Imagen de una de las sesiones del juicio oral por el ‘caso Goldfinger’ que se celebra en la Audiencia de Málaga. Foto/ Europa Press
La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha modificado el calendario del juicio por el caso ‘Goldfinger’, que versa sobre la operación urbanística y financiera relacionada con la parcela en la localidad malagueña de Marbella en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer, a los que no se juzga. Así, ha añadido nuevas fechas y prevé terminar la vista oral en mayo.
En este procedimiento se juzga al exalcalde marbellí Julián Muñoz, al exasesor de urbanismo del Ayuntamiento Juan Antonio Roca –para el que se piden ocho años de cárcel–, a seis exediles, a dos abogados de un despacho que representaron los intereses económicos del matrimonio Connery en Marbella, un empresario y varios asesores fiscales.
La vista oral comenzó el pasado 11 de enero con las cuestiones previas. Inicialmente, se fijaron 17 sesiones, con la previsión de terminar precisamente este miércoles, 17 de febrero; pero debido a la necesidad de realizar varias vídeconferencias con Uruguay, Panamá, Holanda e Isla de Man, que requieren más tiempo para prepararlas, se ha modificado el calendario.
Así, el juicio continuará el día 14 de marzo con declaraciones testificales y el 11 de abril con periciales y con testigos que declararán por vídeconferencia. El 9 de mayo seguirán estas testificales y del 10 al 13 de mayo se prevé las pruebas documentales, las conclusiones, los informes de las partes y el turno de última palabra de los acusados.
La causa se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas. Al principio se investigaron sólo los convenios del Ayuntamiento con Malibú y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 apartamentos, denominada Malibú, finalizada en 2005. Luego se amplió a delitos fiscales por la explotación de la promoción.
La fiscal sostiene, inicialmente, que los convenios suponían “un notable incremento en la edificabilidad” y pretendían “beneficiar a los dueños de ambas entidades en perjuicio del Consistorio, mediante la rebaja de los costes de adquisición de los derechos edificatorios para ejecutar una promoción en una zona privilegiada de Marbella”, apuntando a que la “trama fue urdida por Roca” y otros tres acusados, abogados y asesores que “gestionaban los intereses de las entidades”.
Se acusa por los delitos de fraude, contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental. Muñoz y seis exediles mostraron su conformidad con los hechos relatados por el fiscal en cuanto a los delitos urbanísticos por los que están procesados, aunque en el caso de Muñoz no admitió el delito fiscal.
En el caso de Roca, la Fiscalía Anticorrupción lo acusa de dos delitos contra la ordenación del territorio, de fraude y de cohecho, solicitando ocho años de prisión. Éste, en su declaración, negó haber recibido dos apartamentos por dar un trato de favor a una de las empresas investigadas y aseguró que los convenios venían con el visto bueno del entonces alcalde, Jesús Gil.
Asimismo, declaró que el Grupo Independiente Liberal (GIL), presidido por Jesús Gil, creó en dicha localidad “un mecanismo para exprimir” a los propietarios de terrenos en cuanto a la cesión de aprovechamientos urbanísticos recogida en los convenios que se firmaban, ya que se les exigía un 50 por ciento, algo que “no tenía soporte legal”.
Por su parte, los dos letrados del despacho de abogados que representaban los intereses del matrimonio en España, están acusados de varios delitos contra la Hacienda Pública a raíz de las operaciones financieras realizadas en torno a la explotación de la promoción inmobiliaria. Éstos y otros cinco procesados se acogieron a su derecho a no declarar.
