La edil y diputada provincial del PP de Marbella, María Francisca Caracuel, este jueves en rueda de prensa. Foto/ página web del PP Marbella-San Pedro
La concejal del PP de Marbella, María Francisca Caracuel, ha asegurado este jueves que los expedientes sancionadores que prescribieron en el mandato anterior, cuando gobernaban los ‘populares’, adolecían de “numerosos defectos de forma que hacían imposible que prosperaran”.
La también diputada provincial que ha comparecido en rueda de prensa, ha añadido que los recursos hacían referencia a actuaciones que iban a legalizarse con el PGOU de 2010.
“Los actuales responsables municipales conocían estas circunstancias pero las han omitido intencionadamente para tratar de empañar la imagen del anterior equipo de gobierno”, ha criticado.
La que fuera secretaria general del PP de Marbella, como predecesora de Manuel Cardeña, ha puesto el ejemplo de los expedientes de mayor cuantía económica, el del edificio Monte Azul. Según la edil, el recurso afectaba a 200 comuneros, aunque sólo se le notificó a uno, lo que, según ha señalado, “invalidaba la actuación y hacía que le procedimiento estuviera perdido de antemano”.
Las viviendas de Monte Azul se legalizaban a través del Plan General de Ordenación Urbana de 2010. El planeamiento, ha indicado la edil, se ha suspendido, por lo que la concejal ha preguntado al Gobierno local si anulará la licencia urbanística.
Caracuel ha asegurado que el PP tuvo que sacar adelante más de 1.000 contenciosos administrativos cuando gobernaba el Ayuntamiento, 200 penales o 40 procedimientos del Tribunal de Cuentas, actuaciones que culminaron en condenas a favor del Consistorio por valor de 240 millones de euros.
“Logramos ganar pleitos que reclamaban cantidades millonarias por convenios de etapas anteriores y que evitó la salida de 97 millones de euros de las arcas municipales”, ha indicado la edil.
Respuesta de la delegada de Urbanismo
Por su parte, la concejal de Urbanismo, Isabel Pérez, ha asegurado que el PP “no puede justificar que no se firmara un decreto de multas para dejar prescribir un expediente sancionador porque es un hecho que está fuera del marco legal”.
La concejal ha indicado en un comunicado que el anterior equipo de gobierno tuvo que haber resuelto los defectos de los expedientes y ha asegurado que el PP duda del trabajo de los empleados municipales, que, ha señalado, realizan los expedientes sancionadores y de infracción.
“Por mucho que se empeñe, el PP no tiene forma de desmontar esta circunstancia. ¿Qué criterio seguía el anterior equipo de gobierno para decidir qué expedientes sancionadores empezaban y cuáles no?”, ha inquirido.
