El exasesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, este martes ante el tribunal del ‘caso desoladora’. Foto/ Europa Press
El exasesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca ha declarado este martes que fue “utilizado de una forma descarada” en el proceso de construcción de la desaladora y ha asegurado que siguió órdenes del entonces alcalde y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Jesús Gil, y del que era jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento marbellí José Luis Sierra, que llevaron toda la gestión.
La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha comenzado el juicio contra Roca, acusado de malversación y prevaricación, por los “graves incumplimientos” de la norma y las presuntas irregularidades en el proceso para expropiar los terrenos para la desaladora, y también en la contratación administrativa y control contable de las obras. Inicialmente, estaba acusado Sierra, pero padece un deterioro cognitivo severo por alzhéimer, por lo que no es juzgado.
Anticorrupción solicita 8 años de prisión para Roca
La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente la pena de ocho años de prisión y 29 de inhabilitación para Roca, que por primera vez ha pedido a la Sala que le permitiera no acudir a dos de las tres sesiones que restan; los días 10 y 11 –termina el 12–, ya que está siendo juzgado a la vez por otros dos casos, lo que supone que tenga que ser trasladado prácticamente todos los días desde la cárcel.
La defensa ha argumentado esta petición en una cuestión “de humanidad” por lo que supone el traslado diario desde la cárcel a la Ciudad de la Justicia a una persona que lleva más de 10 años en prisión. Tanto el fiscal como las acusaciones particulares –Ayuntamiento de Marbella y Mancomunidad Occidental– se han opuesto a esto. Finalmente, el Tribunal lo ha denegado.
Roca niega que se quedara con casi 900.000 euros
Roca ha negado que se quedara con 871.446 euros destinados a obtener los terrenos de la desaladora, impulsada por la Mancomunidad Occidental en 1995 por la sequía; y ha asegurado que sólo se encargó, como gerente de la sociedad marbellí Planeamiento 2000, de negociar previamente a la expropiación con los dueños para conseguir el suelo sin coste, mediante convenios en los que se ofrecían aprovechamientos urbanísticos futuros.
El exasesor marbellí ha señalado que por este asunto ya le preguntaron en el juicio del caso ‘Saqueo II’, en el que se le condenó, pero por transferir ese dinero a otra empresa municipal; mientras que a un hombre de su confianza se le retiró la acusación. De hecho, su defensa ha planteado como cuestión previa que este caso es cosa juzgada, sobre lo que el Tribunal deberá resolver en su momento. Las acusaciones se han opuesto a este planteamiento.
Ha incidido en que el Tribunal de Cuentas no vio alcance contable en la gestión de Planeamiento 2000 y en que era el alcalde, entonces Jesús Gil, el que “ordenaba las transferencias de dinero de una sociedad municipal a otra”, al consejo de administración; lo que se hacía a través de efectivo que él mismo sacaba de la cuenta de la empresa, eso sí, teniendo una factura.
Dirección de obra de Acosol
Respecto al proceso de construcción, Roca, que fue gerente de la sociedad de la Mancomunidad denominada Mancosol Urbanismo, se ha desvinculado por completo y ha dicho desconocer por qué se dio la dirección de obra a Acosol, de la que Sierra era consejero, cuando no tenía los técnicos adecuados. Ha asegurado que el letrado y Gil le dijeron cómo se iba a hacer todo y las empresas con las que contratar los servicios venían previamente seleccionadas.
“Yo era un intermediario”, ha señalado, manifestando que Sierra “utilizó” la empresa Mancosol Urbanismo y a Roca para contratar a una empresa que, finalmente, a través de otras radicadas en el extranjero, tenía vinculación con el letrado. “¿Qué pintaba yo allí? simplemente para que Acosol no contratara directamente con la otra sociedad”, ha dicho, señalando que desconocía la relación con Sierra, “si no, no me presto”, incluso, ha apuntado, “creo que Gil no lo sabía”.
Asimismo, ha señalado que no cuestionó el contrato con esa empresa ni tampoco la verificó, porque venía del jefe jurídico. “Yo soy ingeniero, no abogado”, ha precisado, al tiempo que ha admitido que firmó facturas sabiendo que eran falsas y que la mayoría de las sociedades creadas en Mancomunidad durante la presidencia de Gil “no tuvieron utilidad alguna desde el principio”.
Pero el fiscal sostiene, en sus conclusiones iniciales, a las que tuvo acceso Europa Press, que Roca “ejerció de facto la jefatura del Ayuntamiento” e “incorporó a su patrimonio” el dinero que era para los justiprecios de las expropiaciones; además de adjudicar “de forma manifiestamente injusta” la dirección de obra a una empresa privada, “logrando desviar, junto a Sierra, la cantidad de 455.000 euros a favor de una empresa vinculada al abogado”.
