De izqda a drcha el concejal del PP Manuel Cardeña, exdelegado de Derechos Sociales; la edil delegada de Derechos Sociales, Victoria Morales (IU) y la concejala de Podemos Victoria Mendiola. FOTOS/ MARBELLA CONFIDENCIAL
Los indicios aportados por la edil de Podemos en el Ayuntamiento de Marbella, Victoria Mendiola, sobre el supuesto desvío de afectados por desahucios a bufetes de abogados, desde la delegación de Derechos Sociales, en manos de Izquierda Unida, merecen ser investigados.
Las revelaciones hechas por la concejala opositora, en declaraciones a Marbella Confidencial, no deben ser despachadas con un “no me consta”, ni tampoco quedarse en un cruce de reproches a tres bandas entre PP, IU y Podemos.
Se trata de unos hechos de extrema gravedad, que son puestos al descubierto por una autoridad municipal, como es Mendiola, en contacto permanente con personas desfavorecidas de la sociedad, que acuden a Derechos Sociales en busca de ayuda.
Resulta llamativo que la existencia de prácticas que, de ser ciertas, serían “delictivas”, como las calificó el edil del PP Baldomero León, hayan llegado a oídos de Podemos y no de IU, tampoco del antecesor de Victoria Morales en el cargo, Manuel Cardeña (PP).
Hasta ahora la reacción más acertada, de todas cuantas ha habido, es la de León. Su independencia con respecto al Partido Popular, al no estar afiliado, le ha llevado a decir algo que muchos ciudadanos valorarán: “que se investigue, caiga quien caiga”.
Urge, sin duda, una investigación municipal interna, al margen de la obligación que pueda tener Mendiola a la hora de acudir a los tribunales, para depurar responsabilidades, en un caso que estaría a caballo entre dos etapas de gobierno local: La del PP y la de IU al frente de Derechos Sociales.
La respuesta de la edil delegada del área dirigida a Ciudadanos, al pedirles que le concreten qué tipo de investigación reclaman, no parece la más apropiada y puede interpretarse como una especie de huída hacia adelante, para no crear molestias en el seno de su delegación, ante un funcionariado ya poderoso de por sí y que ha heredado de anteriores gobiernos. C’s está en su derecho de reclamar explicaciones ante estos hechos, como lo estaba IU cuando se sentaba en la oposición.
Ni Morales ni su antecesor en el cargo, Manuel Cardeña (PP), deben temer nada, a la hora de abrir un expediente interno para aclarar lo sucedido, si ambos eran ajenos, como aseguran, a unas prácticas sobre personas en un grave estado de necesidad económica a las que se habría requerido pagar por servicios privados, para solucionarles sus problemas. Algo inaudito.
Podemos y Partido Popular, ambos en la oposición actual, lo tienen muy fácil si verdaderamente quieren que haya luz y taquígrafos sobre este turbio asunto: ambos suman mayoría en el Pleno y no tendrían más que presentar una iniciativa que prosperaría de forma automática, frente a PSOE, OSP e IU. Sería el último recurso, en caso de que el Ejecutivo local se negara a abrir motu proprio una investigación interna. Aún puede hacerlo y daría un magnífico ejemplo de transparencia, la que no había con el rodillo del Partido Popular y su mayoría absolutísima.
No estoy de acuerdo con el comentario final. Sí había transparencia en la época del PP. Se publicaban los contratos administrativos, se informaba de las sentencias judiciales, la oposición asistía a las mesas de contratación, se dejaba fotocopiar a Richy todo lo que pedía. Mejorable seguro.