El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, el 30 de octubre tras declarar ante el juez
Un informe jurídico, elaborado por el letrado adscrito al Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Marbella, alertó el 9 de mayo de 2014 a la delegación de Urbanismo, dirigida por el concejal Pablo Moro, de que había “indicios de delito” en las obras que se estaban llevando a cabo sobre el club de playa Funky Budha, ubicado en la playa de El Pinillo.
En el documento, al que ha tenido acceso marbellaconfidencial , el abogado Alejandro de Roa Rubio consideraba que “en los casos de indicios de delito o falta, en el hecho que motiva el inicio del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado, se deberá de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal”, reza el informe que obra en el sumario del Juzgado de Instrucción 1 por el que Moro está imputado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio.
Roa pretendía cumplir con la normativa establecida “a los efectos de exigencia de responsabilidades de orden penal en que haya podido incurrir el infractor, debiendo de abstenernos de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado”.
Paralelamente, el asesor jurídico advertía que “la sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa, sin perjuicio de la adopción de las medidas de reposición a la situación anterior a la comisión de la infracción”.
Urbanismo nunca denunció ante Fiscalía
A pesar de este informe jurídico la denuncia de Urbanismo nunca llegó a la Fiscalía de Málaga para ser tramitada. El documento firmado por de Roa Rubio se produjo cuando ya se habían trasladado a Moro, entre febrero y abril, varios decretos, tras informes técnicos y jurídicos, instando la paralización de las obras consideradas ilegales que el teniente alcalde dejó sin firmar, hechos que provocaron la denuncia del grupo municipal socialista contra él en agosto, ante el Ministerio Público.
Se da la circunstancia de que el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad abierto a raíz del informe jurídico de De Roa fue archivado por decreto en agosto, después de que que el Funky Buddha Beach obtuviera licencia municipal.
Fuentes jurídicas han asegurado que entre las numerosas preguntas que el abogado del PSOE, Jaime Olcina, personado como acusación popular, pretendió hacerle a Moro estaba todo lo relacionado con el informe que instaba la denuncia del club en Fiscalía. Sin embargo, el concejal, como ya es sabido, se negó a contestar cualquier pregunta del letrado acusador, al considerar que se trataba de una “denuncia política”.
No obstante, Moro ya se encargó de hacer constar durante su declaración que a él no le llegaban informes jurídicos. Para aclarar tales extremos serán citados a declarar como testigos ante el juez el asesor jurídico del Consistorio marbellí, Enrique Sánchez, así como el director general de Urbanismo, Mario Ruiz, también abogado de profesión. Ambos son altos cargos de confianza contratados por el equipo de gobierno del PP que preside Ángeles Muñoz.
