El portavoz del equipo de gobierno marbellí, Javier Porcuna (centro), flanqueado por el delegado de Hacienda, Manuel Osorio, y el asesor jurídico de Personal, Daniel Pérez Moreno este jueves en rueda de prensa
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 4 de Málaga obliga al Ayuntamiento de Marbella a renegociar con los sindicatos que representan a los trabajadores del Consistorio ayudas sociales que ambas partes acordaron a mediados de diciembre de 2013, según ha indicado este jueves el portavoz del Gobierno local, Javier Porcuna.
ha explicado Porcuna, que ha comparecido en rueda de prensa junto al concejal de Hacienda, Manuel Osorio, y el responsable del Área de Personal, Daniel Pérez.
La resolución afecta de forma directa a los cerca de 2.500 empleados municipales, laboral y funcionario, e indirectamente a trabajadores de Organismos Autónomos Locales y empresas públicas cuyas condiciones laborales se quieren equiparar a los de los primeros.
Los acuerdos que se firmaron a finales del 2013 alteraban derechos del convenio colectivo relacionados con las vacaciones, minusvalías o la protección de incapacidad temporal de los empleados y se suprimió la póliza de la restitución del seguro médico de los trabajadores.
De esta forma, la sentencia obliga al Ayuntamiento a reabrir la mesa general de negociación y revisar las condiciones socioeconómicas para evitar un perjuicio jurídico a los empleados, ha explicado el responsable de Personal.
El Gobierno local ha solicitado al interventor municipal los informes necesarios para reabrir la mesa de negociación. Pérez ha asegurado que el Ejecutivo local negociará “con el máximo respeto a la sentencia, a los derechos laborales y de negociación colectiva que recoge la legislación”.
De no renegociar las ayudas, el Consistorio estaría obligado a restituir de forma inmediata la póliza del seguro médico, cuyo coste ronda el millón de euros, o complementos que no están presupuestados por valor de unos tres millones, según Pérez.
Derecho fundamental
El responsable de Personal ha comparado el fallo con el que ha emitido el Tribunal Supremo sobre la anulación del PGOU de 2010. “Lo peor que le puede pasar a un Equipo de Gobierno es que sea condenado por conculcar un derecho fundamental y esencial a un sindicato”, ha agregado.
El recurso que ha originado la sentencia la interpuso una de las centrales sindicales apartadas de las negociaciones, la Uepal, al entender que se vulneraba su derecho fundamentales a la libertad sindical y participación, ha explicado Pérez.
La sentencia, que se hará firme en 15 días, hace que las ayudas sociales queden en suspenso y que los empleados del Ayuntamiento se rijan por las condiciones laborales vigentes antes del acuerdo.
Pérez ha reprochado la “falta de rigor y de talante” que tuvieron la exalcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), y el excoordinador de Personal, Carlos Rubio, responsables del anterior Gobierno Local que negociaron las ayudas.
“El fallo es una prueba más de la nefasta gestión del PP. La sentencia nos pone en la tesitura de volver a negociar”, ha concluido Pérez.
