El cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca (drcha), junto al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, durante una de las sesiones del juicio por el caso ‘saqueo 2’ celebrado en la Audiencia Nacional
La Fiscalía Anticorrupción ha cerrado un acuerdo con las defensas de Juan Antonio Roca y Julián Muñoz en el marco de ocho causas judiciales pendientes. Se trata de juicios abiertos relacionados con presuntos delitos en convenios urbanísticos durante la era GIL. De hecho, otros exediles gilistas encausados alcanzan también la conformidad, no así un empresario que tendrá que ser juzgado al margen.
Tal y como ha adelantado la cadena SER de Málaga dicho pacto llega después de tres meses de conversaciones entre las partes. Fruto de esta negociación los acusados admiten su culpabilidad en estos hechos concretos. Por parte de Anticorrupción se produce una modificación de los delitos por los que inicialmente acusaba el ministerio público: se retira el de malversación y se acusa por fraude, similar a nivel delictivo.
Quien fuera considerado cerebro del llamado ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca, y el exalcalde que sustituyó a Jesús Gil, Julián Muñoz, aceptan ser condenados en cada una de estas ocho causas penales a seis meses de cárcel por delito de fraude y cinco años de inhabilitación por delito de prevaricación.
Fuentes jurídicas consultadas por Marbella Confidencial se han referido a la “economía procesal” que se producirá ahora al aliviar el peso burocrático de unas sedes judiciales ya de por sí colapsadas en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Se trata de un argumento invocado por la Fiscalía en otras ocasiones, siempre en el marco de los delitos contra la ordenación del territorio (urbanísticos) y otros que van aparejados, como la malversación de caudales públicos y la prevaricación.
Fuera de este acuerdo se ha quedado el juicio pendiente relacionado con el convenio urbanístico del centro comercial La Cañada, promovido por General de Galerías Comerciales, propiedad del conocido empresario Tomás Olivo.
El juicio pendiente contra Tomás Olivo, Roca y Julián Muñoz queda fuera de la negociación
El empresario Tomás Olivo en una imagen de archivo cuando su sociedad General de Galerías Comerciales S.L. salió a bolsa. FOTO/ BME
Tal y como desveló este medio digital en 2019 el anterior equipo de gobierno que rigió Marbella entre agosto de 2017 y junio de 2019, conformado por Partido Popular y Opción Sampedreña (OSP),decidió el pasado 22 de abril, un mes antes de las elecciones municipales, retirar el escrito de acusación que habían presentado los abogados del Ayuntamiento en febrero de 2015 contra el conocido empresario Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada; el cerebro del ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca, y el exalcalde Julián Muñoz, entre otros acusados, en su mayoría exediles del GIL. Todo ello en el marco de un caso de presunta corrupción municipal, aún por juzgarse en la Audiencia de Málaga en el que, de forma paralela a la Fiscalía Anticorrupción, la administración marbellí había solicitado en febrero de 2015 abultadas penas de prisión e indemnizaciones para resarcir al Consistorio, debido al perjuicio patrimonial causado a las arcas públicas locales, a raíz de un convenio urbanístico del que partieron diversas operaciones inmobiliarias posteriores entre el citado empresario y la entidad local.
La responsabilidad civil que reclamaba la alcaldesa, Ángeles Muñoz, para indemnizar a las arcas municipales, como consecuencia de los delitos apreciados, alcanzaba los 47,7 millones de euros. Esta cantidad, a la que ahora renuncia Marbella tras alcanzar un acuerdo con Olivo, guardaba relación con la entrega de bienes inmuebles municipales, así como derechos edificatorios a General de Galerías Comerciales S.A. el buque insignia de este empresario murciano que ahora cotiza en bolsa.
Los exgobernantes del GIL, concretamente Julián Muñoz como alcalde accidental, contrataron con CGC y Emasa (empresas ambas de Olivo) la ejecución de las obras públicas de urbanización de la calle Jacinto Benavente y encauzamiento del Arroyo Primero. Por tales trabajos, que pone en duda el fiscal, se acordaba la entrega de bienes y aprovechamiento en pago de la deuda.
Olivo está acusado de entregar sobornos por importe de 1,6 millones de euros (270 millones de las antiguas pesetas) a Roca y otras personas del entorno del GIL, a través de la empresa Roadhouse España S.A. participada por los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Ambos fueron socios de Roca y condenados en ‘Malaya’ junto a él.
Las ‘mordidas’ que el fiscal y el Ayuntamiento achacaron a Olivo se produjeron de forma paralela al convenio que dio origen al centro comercial La Cañada, firmado el 5 de mayo de 1994, para la cesión de suelo y construcción de La Cañada, y que habría causado un perjuicio de 3,1 millones de euros a Marbella, según el Ministerio Público. Una tesis a la que se sumó el Ayuntamiento entre febrero de 2015 (escrito de acusación) y abril de 2019, cuando se apartó del procedimiento por completo, al desistir de seguir adelante como parte personada para defender los intereses de la ciudad. Fue tras llegar a un acuerdo económico con Olivo, que reclamaba una deuda de 24 millones de euros al Consistorio, por obras ejecutadas, y finalmente se quedaron en 12 millones a abonar.
