Imagen del banquillo de los acusados en el juicio por el caso de la finca El Pinillo. Foto/ Europa Press
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha aceptado la prescripción de los delitos por los que se acusaba a cuatro de los procesados en el caso ‘Pinillo’, que versa sobre la operación urbanística desarrollada en la finca del mismo nombre ubicada en la localidad malagueña de Marbella.
Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Tribunal. Una decisión que afecta al exinterventor municipal José Antonio Castro, cuya defensa ha dirigido el letrado José Manuel Vázquez Rodríguez. Este exfuncionario fue acusado por un delito de falsedad de documento por imprudencia.
Asimismo, también han prescrito los delitos por los que fueron procesados otros tres acusados, como son el letrado Manuel Sánchez Zubizarreta –que cumple actualmente condena por el caso ‘Malaya’, contra la corrupción en Marbella–, su hijo, que también fue juzgado en esa causa, pero fue absuelto; y un tercer abogado.
Estas cuatro personas han quedado fuera del proceso. Respecto al resto de prescripciones y otras cuestiones previas planteadas por las defensas en ese trámite, como la vulneración de derechos fundamentales por un doble enjuiciamiento con ‘Malaya’, la Sala ha indicado que se resolverán en la sentencia.
En esta causa había 21 personas acusadas, entre ellas el exasesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y el exalcalde Julián Muñoz, que sí siguen en el juicio. Pero, además de las cuatro prescripciones, otros siete acusados, todos exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), se declararon culpables.
Éstos aceptaron los ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público pedidos por la Fiscalía Anticorrupción por un delito de prevaricación. Se trata de los exconcejales Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones, Javier Lendínez y José Luis Troyano.
La Sala fijó 37 sesiones, con la previsión inicial de terminar la vista oral a finales de octubre. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuenta.
En la sesión de este lunes ha comenzado la declaración de los acusados, el primero, el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, acusado por delitos de prevaricación administrativa, alteración de subasta y falsedad, entre otros. Éste se ha desvinculado de la tramitación de los expedientes de expropiación de la finca.
La Fiscalía Anticorrupción considera que con la operación urbanística desarrollada en dicha finca se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados, a partir de la expropiación, subasta y posterior transmisión de los terrenos, que en el proceso se revalorizaron.
A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que, además de prisión, solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales 15 años de cárcel para el exasesor.
En lo que respecta a Muñoz, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.
La acusación pública sostiene inicialmente que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella “los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros”.
La finca pasó a ser urbanizable, “en claro perjuicio para el Ayuntamiento y respecto de sus anteriores propietarios”. El fiscal relata una serie de operaciones “encadenadas” de transmisión del crédito hipotecario “que la gravaba” y en las que Roca participó, según el escrito, como interlocutor del Ayuntamiento, pero también a través de empresas para adquirir la deuda
