De izqda a drcha Fabiola Mora, Carola Herrero, José Manuel Beltrán y Cristina Falkenberg, portavoces del movimiento ciudadano contra el deslinde este jueves en rueda de prensa
El movimiento ciudadano contra el deslinde entre Marbella y Benahavís ha dado a conocer este jueves una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el PGOU de Marbella de 2010 en lo que atañe a los linderos entre los dos términos municipales.
Según el resumen del fallo judicial, fechado el pasado 9 de febrero, que ha distribuido el colectivo en rueda de prensa, “la sentencia –contra la que cabe recurso de casación al Supremo– dice que no se pueden alterar lindes mediante un PGOU”. También sostiene que “es nulo el intento de legalizar la parcelación y construcción ilegal hecha en suelo rústico, sólo en base a que haya una situación de hecho, o porque se busque una seguridad jurídica”.
La plataforma ciudadana sostiene que el alto tribunal andaluz “rechaza así los principales argumentos” del Ayuntamiento de Marbella y de la Junta y “recuerda que toda legalización debe estar justificada”. De lo contrario –afirman–”bastaría con construir contra planeamiento y cada ciertos años dictar un PGOU nuevo”.
La sentencia no es vinculante con el expediente de deslinde
El movimiento ciudadano, que surgió el 5 de enero pasado contra la cesión de terrenos a Benahavís , reconoce que esta sentencia no es vinculante con respecto al expediente de deslinde abierto. No obstante, la harán constar dentro de sus más de 2.700 alegaciones recogidas entre la ciudadanía y pedirán el archivo del expediente de deslinde que regala 170.000 metros a Benahavís, a cambio de unos 27.000.
Recalcan, además, que dicha alteración de lindes “legalizaría a coste cero la mansión de la alcaldesa, construida en suelo rústico de Marbella, y recalificaría los terrenos de los que son dueños, entre otros, la alcaldesa y su marido“. El colectivo estima el valor de la operación en “30 millones de euros”.
La arquitecto y miembro del colectivo, Carola Herrero, ha agradecido el apoyo y la “aportación solidaria” de las personas que han contribuido con su dinero para hacer fotocopias de las casi 3.000 alegaciones –enviadas por correo administrativo a la Junta de Andalucía– para que “los intereses personales no se antepongan a los generales”.
Agradecen la “transparencia informativa” de la alcaldesa
El también portavoz, José Manuel Beltrán, ha agradecido, de forma irónica, a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, “su transparencia informativa”, así como el hecho de que anunciara, el pasado mes de enero, que el movimiento antideslinde “no tendría ningún recorrido”. Lejos de ello, ha dicho Beltrán, “lo ha revitalizado”.
En opinión de Carola Herrero, “es muy importante saber qué hace la Junta” en relación a un posible recurso de casación: “si recurre es inexplicable porque si sigue recurriendo es que tiene algún interés espurio. Ya dijo el tribunal que ese suelo es rústico desde 1986”, ha señalado en alusión a los terrenos que pasarían a Benahavís como urbanizables.
Respuesta del Ayuntamiento de Marbella
El portavoz municipal, Félix Romero, no ha dudado en volver a afirmar que el colectivo contrario a la cesión de terrenos a Benahavís “responde a intereses políticos”. Sorprendentemente, ha recordado una denuncia archivada del miembro de esta plataforma, Javier de Luis, para compararla con la sentencia conocida este jueves, contra la que aún cabe recurso.
Para defender sus tesis, Romero vuelve a aferrarse a un informe del Consejo Consultivo de julio de 2009, invocado siempre por la alcaldesa, a pesar de que no es vinculante, así como al reciente informe del secretario municipal, Antonio Rueda Carmona, quien llegó a augurar que no había intereses personales de la alcaldesa ni de su familia en los terrenos objeto del deslinde.
Todo ello a pesar de que la regidora se abstuvo, al reconocer interés personal, en el pleno de diciembre de 2008 que dio pie al expediente de deslinde entre Marbella y Benahavís, tras el acuerdo entre los dos alcaldes.
El fedatario público también argumentó en su informe que no habría ningún beneficiario con la cesión de terrenos de Marbella a Benahavís, porque éstos seguirían teniendo la misma calificación, independientemente de donde estuvieran.
Esta última afirmación del secretario es uno de los motivos que mueven al colectivo antideslinde a estudiar acciones legales contra el alto funcionario. Además, la abogada Cristina Falkemberg ha confirmado que han recusado a la alcaldesa en este procedimiento de deslinde.
Falkenberg ha concretado que el secretario estaría “impidiendo que personas que no son funcionarios estén ejerciendo la fe pública”. Cree, además, que su informe “no es aceptable” y “se aparta de la realidad”, al asegurar que la alcaldesa podía votar a favor del deslinde. Finalmente, la jurista sostiene que Rueda Carmona “podría haber incurrido en algún ilícito penal y se podría abrir un expediente disciplinario contra él”.
¡Enhorabuena al movimiento antideslinde! Gestores como los de esa plataforma se necesitarían por todo el país.
Gracias Gerardo, por lo menos la legalidad y el sentido común se verían atendidos. Es bastante increíble el despilfarro de recursos públicos, incluidos los del propio Ayuntamiento de Marbella, en ir tan frontalmente en contra de los intereses de la ciudad.