La abogada Isabel Guardabrazo (primera izqda) junto a la entonces edil de Urbanismo, Alba Echeverría, actualmente imputada en el ‘caso PGOU’ y la exalcaldesa Ángeles Muñoz, en 2008, durante el proceso de elaboración del Plan de 2010. FOTO/ JAVIER MARTÍN
La abogada Isabel Guardabrazo, ex alto cargo de confianza del PP en Urbanismo, bajo el mandato de Ángeles Muñoz (2007-2015), es la autora de dos informes jurídicos municipales que han tumbado las alegaciones presentadas por Costa del Sol Sí Puede-Podemos en un pleno del pasado 28 de abril en el que se aprobó la adaptación del PGOU de 1986 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como el texto refundido del mismo. Se trataba de la llamada ‘hoja de ruta’ del tripartito (PSOE, OSP e IU), que salió adelante con los votos y las enmiendas de la citada formación opositora y la abstención de los 13 concejales del partido conservador.
Sin embargo, el Grupo Municipal Popular requirió a la delegación de Urbanismo que dirige la edil socialista Isabel Pérez, para que se emitieran informes jurídicos sobre las enmiendas de Podemos. Según la extensa documentación a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial fue Isabel Guardabrazo, actualmente en calidad de interina, la autora de sendos informes jurídicos, fechados el 6 y el 26 de junio. Ambos se elaboraron tras un informe técnico de la arquitecta técnica Carmen María García Rodrígez, fechado el 5 de junio, bajo la dirección jerárquica del Servicio Técnico de Planeamiento, Gestión, Desarrollo Urbano y Protección de la Legalidad que dirige Juan Muñoz.
Concretamente los dos informes firmados por la letrada Guardabrazo están fechados el 6 de junio y el 26 del mismo mes respectivamente. El primero de ellos se refiere a la “adaptación parcial” del PGOU de Marbella a la LOUA, un día después del informe técnico de García Rodríguez sobre la misma materia; mientras que el segundo que elaboró Guardabrazo es sobre el texto refundido del PGOU del 86, actualmente vigente, tras la anulación del PGOU de 2010, en el que ella mismo tuvo gran parte activa, como coordinadora del Plan.
Fue el pasado 10 de mayo cuando los concejales del PP solicitaron, mediante un escrito oficial dirigido a Urbanismo, un “informe jurídico sobre el ajuste a la legislación vigente en materia urbanística, procedimental, así como a la local, del contenido de la Enmienda aprobada y anteriormente referida”, según la petición textual.
Aunque en los informes consta que son encargados por la edil delegada de Urbanismo, Isabel Guardabrazo, se trata de un mero trámite, puesto que la edil socialista no hizo más que dar curso a la solicitud de los munícipes conservadores, al trasladársela al departamento jurídico y técnico del área que dirige.
Los citados informes han venido a favorecer claramente la posición del PP, a la hora de bloquear el urbanismo del tripartito, que contaba incluso con el apoyo de la patronal de los empresarios de Marbella (CIT), así como de la patronal andaluza (CEA), presidida por el malagueño Javier González de Lara. Las organizaciones empresariales llegaron a pedir a los ‘populares’ que, por el bien de la ciudad, así como por la seguridad jurídica, no entorpecieran este proceso. El PP se abstuvo en el pleno del 28 de abril, no sin denostar, por boca del edil Cristóbal Garre, a las organizaciones empresariales que se habían reunido con el tripartito, a las que el ‘número 2’ en la lista electoral de Ángeles Muñoz ninguneó.
La polémica por las lindes con Benahavís también en los informes que favorecen al PP
Podemos pretendía que las lindes con Benahavís se ajustaran los límites históricos en el PGOU del 86, actualmente vigente tras la anulación del Plan de 2010 por parte del Supremo. Desde la formación de Pablo Iglesias argumentaron a comienzos de semana, tras conocer los informes contrarios a sus tesis, que las dos enmiendas que introdujeron en el Pleno de abril estaban dirigidas a garantizar la transparencia, “abriendo un período de exposición pública para ambos documentos”, así como “legalidad”, al incluir la mención a la sentencia del Tribunal Supremo que, afirman, “sancionó las lindes correctas del municipio con Benahavís”.
Este medio digital se ha puesto en contacto con fuentes de Podemos para conocer su reacción ante el hecho de que fuera Guardabrazo la autora de tales informes. El malestar es evidente en el seno de la formación morada. De hecho, ya han encargado lo que han denominado un “contrainforme” jurídico para contrarrestar los argumentos de la jurista que fuera coordinadora del PGOU bajo mandato del PP.
Las fuentes citadas creen que los informes que han tumbado sus enmiendas debieron ser elaborados por algún funcionario de carrera de la delegación de Urbanismo “de los muchos que hay”, apuntan, y no por personal interino, como es Guardabrazo.
Marbella Confidencial desveló en septiembre de 2015, mediante la publicación en exclusiva de una nota interior, las intenciones del tripartito a la hora de reorganizar Urbanismo y situar a Isabel Guardabrazo como jefa de los servicios jurídicos de la delegación, a pesar de no ser funcionaria. El caso generó una gran polémica entre los sindicatos, que se opusieron de forma tajante a que esta jurista, que llegó de la mano del PP y que no consiguió plaza de funcionaria, a pesar de intentarlo, se situara por encima del alto funcionario de carrera Jorge González. Se trata del principal testigo contra Juan Antonio Roca en el ‘caso Malaya’ y cuya posición, a día de hoy, fuentes municipales definen como “decorativa” en el organigrama del área que dirige Pérez. La edil finalmente dio marcha atrás.
La que fuera directora general de Planificación Urbanística, Isabel Guardabrazo, en imagen de archivo junto al exconcejal delegado del ramo, Pablo Moro (PP). Foto/ J.C. Villanueva
Este periódico trató de ponerse en contacto a lo largo de este martes con Isabel Guardabrazo, quien no atendió las llamadas ni los whats app para intentar reflejar su versión, en relación a si había meditado la posibilidad de abstenerse, a la hora de elaborar los informes solicitados por el PP, si se tiene en cuenta que es el partido político gracias al cual fue cargo de confianza durante ocho años.
El polémico asesoramiento privado de los Guardabrazo a promotores con intereses en el PGOU de Marbella
La posición del que fuera jefe de Planeamiento Urbanístico con el PP, Federico Guardabrazo, funcionario topógrafo, y su hija Isabel, ‘fichada’ a dedo para asesorar a la exedil del Urbanismo Alba Echeverría, actualmente imputada en el ‘caso PGOU’, fue uno de los grandes quebraderos de cabeza de la exalcaldesa Ángeles Muñoz desde que EL MUNDO comenzara a desvelar en noviembre de 2007, a los pocos meses de iniciarse su mandato, los intereses privados de padre e hija.
Sin duda, el ‘caso Guardabrazo’ fue el primer escándalo político-judicial al que se enfrentó ‘Titi’ Muñoz. Defendió siempre a ultranza a Federico Guardabrazo, a pesar de estar procesado en un caso de presunta estafa inmobiliaria, en la compra venta de unas parcelas, en el marco de una excedencia como funcionario de Marbella.
Años antes, el padre de Isabel Guardabrazo había salido airoso de un procedimiento penal por presunto tráfico de influencias. Formaba parte del llamado ‘clan de los cuñados’ de Estepona, por su parentesco con el exedil del PSOE esteponero Juan Mena Lirio y el exjefe de gabinete del exalcalde Antonio Barrientos, José Flores, encausados los dos últimos en el ‘caso Astapa’.
El exjefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Federico Guardabrazo en imagen de archivo. FOTO/ JOSÉ CARLOS VILLANUEVA
La entonces alcaldesa del PP siempre alegó que se trataba de una “actividad privada”cada vez que le preguntaban por la imputación del máximo responsable funcionarial del PGOU que se elaboraba en esos momentos, con todo lo que había caído en Marbella en el ámbito del urbanismo y el ‘caso Malaya’ como máximo exponente de la corrupción municipal.
Uno de los enigmas sin resolver del mandato de Ángeles Muñoz, aún sin explicación lógica a día de hoy, radica en que contara con un hombre tan significado en el PSOE de Estepona como Guardabrazo para encauzar el PGOU de Marbella.
Funcionario por la mañana, consultor de promotores por las tardes
El equipo de gobierno del PP no tuvo reparo alguno en conceder al padre de Isabel Guardabrazo una compatibilidad para que asesora por las tardes, en su consultoría privada de Marbella, a promotores urbanísticos e inmobiliarios. Una actividad ésta en la que también había participado su hija Isabel, hasta su entrada en el Ayuntamiento.
Padre e hija llegaron asesorar (antes de estar juntos en el Ayuntamiento de Marbella) a promotores como Cristóbal Peñarroya, procesado, juzgado y absuelto en ‘Malaya’. La memoria de las fichas elaborada por el entonces responsable de Urbanismo de la Junta de Andalucía en Marbella, José María Ruiz Povedano, reflejó claramente los encuentros de los Guardabrazo con técnicos del Ejecutivo autonómico en representación de promotores como el citado Peñarroya, entre otras (Ver aquí)
Las informaciones destapadas por EL MUNDO, a las que se sumó El País, motivaron que Ángeles Muñoz se viera obligada a aclarar que velaría por la abstención de Federico Guardabrazo a la hora de evitar un posible conflicto de intereses.
