La exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe junto a la exprimera teniente de alcalde Isabel García Marcos, ambas condenadas en ‘Malaya’, en una imagen de 2006. Foto/ J.C. Villanueva
La Audiencia de Málaga ha condenado a la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, a la que fuera primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, al exsecretario municipal Leopoldo Barrantes a otros cinco exediles y al empresario Antonio Codías Berrocal en relación con irregularidades en la adjudicación de la concesión administrativa para la explotación del aparcamiento público Los Cipreses, situado junto al Club Financiero Inmobiliario y actualmente vinculado al entorno familiar del polémico comisario José Manuel Villarejo.
En la sentencia, que se produce tras la denuncia en 2005 del entonces concejal del grupo mixto Alberto García Muñoz, sobrino de Julián Muñoz, se declara probado que en septiembre de 2003, la entonces regidora inició un expediente de concesión administrativa para dicha explotación y puesta en funcionamiento del aparcamiento subterráneo público construido por el Ayuntamiento en el subsuelo de la parcela de terreno municipal, en la finca conocida como ‘Los Cipreses’.
Previamente, el que era tasador municipal efectuó un informe de valoración del bien, fijando un canon anual a abonar por la concesionaria de 86.906,35 euros y el exsecretario Leopoldo Barrantes emitió otro documento diciendo que se trataba de un bien de uso privativo sujeto a concesión y que debía ser adjudicado mediante concurso, mismo día en el que el entonces interventor informó de la necesidad de una valoración complementaria.
En la Comisión de Gobierno de diciembre de 2003, integrada por los acusados, se aprobó el pliego de condiciones que debía regir el concurso convocado para otorgar la concesión administrativa. A dicho concurso se presentó una empresa cuyo administrador único, también condenado en esta causa, había trabajado para el Ayuntamiento, en concreto en la sociedad municipal Planeamiento 2000 como inspector de obra.
“Sin haber expirado el plazo para presentar proposiciones”, se constituyó la mesa de contratación, que certificó la propuesta del anterior y que “no se rechazaba ninguna otra al no constar más”, aunque ese día se presentó una oferta por parte de otra empresa, dice la resolución, avanzadas por Europa Press.
En febrero de 2004, la junta de gobierno local, integrada por los acusados, “con conocimiento de que la tasación realizada para la fijación del canon anual que debía abonar la adjudicataria era muy inferior al que correspondía” y “habiéndose previamente concertado con el empresario acusado”, acordó la adjudicación del concurso.
En marzo de ese año, Yagüe, “con conocimiento de su origen ilícito y con previo concierto con el empresario, otorgó contrato administrativo a favor de éste para llevar a cabo la gestión y explotación del mencionado aparcamiento, con un canon anual a satisfacer de 90.000 euros anuales”.
Así, la sentencia se dicta tras expresar los acusados la conformidad con la acusación y se condena a Yagüe por un delito de fraude en la contratación y por otro de prevaricación administrativa, concurriendo la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas, a un año de prisión y 14 de inhabilitación especial para cargo público electo.
A los otros siete exresponsables municipales, que son, además del exsecretario y García Marcos, los exediles Tomás Reñones, José Antonio Jaén, María del Carmen Revilla, Pedro Pérez y Rafael Calleja, se les condena a siete años de inhabilitación especial para cargo público electo por un delito de prevaricación administrativa. El empresario es condenado a dos años de prisión, aunque se le concede la suspensión de la pena durante cinco años.
Los concejales de IU Marbella, Victoria Morales y Miguel Díaz en octubre de 2018, ante las puertas del parking Autocobermar, propiedad de un hijo del comisario Villarejo. FOTO/ MC
La sociedad Autocobermar se constituyó el 17 de julio de 2002 y tuvo como socios al citado Codías, así como a Francisco Javier López Crespo. Según los datos recabados por Marbella Confidencial en el Registro Mercantil, en agosto de 2011 la sociedad pasó a ser de un socio único: Club Exclusivo de Negocios y Transacciones S.L., domiciliada en la Torre Picasso, donde el comisario Villarejo tenía su principal despacho en Madrid. La conexión con su hijo de nuevo es evidente, porque en Club Exclusivo de Negocios figura como administrador único José Manuel Villarejo Gil.
Cabe recordar que el exedil del GIL Alberto García Muñoz, ya como edil opositor, presentó una querella ante la Fiscalía de Málaga contra la comisión de gobierno que presidía Yagüe por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La entonces titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, Carmen Rodríguez Medel, conocida ahora por el llamado ‘caso master’ citó como imputados a Yagüe y los siguientes tenientes de alcalde: Isabel García Marcos, Carlos Fernández y Pedro Pérez ‘Chotis; el tránsfuga del PSOE José Jaén y los entonces ediles gilistas Victoriano Rodríguez, Carmen Revilla, Rafael Calleja y Tomás Reñones.
Se da la circunstancia de que el llamado ‘caso Autocobermar’ es una de las causas que se declararon prescritas en el proceso de extradición que se lleva a cabo sobre el prófugo del ‘caso Malaya’ Carlos Fernández. Fue en septiembre de 2017 cuando el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella declaró, mediante un auto la prescripción para Fernández, si bien el juicio oral se habría celebrado contra el resto de acusados, incluido Antonio Codías y el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes. A los delitos inicialmente denunciados por García Muñoz el juez sumó los de fraude, falsedad e información privilegiada a la ahora de adjudicar la concesión del parking, a cuyo concurso no se presentó nadie más.
Cabe recordar que Antonio Codías, la persona que consiguió la adjudicación del parking de la calle Jacinto Benavente, es el empresario al que la cadena SER relacionó recientemente con la web Moncloa.com, difusora de los audios con conversaciones entre Villarejo, el juez Garzón y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante un almuerzo en 2009, para celebrar otra condecoración al ahora presidiario.
Tal y como hiciera el ex edil García Muñoz el portavoz y coordinador de IU en Marbella, Miguel Díaz, denunció en octubre ante los periodistas el ventajoso canon de 90.000 euros al año que paga Autocobermar al Ayuntamiento.
“Recientemente se ha conocido que, aunque la rúbrica de ese contrato la firmó el señor Codías, en calidad de administrador único de dicha mercantil, así como que en la actualidad aparece como propietario el señor Juan Villarejo [se refiere a José Manuel]en realidad quien ha ejercido en la práctica todo este tiempo como dueño y señor es el padre de este último, José Manuel Villarejo Pérez”, asegura Miguel Díaz.
“Esta práctica de no aparecer directamente, pero sí mover los hilos de sociedades,es común en este deplorable personaje de las cloacas del Estado”, subrayó el edil.
