El exalcalde de Marbella Julián Muñoz este lunes en el banquillo de los acusados junto al también encausado Juan Antonio Roca. Foto/ EUROPA PRESS
El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y seis exediles han asumido este lunes los hechos por los que se les acusa en relación con delitos contra la ordenación del territorio en el caso ‘Goldfinger’, que versa sobre la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer, a los que no se juzga.
La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha iniciado este lunes el juicio contra 18 personas, entre las que está también el cerebro de la trama de corrupción marbellí del caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca, cuya defensa ha alegado vulneración de su derecho a la libertad, por no haber tenido en casi 10 años que lleva en prisión un permiso; y de su derecho a un proceso justo.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Muñoz de dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de fraude. El exregidor ha dicho al Tribunal que “no sólo me conformo sino que como ya he manifestado en otras ocasiones me arrepiento de los hechos cometidos”. También ha vuelto a pedir a la Sala que le exima de acudir a todas las sesiones por su estado de salud, aunque la Fiscalía quiere interrogarle.
En el caso de Muñoz, la pena por el delito contra la ordenación del territorio sería de un año de prisión. En cuanto a la pena por fraude, su abogado, Javier Saavedra, ha señalado que aunque se aceptan los hechos, en su momento se pedirá a las acusaciones una rebaja de lo solicitado inicialmente, por lo que no se ha concretado.
Su letrado ha dicho que “no se puede tener juicios permanentemente desde 2006 y estamos en 2016, cada 15 o 20 días”, porque “no hay nadie que ni humana ni psicológicamente pueda soportarlo”. Saavedra ha aludido a las condiciones físicas de Muñoz, que “son lamentables”, con “un mayor deterioro cada día”.
Por su parte, los exconcejales Alberto García Muñoz, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones, Rafael González, Marisa Alcalá y Francisco Javier Lendínez, todos acusados por delito contra la ordenación del territorio; también se han conformado con los hechos y según las penas acordadas en su día para este tipo delictivo, que serían de nueve meses de prisión para los tres primeros, de 12 meses para los dos siguientes y de 15 meses para el último.
En cuanto a Roca, para el que el ministerio público solicita ocho años de prisión por los dos delitos contra la ordenación del territorio, uno de fraude y cohecho, su abogada ha pedido en el trámite de cuestiones previas la restauración de sus derechos a la libertad y a un juicio justo; y ha señalado que su defendido cumple el próximo mes de marzo 10 años de prisión durante los que se le han denegado los permisos, tras oponerse la Fiscalía alegando que tenía causas pendientes “que ella misma ha ido creando sistemáticamente”.
Así, ha indicado que el ministerio fiscal presentó varias querellas contra Roca que se han dividido en múltiples causas y “recientemente hay 102 nuevos procedimientos por hechos entre 2002 y 2006”. Asimismo, ha apuntado que en el caso de los hechos que se ven en ‘Goldfinger’ es “la tercera vez que se ponen en la lupa de un juez”, de forma que las dos anteriores no siguieron para adelante, mientras que en esta ocasión sí porque “no se quiso investigar”.
Las defensas han planteado en sus cuestiones previas varias nulidades por vulneración de derechos y el abogado del Estado ha instado a la suspensión, tras haberse presentado el pasado 5 de enero por parte de una de las defensas un informe pericial.
La causa y los delitos que se imputan
En este procedimiento se acusa por los delitos de fraude, contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental. Además de Muñoz, Roca y los exediles, se juzga a dos abogados de un despacho, que habrían representado los intereses económicos del matrimonio Connery en Marbella, un empresario y varios asesores fiscales y profesionales financieros.
La causa se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe emitido por el Tribunal de Cuentas. Inicialmente, se investigaron únicamente los convenios de recalificación del Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. –propietaria del chalé de los Connery– y By the Sea –que tenía las fincas colindantes a la anterior–, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú, cuya construcción finalizó en 2005.
Posteriormente, tras varios informes relacionados con el blanqueo de capitales y de la Agencia Tributaria, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción, a través de un entramado societario, en las que supuestamente habrían intervenido abogados del despacho marbellí acusados y que representaron los intereses económicos del matrimonio en Marbella.
En esta causa, se indica que la comisión de gobierno del Ayuntamiento, en mayo de 2002, acordó conceder licencia de obras al proyecto básico presentado por By The Sea para la construcción de 72 viviendas y garajes. Los entonces concejales acusados concedieron estas autorizaciones “con plena conciencia de su ilegalidad”.
El fiscal sostiene que Roca diseñó toda la operación y se pretendía favorecer económicamente al promotor
El fin era, según el escrito de conclusiones iniciales, “favorecer económicamente a la entidad promotora”, siendo Roca el que “diseñó toda la operación para obtener un enriquecimiento económico propio y de terceros”, junto con los abogados y los asesores acusados. La nueva configuración urbanística de los terrenos suponía “un notable incremento en la edificabilidad” y debido a las deficiencias en la determinación de los excesos de aprovechamiento y por aplicación de precios no ajustados a los de mercado, el perjuicio para las arcas municipales fue de 2,7 millones de euros.
El fiscal sostiene que “la contrapartida concertada” por Roca con los asesores acusados se concretó en la reserva de dos apartamentos del conjunto Malibú, aunque la detención de Roca por la operación Malaya “truncó la disponibilidad” de los mismos. Asimismo, acusa a los representantes de las sociedades de idear “un mecanismo defraudatorio que permitiera evadir el pago de impuestos –como la declaración de pérdidas ficticia–, además de colocar sus ingresos fuera del país a disposición de los socios”.
