El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Sergio Ruiz Martín, en una imagen de archivo, a su salida de la sede judicial en el barrio de Miraflores. FOTO/ MARBELLA CONFIDENCIAL
El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Marbella, Sergio Ruiz Martín, ha abierto diligencias previas tras recaer en su sede judicial el caso de supuesto ‘enchufismo’ en la delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Marbella que dirige el edil del PP Diego López. Se trata de unos hechos denunciados por la Asociación Desempleados por un Empleo Digno y el Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA) ante el Fiscal Jefe de Área, Julio Martínez Carazo.
Los denunciantes sindicales han difundido este martes un comunicado en el que dan a conocer estas novedades. De hecho, aseguran que al menos cuatro miembros del tribunal seleccionador de los trabajadores han sido citados a declarar para el próximo 23 de octubre, si bien no aclaran si su comparecencia será en calidad de testigos o investigados (imputados).
El citado magistrado ha solicitado al Consistorio marbellí el expediente completo para la contratación temporal de 94 operarios, 46 conductores y 6 capataces, aprobada por el actual equipo de gobierno. El SEMPA recuerda que dicha convocatoria “se realizó incumpliendo el acuerdo suscrito por el anterior concejal de Recursos Humanos, Baldomero León, y el Comité de Empresa, dándose por enterada la Junta de Gobierno Local”.
Tales hechos, aseguran los denunciantes, “están causando al municipio de Marbella una cascada de sentencias por contratación en fraude de ley, declarando indefinidos, no fijos, a los contratados en el referido procedimiento temporal”.
Asimismo, el intructor de este caso por presuntos delitos de prevaricación y fraude en la contratación ha requerido el informe del secretario municipal, Antonio Ramón Rueda, “por el que se determine, a tenor de los antecedentes que consten en los departamentos correspondientes, el motivo por el que se acudió a dicha contratación temporal”, en vez de hacer uso de las bolsas de trabajo existentes (la realizada por la Comisión Gestora en 2007 y el gobierno tripartito en 2017).
Sergio Ruiz Martín también pretende conocer la valoración de los miembros del tribunal y su relación de parentesco con los seleccionados. De forma paralela, el magistrado reclama al Consistorio el informe de la Intervención Municipal “en el que se haga constar si se formuló reparo a dicha contratación temporal”, afirman los denunciantes.
El SEPMA se dispone ahora a tramitar la personación como acusación en el procedimiento, “en defensa de los intereses de nuestros afiliados y miembros de las bolsas de trabajo perjudicados por una actuación de los dirigentes locales que, recordamos, la vigente Ley de Presupuestos sujeta a exigencia de responsabilidad”, concluye la nota.
Cabe recordar que el fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, apreció indicios de delito tras la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público el pasado 30 de abril por parte del sindicato SEPMA sobre un supuesto caso de ‘enchufismo’ en el proceso de selección de empleados de la delegación de Limpieza. Su edil responsable, Diego López, ahora también de Obras, se encuentra entre las diez personas (incluida la alcaldesa, Ángeles Muñoz) que fueron denunciadas por los presuntos delitos de fraude en la contratación y prevaricación.
El resto de tenientes de alcalde del PP denunciados: María Francisca Caracuel, José Eduardo Díaz, y Javier García formaron parte de la junta de gobierno local, celebrada el 3 de abril de 2018, que aprobó las bases de la contratación para la puesta en marcha de la citada bolsa de contratación. Asimismo, también se encuentra entre los denunciados el exedil de Personal del PP Baldomero León.
Durante la rueda de prensa ofrecida en su día el secretario general del SEPMA, José Luis Gutiérrez, ha llamado la atención sobre el hecho de que ninguno de los dos ediles de OSP (Manuel Osorio y Rafael Piña), que formaban parte de la antigua junta de gobierno local (2015-2019), se encontrara presente durante la sesión objeto de esta denuncia.
En el decreto del fiscal marbellí, de seis folios de extensión y al que tuvo acceso Marbella Confidencial, Martínez Carazo, consideraba que los hechos referidos por el sindicato denunciante “pudieran ser constitutivos de ilícito penal, concretamente delitos de prevaricación y fraude en la contratación”. Así pues, envía su escrito al Juzgado Decano de Marbella “para que tras el oportuno reparto al Juzgado correspondiente, se incoen y practiquen las diligencias que se estimen procedentes”.
