y beligerante reacción, Alberto Peláez describe al exjefe de la Policía Local como “pieza fundamental en el sistema de corrupción urbanística ideado por el Régimen Gil y ejecutado por Juan Antonio Roca Nicolás”, en alusión al considerado cerebro de la trama, actualmente en prisión desde hace diez años.
Peláez no desaprovecha la ocasión para criticar que el anterior equipo de gobierno marbellí, presidido por Ángeles Muñoz (PP) decidiera no recurrir en casación la sentencia de ‘Malaya’, dictada en primera instancia por la Audiencia de Málaga. Una decisión, la de la exalcaldesa, “no compartida por este letrado”, recalca.
La precipitación del secretario municipal
La junta de gobierno local inició los trámites para despedir al Del Pozo cuando la Audiencia de Málaga aún no se había pronunciado sobre la aclaración planteada por el funcionario, por lo que el secretario municipal se precipitó en su informe, al proponer a los gobernantes marbellíes el cese definitivo.
El alcalde se desvincula del escrito del abogado municipal
Este medio se ha puesto en contacto con el alcalde de Marbella, José Bernal, para saber si conocía, o había autorizado personalmente, la remisión del escrito de Peláez, dirigido a la Audiencia, en representación del Ayuntamiento. El regidor se ha desvinculado por completo del documento, del que no tenía constancia y cuya existencia ha conocido a lo largo de la tarde de este miércoles.
Bernal ya anunció que el auto que dejaba vía libre a Del Pozo para volver a la Policía Local quedaba en manos del secretario municipal para su “interpretación”, a la hora de ejecutar la decisión de la Sala que preside Godino.
Asimismo, el primer edil marbellí supone que si Peláez no ha actuado por iniciativa propia lo habrá hecho tras recibir instrucciones de Antonio Rueda.
Marbella Confidencial también se ha puesto en contacto con el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna, quien sí conocía el contenido del escrito de Peláez y también ha mostrado su sorpresa, ante el hecho de que desde el Ayuntamiento se pretenda iniciar una investigación judicial para averiguar las fuentes de un medio de comunicación. Se da la circunstancia de que Porcuna es periodista de profesión.
Escrito íntegro del Ayuntamiento ante la Audiencia
Las opiniones de Don Alberto Pelaez contrarias a la no interposición del recurso de casación que yo recuerde se fueron manifestando mucho después de transcurrido el plazo para su interposición. La sentencia había que leerla, más de 5.000 folios, había que digerirla y había que exponer qué puntos y con qué base legal se podían impugnar las decisiones adoptadas.
La decisión de la Alcaldesa de pasar página vino bien al letrado que no tuvo que hacer dicho trabajo. Cuando se le dijo, directamente por la Alcaldesa, no lo noté disgustado.
El recurso de la Junta de Andalucía era un buen recurso. Eso le debió suponer al letrado un trabajo impresionante. Se que Alberto le ayudó en lo que pudo.
Si se me hubiera presentado una propuesta seria de recurso, fundada y estudiada, creo que nadie tiene dudas de que la hubiera apoyado.
No me parece justo por eso, que ahora, contando medias verdades, se diga que el letrado no compartió la decisión de no impugnar. Si no la compartía debió presentar una propuesta de recurso al Director General de la Asesoría Jurídica.