Imagen de la Comisaría de la Policía Nacional en Marbella.
José Manuel Rando, uno de los dos principales investigadores policiales del llamado ‘caso Malaya’ junto al inspector Marcos Romarís, ha sido nombrado comisario jefe de Marbella, en sustitución del hasta ahora titular de la plaza, Enrique Lamelas, que causa baja por jubilación.
La designación de Rando, jefe del Grupo Tercero de Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Málaga en 2006, cuando tuvo lugar la citada macro operación contra la corrupción municipal en el Ayuntamiento de Marbella –que desembocó en la disolución del Consistorio– ha generado bastante expectación mediática en los últimos días, dado el gran peso que jugó este experto en investigaciones patrimoniales cuando puso al descubierto el inmenso patrimonio amasado por el que fue considerado cerebro de la trama corrupta, Juan Antonio Roca.
El citado exasesor de la delegación de Urbanismo, ‘fichado’ por Jesús Gil en 1992 como una especie de gerente, era considerado el alcalde de facto en 2006, cuando la entonces alcaldesa de la ciudad, Marisol Yagüe –también condenada– se había convertido en una auténtica marioneta en manos de Roca, como se demostró en el juicio oral, especialmente durante la audición de las escuchas telefónicas.
El sucesor de Lamelas en la Comisaría de Marbella fue también el creador del grupo de Investigaciones Patrimoniales y de Localización de Activos (IPLA) desde la capital malagueña. La labor de este organismo ha sido muy importante a la hora de incautar bienes de condenados en ‘Malaya’ que no hacían frente a las multas impuestas por la Audiencia de Málaga. Tal es el caso del exprimer teniente de alcalde gilista Pedro Román. También del considerado testaferro internacional de Roca, Juan Hoffmann, a su vez condenado y huido de la Justicia (se encuentra en Alemania).
El último destino de Rando, antes de recalar ahora en Marbella, fue la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). También pasó por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga. Hasta ahora inspector jefe –antes de ascender a comisario– fue destinado junto a su compañero Romarís a la comisaría del distrito de El Palo, en Málaga, cuando el juez instructor del ‘caso Malaya’, Miguel Ángel Torres, dejó el juzgado de Instrucción 7 de Marbella para ocupar una plaza en un juzgado de lo Penal de Granada.
El ahora comisario jefe de Marbella aseguró, una década después de iniciarse el ‘caso Malaya’, lo siguiente al conceder una entrevista a la que aludió este martes El Confidencial, sin mencionar en qué medio se produjo: “Es mentira que nos marcháramos –él y Romarís– porque no nos dejaran investigar a la Junta de Andalucía. Nadie, absolutamente nadie, de mis superiores nos impidió investigar nada”.
Cabe recordar que ambos mandos policiales se encontraron, en el marco de sus pesquisas sobre Roca, con una anotación manuscrita en sus agendas con el acrónimo JAG asociado a la cantidad de 200.000 euros. Las siglas se correspondían con el nombre y apellido de un altísimo cargo policial de aquella época (2007). La investigación pasó a Asuntos Internos de la Policía Nacional, para que esta unidad se encargara de determinar la identidad del acrónimo. Finalmente el caso se archivó. No obstante, en aquella época se publicaron diversas informaciones sobre las presiones recibidas por Rando y Romarís por haber indagado sobre JAG y que habrían sido la causa de ser enviados a la citada comisaría de la barriada de El Palo.
Durante el juicio oral del ‘caso Malaya’ la mano derecha de José Manuel Rando, Marcos Romarís, declaró haber tenido en cuenta diversas investigaciones periodísticas, publicadas en el diario El Mundo (por este periodista), en los comienzos de las pesquisas policiales sobre Roca. Durante su comparecencia en la sala de la Audiencia de Málaga, en 2011, concretó que tales informaciones de hemeroteca se las había aportado el juez Torres.
Fue en abril de 2003, tres años antes de que se destapara la ‘operación Malaya –con las primeras detenciones– cuando el diario que dirigía Pedro J. Ramírez comenzó a publicar un serial sobre el abultado patrimonio del entonces asesor urbanísticos del Ayuntamiento de Marbella, así como su abanico de testaferros y numerosas sociedades instrumentales en las que Roca no aparecía, pero sí sus hombres de paja. Se publicó la foto del contable de la organización delictiva, Salvador Gardoqui, luego condenado, así como de otro relevante testaferro, Óscar Benavente, de cuya labor de ocultación se informó ampliamente.
El Mundo llegó incluso a desvelar el nombre de Maras Asesores S.L. Se trataba de la sociedad administrada por Gardoqui y donde Roca llevaba toda su contabilidad B de sobornos recibidos y pagos a terceros que él hacía, de forma ilegal. Dicha contabilidad fue incautada por Rando y Romarís y supuso una prueba clave para el juicio oral de ‘Malaya’.
El diario de Unidad Editorial también dio a conocer en 2003 toda la estructura, con nombres y apellidos, del bufete de abogados que ejercían de testaferros de Roca. Se trataba del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor. Ellos ocultaban con sus nombres y apellidos los bienes amasados por el considerado cerebro de la trama. El jefe del despacho, Manuel Sánchez Zubizarreta, fue condenado a penas de prisión y multas por blanqueo de capitales, al igual que otros letrados testaferros.
