El presidente del tribunal del ‘caso Malaya’, José Godino, en octubre de 2013, poco antes de dar a conocer la sentencia
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha comenzado a estudiar cada caso de los condenados en ‘Malaya’, contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, con penas inferiores o igual a los dos años de prisión para ver la posibilidad de sustituir la cárcel por multa, así como establecer un calendario de pago de las sanciones pecuniarias impuestas.
Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han señalado que para esa sustitución se mirará si esos condenados tienen antecedentes penales o procedimientos pendientes y, sobre todo, el que hayan hecho frente a la multa ya impuesta en la sentencia del Tribunal Supremo o tengan una clara intención de hacerlo, con un compromiso de pago.
En este sentido, han señalado que para determinar la cantidad por la que se sustituirá la prisión, se tendrá en cuenta la pena de cárcel impuesta y las capacidades económicas, siempre atendiendo, en primer lugar, a que si los condenados tienen bienes deberán responder con ellos y, en caso de que no sean suficientes, se establecerán pagos mensuales según los ingresos.
Asimismo, han manifestado que se fijará un calendario para hacer frente a la sanción pecuniaria a la que hayan sido condenados, con el objetivo, siempre, de garantizar el pago de la mayor parte de esas multas impuestas a los condenados, en algunos casos, millonarias.
En este grupo se encuentran varios empresarios como los tres exresponsables de la promotora Aifos, condenados a 10 meses de prisión y una multa de 2,2 millones de euros. Respecto a éstos, la Fiscalía se ha opuesto a la suspensión de la pena de cárcel de dos de ellos, basándose en la naturaleza del delito de cohecho.
También se encuentra José María González de Caldas –seis meses de prisión y multa de 30.000 euros–; el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, que tiene una pena de 18 meses de cárcel y multa de 36.000 euros; la exedil Marisa Alcalá, condenada a dos años de prisión–; el que fuera jefe de la Policía Local Rafael del Pozo –multa de 60.000 euros– y tres marchantes de arte.
Respecto a los cinco condenados a más de dos años que no han ingresado en prisión, el Tribunal decidió la pasada semana dar un nuevo plazo de siete días al empresario Carlos Sánchez, que se encuentra en República Dominicana atendiendo varias citaciones judiciales en las que él es el perjudicado.
En caso de que se cumpla ese plazo y no se haya presentado voluntariamente en ninguna cárcel, la Sala advierte en una providencia de que “sin más trámites” se ordenará su busca, captura e ingreso en prisión; lo que ya se ha hecho con el también empresario Andrés Liétor y el abogado Juan Germán Hoffmann.
