La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Marbella, Isabel María Colmenero, ha dictado un auto mediante el que abre diligencias previas tras la segunda de las tres querellas por prevaricación interpuestas contra el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, actualmente a la espera de juicio oral por la primera de ellas, el conocido como ‘caso Funky Buddha Beach’.
Según la citada resolución judicial, dictada el pasado 23 de mayo y a la que ha tenido acceso este medio digital, los hechos denunciados por el arquitecto Jesús Flores, “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
En el auto, de escasos dos folios de extensión, se señala que “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos, ni las personas que en ellos han intervenido”, es procedente “instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.
La magistrada acuerda citar al querellante para que este viernes 27 de marzo ratifique la querella presentada.
Tal y como desveló marbellaconfidencial, el pasado 21 de enero, los hechos denunciados por Jesús Flores guardan relación con la revocación de una licencia de primera ocupación a un cliente del querellante, propietario de una vivienda unifamiliar aislada en la urbanización Huerta del Prado.
La querella va dirigida también contra la letrada del área de Urbanismo María Angustias Correa Gómez. Se trata de una acusación por prevaricación administrativa, enmarcada en el artículo 404 del código penal.
Esta acción penal, de doce folios de extensión, a la que tuvo acceso marbellaconfidencial, relata unos hechos que van desde el 4 de noviembre de 2013, cuando se concedió una licencia de primera ocupación al cliente de Flores, Ángel Morote, hasta el 9 de diciembre de 2014 cuando el concejal de Urbanismo, por decreto y con informes de la abogada también querellada, revoca dicha licencia.
Los hermanos Flores denunciaron sufrir “represalias” por parte de Moro
“La presente querella se interpone contra quienes , falseando y tergiversando el contenido de, al menos, dos informes de inspectores del Ayuntamiento de Marbella y contraviniendo de forma patente y clamorosa el ordenamiento jurídico administrativo, dictan una resolución administrativa gravosísima para un ciudadano”, reza el documento.
En el relato de hechos denunciados aparece el nombre de Isabel Salud Jiménez Torres, vecina del cliente de Flores y “prima de la concejal Alicia Jiménez”, del Partido Popular, que “de manera cansina e incesante ha espoleado a los querellados, si es que lo necesitaban”.
“Ajustar cuentas”
Jesús Flores aseguró que la revocación de la licencia pretende “ajustar cuentas” con él y su hermano, el abogado Antonio Flores, responsable del bufete Lawbird que destapó en marzo de 2014 la inversión de 3 millones de la alcaldesa en Luxemburgo. También por haber denunciado públicamente otras actuaciones de Moro y la abogada ahora querellada.
Los hermanos Flores interpusieron una tercera denuncia contra el edil de Urbanismo, ante la Fiscalía, el pasado mes de febrero, relacionada con supuestas irregularidades en la construcción de seis locales comerciales en los bajos de la vivienda de Pablo Moro y su cuñada, ambas unidas entre sí en el mismo complejo arquitectónico. El Ministerio Fiscal indaga sobre estos hechos que aún no habrían sido enviados al juez correspondiente.