Cambio de planes. La delegación de Urbanismo de Marbella tiene previsto “subastar o permutar” los siete pisos que recibió el Ayuntamiento, como compensación, tras la legalización de los polémicos edificios de Jardines del Príncipe. Así lo ha confirmado este miércoles el alcalde, José Bernal, junto a la edil delegada del ramo, Isabel Pérez. La decisión del anterior gobierno del PP era asignar los inmuebles a asociaciones vecinales y colectivos sociales.
El anuncio del primer edil se ha producido durante la jornada sobre Urbanismo y Turismo Residencial que se ha celebrado en el hotel Villapadierna. Ha sido tras las declaraciones de Bernal a los periodistas cuando este medio digital le ha preguntado qué destino le daría el nuevo gobierno a los lujosos inmuebles, situados en plena Milla de Oro y cuyo precio individual ronda entre 500.000 y 800.000 euros.
Aunque el munícipe socialista ha hablado en primer término como de “posible subasta, o permuta”, no ha descartado “otro tipo de destino de ese patrimonio”, que establezca el “estudio” encargado desde el equipo de gobierno sobre “las necesidades de la ciudad”, según las palabras del alcalde.
“Vamos a patrimonializar esos edificios, van a formar parte del patrimonio municipal y así lo vamos a concebir. No vamos a hacer ningún símbolo poniendo esas viviendas en uso social. Vamos a utilizar el valor patrimonial de esas viviendas para que repercuta en el global de la ciudad, en políticas sociales, o en políticas de necesidad”, ha detallado Bernal.
Los pisos no habrían sido escriturados aún a nombre del Ayuntamiento
El regidor ha explicado que el nuevo gobierno local que preside, en coalición con OSP e IU, tomará “las medidas pertinentes”, cuando los pisos “formen parte del patrimonio”. De sus palabras se deduce que los apartamentos de Jardines del Príncipe no han sido aún escriturados a nombre de la administración municipal.
Bernal ha querido recalcar que “no debe quedar duda alguna” de que cuando el beneficio de dicho patrimonio se pueda cuantificar, “lo vamos a destinar a las necesidades que tiene Marbella, muchas de ellas vienen justamente de la época en que más se gestionó el patrimonio atrás”, ha argumentado en clara alusión a los gobiernos del GIL (1991-2006).
Fue el pasado 27 de mayo, tres días después de las elecciones municipales, cuando el entonces portavoz municipal del PP en funciones, Félix Romero, dio a conocer la decisión de la junta de gobierno local sobre el uso asignado a los inmuebles. La sociedad propietaria de estos dos edificios, de siete planta cada uno y 81 apartamentos, fue denunciada por un exceso de edificabilidad.
Licencia de obras otorgada por el GIL en 1999
De hecho, los edificios llegaron a estar sujetos a derribo, por sentencia del TJSA en 2005. La licencia de obras fue otorgada por el gobierno de Jesús Gil en 1999. El Plan General vigente era el de 1986, en base al cual sólo se permitía la edificación en el solar de siete adosados y dos viviendas unifamiliares.
Paulatinamente, a pesar de la gran protesta de vecinos afectados de la zona, reunidos en torno a la plataforma Arroyo Guadalpín, las moles de apartamentos comenzaron a crecer. Finalmente las 81 viviendas formaron parte de la amnistía generalizada, –salvo varias promociones– decretada en el nuevo PGOU de 2010.
Fuen en 2013 cuando el TSJA puso punto final al recorrido de los tribunales, al asumir la regularización, amparándose en el nuevo Plan General que amnistió más de 16.000 viviendas.
En el marco de las compensaciones acordadas con promotoras de viviendas irregulares, luego normalizadas, la sociedad Coepro Marbella S.A. fue obligada a entregar al Ayuntamiento de Marbella los citados siete apartamentos, que ocupan una planta entera (900 metros). Desde que se interpuso la denuncia la citada empresa propietaria ya había abonado al Consistorio marbellí cerca de 2 millones de euros. También cedió otros 2.221 metros cuadrados de suelo