Urbanismo bajo sospecha

El urbanismo de Marbella vuelve a estar bajo sospecha, transcurridos más de ocho años desde que se desencadenara la ‘operación Malaya’, que propició la disolución del Consistorio por corrupción. Los promotores e inversores que acuden a la ciudad para desarrollar sus proyectos tienen que sentarse a negociar con un concejal, como Pablo Moro, imputado por tres presuntos delitos: prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio.

El auto dictado por Miguel Ángel Gómez Torres, el juez instructor del ya denominado ‘caso Funky Buddha Beach’, no puede ser más contundente e ilustrativo a la hora de arrojar luz sobre las numerosas irregularidades que Moro habría consentido, al hacer caso omiso a los requerimientos que le llegaron para que decretase la paralización de las obras ilegales de este lujoso club de playa, solo apto para bolsillos y carteras bien abultadas.

Mientras el escándalo crece día a día, al conocerse datos que obran en el ya extenso sumario abierto por el titular del Juzgado 1 de la ciudad, la alcaldesa adopta la posición marca de la casa. La misma que siempre ha puesto en práctica Rajoy cuando ha estallado algún escándalo: esconder la cabeza, no dar ninguna explicación y esperar a que pase la tormenta. Ese ha sido el argumentario de Génova 13 hasta la ‘operación Púnica’.

Qué bien le ha venido a Angeles Muñoz el viaje a la feria internacional de turismo de Londres (World Travel Market) para poner pies en polvorosa. Ni a propósito le hubiera salido tan bien la escapada, justo tras mantener el juez la imputación de Moro por tan graves delitos. A este paso pueden terminar creando la concejalía para viajes urgentes tras los escándalos.

No es la primera vez que un viaje de promoción turística de la ciudad llega inmediatamente después de desencadenarse un escándalo. Ya en marzo de 2014, tras desvelar eldiario.es la inversión de 3 millones de euros de una sociedad de la regidora en Luxemburgo–ahora tan en boga por la investigación de 40 medios internacionales– Muñoz se marchó a la China Popular, junto al concejal de Turismo, José Luis Hernández.

A su vuelta de la capital británica, tarde o temprano, la regidora marbellí se verá obligada a dar explicaciones. En el Partido Popular de Andalucía ya comienza a haber voces que, en privado, reconocen que el hecho de tener al concejal de Urbanismo de Marbella imputado por graves delitos desgasta la imagen del partido. También opinan lo mismo militantes y simpatizantes de Marbella. El nuevo caso llega justo cuando el líder de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, le ha solicitado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, un gran pacto anticorrupción (PP-PSOE).

Marbella no es un municipio cualquiera. El origen de todos los grandes casos de corrupción se produjo aquí y el PP ha presumido de haber regenerado la gestión municipal tras más de quince años de gobiernos gilistas y postgilistas. Por eso urge que Ángeles Muñoz, a su vez presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP) tome medidas urgentes y, al menos, aparte de sus funciones a Moro en Urbanismo. Los ciudadanos y la  llamada ‘Marca Marbella’, tan en boca de todos últimamente, se lo agradecerán  para que el nombre del municipio no vuelva a ser de nuevo dañado por sus gobernantes.