El exgerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, durante el juicio del ‘caso Malaya’
El juicio al exasesor de Urbanismo de la localidad malagueña de Marbella Juan Antonio Roca, acusado por los delitos de malversación y prevaricación en relación con la construcción de la desaladora en dicho municipio, ha quedado este viernes visto para sentencia en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga.
La abogada que representa a Roca, que ya este pasado jueves pidió en sus conclusiones definitivas la absolución de éste, ha expuesto este viernes su informe final en el que ha argumentado su línea de defensa. Tras esto, se le ha dado al acusado la palabra para que ejerciera este derecho, pero no ha realizado manifestaciones.
El fiscal, en su informe final, aludió a la existencia de una trama para desviar dinero que debía ir a dicha infraestructura, señalando a Roca, al exalcalde marbellí Jesús Gil y al que fuera jefe jurídico del Ayuntamiento José Luis Sierra como los tres actores principales.
Así, dijo que hubo “una trama” para “sacar tajada” y que el dinero transferido por la empresa encargada de las obras para llevar a cabo la expropiación por parte del Ayuntamiento de los terrenos necesarios para la desaladora no tuviera que ser fiscalizado por el Consistorio, para lo que se utilizó la sociedad Planeamiento 2000, de la que Roca era gerente.
Apuntó a “una segunda trama” para, con un contrato de dirección facultativa de las obras, presuntamente “desviar” dinero a sociedades vinculadas con Sierra, también consejero delegado en Mancomunidad –que no ha sido juzgado por enfermedad–. Esto se hizo a través de una sociedad de la Mancomunidad, de la que también era gerente Roca.
La acusación pública sostiene que Roca, “el tercer actor principal” de estos actos, “hizo suyos” los 871.446 euros que fueron transferidos para expropiaciones, al tiempo que “favoreció” que otra cantidad fuera a Sierra, a través de sociedades extranjeras interpuestas.
Para el fiscal, está acreditado que “Roca sabía perfectamente lo que estaba haciendo, se prestó a ello y obtuvo su beneficio económico”, rechazando que simplemente cumpliera órdenes de Gil, como dijo el acusado en su declaración, en la que llegó a afirmar que fue “utilizado de una forma descarada” por éste y Sierra.
Señaló que fueron estos dos los que llevaron toda la tramitación y gestión para la instalación de la desaladora y negó que se quedara con 871.446 euros, asegurando que el dinero para las expropiaciones lo ingresó en cuentas de otra sociedad municipal, como ya se vio en el caso ‘Saqueo II’.
De hecho, la defensa planteó como cuestión previa que este caso es cosa juzgada en la Audiencia Nacional, dentro de ‘Saqueo II’, y en el juicio ha intentado acreditar que ni el Ayuntamiento ni la Mancomunidad tuvieron perjuicios por estas actuaciones y que Roca no se quedó con ese dinero, al no haber constancia documental de eso.
