El exalcalde de Marbella Julián Muñoz junto al exasesor y cerebro del ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca, durante el juicio que se celebra en la Audiencia de Málaga. FOTO/ EP
El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha vuelto a declarar este martes que “nunca” gestionó ningún convenio urbanístico y que “jamás” hubiera firmado un documento si hubiera pensado o sabido que era algo ilegal, reiterando que era el exregidor Jesús Gil el que le decía lo que tenía que rubricar. “Él nos metió en un lío a todos”, ha aseverado.
Muñoz ha declarado en el juicio iniciado este martes en la Sección Octava de la Audiencia de Málaga en un caso en el que también están acusados el que fuera asesor urbanístico en el Ayuntamiento Juan Antonio Roca y un empresario por supuestas irregularidades a raíz de siete convenios urbanísticos, que produjeron un perjuicio al Consistorio de unos cinco millones de euros, según el fiscal.
En este caso, se investigan siete convenios urbanísticos, que fueron firmados por Muñoz como alcalde accidental y por el empresario –que fue juzgado también por el caso ‘Malaya’–, que representaba a tres sociedades, formando parte todas las parcelas del sector Elviria Sur, según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press.
Según el ministerio público, en los siete convenios se pactaban operaciones que suponían el aumento de edificabilidad de las parcelas, de lo que resultaban “unos aprovechamientos urbanísticos a favor del Ayuntamiento que se monetizaban y se transfería a las mercantiles” representadas por el empresario investigado a un precio “que era inferior al valor de mercado, en perjuicio de los intereses del Ayuntamiento”.
Muñoz ha aseverado que Gil “mandaba” los convenios que había que rubricar “y yo los firmaba”, porque “nunca” le advirtieron de ilegalidad alguna. “”Si hubiera sabido que era ilegal no los hubiera firmado”, ha reiterado el exalcalde marbellí.
El letrado de Muñoz ha solicitado a la Sala que autorice a éste a no acudir a todas las sesiones de la vista oral por su salud, como ya ha ocurrido en otros juicios; aunque el Tribunal ha rechazado esta petición, apuntando que lo ve bastante más recuperado.
También ha declarado Roca, quien ha asegurado que “nunca” hablaba con Muñoz de los convenios ni éste le acompañaba a negociar estos documentos, de los que sólo daba cuenta al exalcalde Jesús Gil “estuviera en Marbella o en Madrid”. “Gil imponía a sus concejales”, ha manifestado.
El fiscal incide en que “el incremento grosero de los índices de edificabilidad” suponía un perjuicio “constante, diario y perverso a los ciudadanos” y de “la calidad medioambiental del municipio de Marbella”. Indica que estos convenios fueron “negociados, redactados y firmados” en la sociedad Planeamiento 2000 “controlada por Roca”, contando con “la inestimable autorización” de Muñoz.
Al respecto, Roca ha rechazado que a consecuencia de estos convenios se viera afectada la legalidad en lo relativo a las infraestructuras y los equipamientos, apuntando que a Planeamiento 2000 llegaron unas 5.000 propuestas urbanísticas y sólo se aprobaron 600. Asimismo, ha apuntado que por estas operaciones el Ayuntamiento cobró, defendiendo las tasaciones realizadas.
El fiscal ha adelantado que modifica sus conclusiones en el sentido de acusar por los delitos de prevaricación administrativa y malversación, en lugar de fraude, como lo hacía inicialmente, eliminando el delito de prevaricación urbanística y considerando que ha habido dilaciones indebidas. Así, ha señalado que en su momento informará de las modificaciones que esto supone en cuanto a la pena solicitada para cada uno.
