El teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, muestra documentos durante una comparecencia. FOTO/ MC
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, Isabel María Colmenero, ha apreciado indicios de la existencia de una infracción penal en relación con la licencia de apertura y actividad del tanatorio de San Pedro Alcántara que otorgó el teniente de alcalde delegado, Rafael Piña, bajo gobierno del exalcalde socialista José Bernal. Esta decisión judicial se produce tras una denuncia interpuesta por un vecino afectado por esta instalación mortuoria.
En el auto judicial de la magistrada, dictado el pasado 23 de noviembre, y al que ha tenido acceso Marbella Confidencial, la jueza Colmenero también cuestiona actuaciones sobre el tanatorio que tuvieron lugar durante el gobierno del PP, en Enero de 2015. Concretamente, en lo que se refiere al “decreto de modificado del proyecto básico y ejecución del tanatorio y aprobación anterior a los efectos de licencia de obras y de instalación”, además del “decreto de concesión de licencia de apertura” otorgado por Piña el 22 de noviembre de 2016.
AUTO sobre el tanatorio
Imagen del auto de la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, Isabel Colmenero, sobre el tanatorio
No obstante, la citada magistrada ha decidido inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, al considerar que corresponde a esta sede judicial entender de estos hechos, al haberse producido ambas resoluciones (la del 2015 del PP y la de 2016 de OSP) cuando el 5 estaba e funciones de guardia.
Cabe recordar que estas actuaciones se producen a raíz de que la Fiscalía de Medio Ambiente apreciara indicios de delito en relación con la concesión de licencia de actividad del tanatorio de San Pedro Alcántara, otorgada a una concesionaria por el teniente de alcalde sampedreño, Rafael Piña, bajo el gobierno del exalcalde socialista José Bernal, junto a Izquierda Unida (antiguo tripartito).
Imagen del tanatorio de San Pedro. foto/ M.C.
El fiscal de Medio Ambiente, Fernando Benítez, presentó denuncia el pasado 29 de septiembre ante los Juzgados de Marbella. Todo ello tras una denuncia inicial del vecino de la zona Antonio Astudillo, uno de los más perjudicados por la instalación de esta instalación mortuoria.
El citado representante del Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación penal, tras la comparecencia de Astudillo, que finalmente archivó como trámite previo a enviar la denuncia al Decanato de la sede judicial marbellí para que fuera un juez de instrucción el encargado de abrir las correspondientes diligencias previas para investigar estos hechos.
Se da la circunstancia de que en mayo de 2017 una sentencia, por la vía de lo contencioso administrativo, anuló la licencia de obras del sanatorio, otorgada por el PP, resolución judicial que fue recurrida por el tripartido.
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