El 70 por ciento de las demandas en la provincia de Málaga relativas a accidentes laborales “no llegan hasta el final”, bien por la prescripción del delito o por la retirada de la demanda por la parte afectada, según ha informado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en su informe de siniestralidad laboral.
El secretario de CCOO Málaga, Fernando Muñoz, ha criticado que esta “lentitud” de la administración de Justicia “hace desistir a las familias”. Como ejemplo, ha indicado que el pasado mes de junio se dictó sentencia en el caso de un ascensorista se sufrió un accidente laboral hace nueve años.
Según ha explicado, la empresa implicada en este caso “sale –del proceso judicial– no con la dureza que debe salir, sino porque la familia quiere salir del proceso judicial, queriendo pasar página después de diez años”.
Así, desde el sindicato han detallado que solo el 30 por ciento de las demandas de este tipo “llegan hasta el final”, y han señalado que los juicios tardan una media de ocho y diez años en celebrarse.
Informe de siniestralidad laboral
Muñoz ha alertado que, desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, “ha habido un incremento de la siniestralidad en Málaga, fundamentalmente en fallecimientos”.
Así, el informe recoge que en 2012 se produjeron 12 fallecidos; en 2013, 15; en 2014, diez; en 2015, 15; en 2016, 19; y en los cinco primeros meses de 2017, se han alcanzado los 13 fallecidos en el tajo. En cuanto a los accidentes no mortales, CCOO ha detallado que se producen 53 siniestros laborales con baja cada día en la provincia.
En este sentido, Muñoz ha trasladado el mensaje de frenar esta siniestralidad “que le está costando la vida a una serie de trabajadores y que por no perder su trabajo pierden la vida en ello”, impulsando a los empleados y a la sociedad “a denunciar las situaciones que, por sentido común, se observan en la calle”.
Asimismo, ha apuntado que la siniestralidad laboral a nivel nacional tiene un impacto económico en la sociedad malagueña, detallando que los 1,2 millones de accidentes laborales que sucedieron el año pasado, si cada uno recibiera una baja de un día, “nos costaría 44 millones de euros diarios al año”.
“Si el dinero que nos cuesta se invirtiera en planificación, en prevención y en medidas de seguridad; no solamente tendríamos a los trabajadores mejor protegidos y más contentos, sino que tendríamos empresas más competitivas”, ha concretado.
Por otro lado, ha hecho hincapié en la siniestralidad laboral en el caso de los trabajadores autónomos, externalizados y subcontratados, así como en las empleadas del hogar. En el primer caso, han indicado que los datos de accidentes en el trabajo no tienen en cuenta a estos empleados y que las “cadenas de subcontratación” quedan “al margen de la ley en lo relativo a la seguridad, planificación y vigilancia de la salud, que se la tienen que cubrir ellos solos”.
En el segundo, han criticado que estas trabajadoras están “fuera de esta cobertura en prevención, formación y planificación”, al tiempo que han señalado que la inspección laboral “se limita a comprobar que están de alta en la Seguridad Social, nada más”.
Tamaño de empresa y tipos de accidentes
Asimismo, han detallado que la mayoría de accidentes laborales mortales se producen en empresas con menos de 50 empleados, pymes o sociedades unipersonales, criticando que en estas entidades “no se protegen debidamente los derechos de los trabajadores”.
El secretario de Salud Laboral de CCOO de Málaga, José Martín, ha detallado que a 31 de mayo de 2017, se han producido 7.930 accidentes laborales, tanto en el puesto como ‘in itínere’. De estos, 121 han sido graves y diez mortales.
“La salud y el trabajo son derechos fundamentales que emanan de la Constitución, pero esto parece baladí y pasa a segundo plano cuando necesitamos trabajar y tenemos que hacerlo en las condiciones que se nos plantean, nos imponen o nos marcan desde ámbitos superiores”, ha criticado Martín.
Plan de acción
Por último, el secretario general de CCOO en Málaga ha detallado que el sindicato pondrá en marcha un grupo de trabajo multidisciplinar encaminado a visitar las empresas con mayor accidentalidad laboral: jardinería, agrarios, construcción y del sector servicios.
Este plan de visitas, según ha detallado, tiene el objetivo de sensibilizar a la población de los riesgos en el trabajo para la salud, desarrollar un plan de formación en riesgos laborales, y hacer de la salud laboral una prioridad en la agenda política andaluza.
Esta iniciativa, coordinada con la Delegación de Empleo y la dirección provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), busca poner en conocimiento de la fiscalía “todos los accidentes laborales graves o muy graves”, realizar una campaña sobre enfermedades profesionales con un año de duración, reforzar el trabajo con las mutuas, e impulsar acuerdos con las administraciones “para que se comprometan en la vigilancia de la salud y la actividad preventiva”.