El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha afirmado este lunes que, “en ningún momento, nadie ha barajado ninguna opción” de cerrar la escuela de hostelería de La Cónsula, en la capital, y ha recordado que los “trabajadores están allí y hemos estado manteniendo reuniones con ellos para programar el inicio de la actividad docente normalizada para cumplir todo el curso, de docencia y práctica”.
Ruiz Espejo, que ha presentado el balance de donaciones y trasplantes registrados en el ‘Sector Málaga’, ha recordado que la pasada semana se decidió con los trabajadores “establecer cuál iba a ser la programación y el calendario para el inicio de este trimestre” y, en función de ese diálogo y acuerdo, “se establecerá esa programación y, por tanto, se comunicará a los alumnos”.
Ha añadido que es una cuestión que hay que tratar con los trabajadores porque “el final del trimestre pasado no fue normalizado” y “queríamos que el inicio se produjera en unas condiciones de normalidad docente para los alumnos, con el objetivo de cumplir el curso con las horas de docencia y práctica que tiene que tener”.
Por otro lado, ha recordado que el proceso de integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que es el que garantizará el funcionamiento futuro y definitivo de estas escuelas de formación, “sigue su curso” y ha añadido que se está a la espera de los documentos que “son necesarios para continuar con esa tramitación definitiva”.
Tras la aprobación de las cuentas de ambos consorcios y una vez que se realice la auditoría de las cuentas, se convocará un nuevo Consejo para su aprobación y para la cesión definitiva al SAE de los activos y pasivos de las escuelas, con lo que el proceso quedaría culminado y se procedería a la integración.
“El horizonte esta despejado, y en estos momentos, estamos en las tareas administrativas, que son requisitos imprescindibles para que cualquier organización pueda integrarse en un organismo publico”, ha incidido.
Cuestionado por alguna fecha concreta en la que podrían estar las auditorias, ha explicado que “depende del órgano al que se le contrató”, incidiendo, al respecto, que “tiene unos tiempos legales máximos, que es de un mes para realizar la auditoria y los trabajos de intervención, que tienen también que realizarse para poder contar con ello”.
“No son fechas que nosotros podamos dar porque dependen de estos órganos y son requisitos imprescindibles en una tramitación administrativa como ésta”, ha concluido.