El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, en imagen de archivo. Foto/ J.C. Villanueva
La Fiscalía de Málaga se opone a la suspensión de la ejecución de las penas de prisión impuestas a dos exdirectivos de la promotora Aifos, como son Jenaro Briales y Francisco García Lebrón, ambos condenados a un año y 10 meses de prisión en el caso ‘Malaya’, contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella. Se basa en la naturaleza de los delitos cometidos.
Ambos fueron condenados por un delito de cohecho activo y por otro de fraude y, además de la pena de prisión, se les impuso a cada uno el pago de 2,2 millones de euros de multa, “que no consta que haya abonado” ninguno, según señala el ministerio público en los escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, respondiendo a las peticiones de las defensas.
Las defensas alegan que se cumplen los requisitos que recoge el Código Penal, como que la pena es inferior a dos años y no tener antecedentes; pero la Fiscalía responde aludiendo a varias resoluciones en las que se denegó dicho beneficio por la naturaleza del delito cometido, relacionado con la corrupción pública, y por “el efecto desmotivador” que causaría el no cumplimiento.
Así, entre otros autos se remite a uno dictado por la Audiencia de Palma de Mallorca, en el que se ordenó el ingreso en prisión para cumplir una pena inferior a un año, y el emitido por la Sección Segunda de Málaga en un caso por blanqueo, refiriéndose a la causa en la que fueron condenadas, entre otras personas, la cantante Isabel Pantoja.
El fiscal recuerda que las condenas a estos exdirectivos se enmarcan en la sanción de conductas de corrupción administrativa “que han asolado el municipio de Marbella” durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL), en concreto con “el uso ilegal” de las facultades urbanísticas atribuidas a la Corporación Local en beneficio de promotores, entre los que están estos condenados.
Incide en que estas condenas forman parte “de la respuesta jurídica a un caso de corrupción especialmente sangrante” y que la propia Sala “tilda de sistema de corrupción intrinseca”, que genera importantes perjuicios para Marbella. “Son conocidos los devastadores efectos que producen en la sociedad estas conductas”, se señala, añadiendo que “se socavan los pilares del sistema democrático”.
Por esto, el fiscal considera que la respuesta punitiva “ha de ser contundente”, remitiéndose de nuevo a la resolución de la Audiencia de Málaga, en la que se hablaba de un cumplimiento efectivo de las penas para huir “de pronunciamientos meramente formales, equivalentes en la práctica a una cuasi impunidad material” de personas de relevancia.
