Imagen del banquillo de los acusados del ‘caso Goldfinger’ este martes. Foto/Europa Press
El exgerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha asegurado que el Grupo Independiente Liberal (GIL), presidido por el exalcalde marbellí Jesús Gil creó en dicha localidad “un mecanismo para exprimir” a los propietarios de terrenos en cuanto a la cesión de aprovechamientos urbanísticos recogida en los convenios que se firmaban.
Roca ha declarado este martes en el juicio por el caso ‘Goldfinger’, en el que está acusado y que versa sobre la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer, a los que no se juzga. Los abogados que representaron los intereses del matrimonio en Marbella y otros cinco acusados se han acogido a su derecho a no declarar. El juicio sigue este miércoles.
Roca ha contestado a todas las defensas
El exasesor de urbanismo sí ha contestado a todas las defensas y acusaciones que le han querido preguntar y ha señalado que exigirle un 50 por ciento de cesión de aprovechamientos en vez de un 10 por ciento “no tenía soporte legal” sino que fue un “invento” del GIL y los propietarios “lo aceptaban”. Ha llegado a decir que suponía darles un “sablazo”.
Ha señalado que el urbanismo de Marbella era “un caos”, aunque ha manifestado que “el que los técnicos han informado conforme tenían que hacerlo y los concejales votaban como se había acordado en pleno no tiene discusión”.
Al respecto, ha señalado que el exalcalde marbellí Julián Muñoz, también acusado en esta causa en su caso por los delitos contra la ordenación del territorio y fraude, “nunca” le acompañaba en las reuniones que mantenía respecto a los convenios urbanísticos, asegurando que ha tenido diferencias con éste por los problemas entre Muñoz y Gil.
Los convenios investigados
Respecto a los convenios con Malibú y By the Sea que se investiga en esta causa y tras los que se realizó una recalificación que permitió la construcción de una promoción de apartamentos, Roca ha negado haber recibido dinero o inmueble o promesa sobre ello, así como haber tenido participación a través de sus sociedades o directamente en dichas empresas.
Ha asegurado que ya se le preguntó en los juicios del caso ‘Saqueo I’ y de ‘Malaya’ por unos documentos que versan sobre un presunto regalo de dos apartamentos por un trato de favor a una de esas sociedades. “Se me ha desnudado, se me ha exprimido documentalmente hablando y si no ha salido nada es porque no hay nada de este tema”, ha incidido.
Ha negado un acuerdo con uno de los representantes de esas sociedades y responsable del despacho de abogados Díez Bastien, también acusado, para hacerle una rebaja en el precio que tenía que pagar en virtud del convenio y ha explicado que había un error en la valoración “que yo corregí y el interventor avaló mi corrección porque era escandaloso el precio”.
Ha señalado que en el caso de la empresa Malibú –que tenía el terreno donde estaba el chalé de los Connery– se valoraron los aprovechamientos en el triple y en By the Sea, en el quíntuple. Además, ha dicho que no se puede comparar los precios con otros convenios porque “la tipología del suelo es diferente”, un “error del Tribunal de Cuenta por el que ahora estamos aquí”, ha dicho.
Roca ha reiterado que el actor escocés adelantó a Gil que se iba a ir de Marbella debido a que se veía afectado por unas construcciones colindantes a su casa con más altura y “que decía que esos señores no iban a verle en calzoncillos”.
Ha expresado que los incumplimientos entre los estudios detalle y el proyecto básico de la promoción urbanística, con 72 apartamentos, “son mínimos”, al tiempo que ha señalado que la concesión de las licencias, que fueron aprobadas, estaba condicionada a que se cumplieran una serie de características y se hizo.
Siete acusados se niegan a declarar
Un total de siete acusados, entre ellos los dos abogados responsables de las sociedades y representantes de los intereses económicos del matrimonio en España, se han acogido a su derecho a no declarar. Otros dos sí han dicho que contestarán las preguntas que les formulen tanto las acusaciones como las defensas y uno de los procesados ha señalado que contestará al fiscal y a su letrado.
Así, uno de los acusados que ha declarado, que trabajaba en un banco y está acusado por delitos de falsedad por emitir unos certificados de transferencias internacionales, ha dicho que esos documentos se hicieron a petición de un procesado, siguiendo una plantilla y servían para verificar que las transferencias de dinero para la venta de la promoción venían de banco a banco.
Ha incidido en que se hacían “en la confianza y garantía de que eso iba luego a la notaría donde se firmaban los contratos privados” y ha asegurado que “si el banco hubiera visto alguna anomalía, me hubieran echado a la calle y sigo trabajando”.
