El actor Sean Connery junto a su mujer, Micheline, en una imagen de archivo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella que reitere la comisión rogatoria a Las Bahamas para informar a la esposa del actor Sean Connery sobre la apertura de juicio oral y de los escritos de acusación por un delito contra la Hacienda pública. Esta actuación del ministerio público se produce después de que aún no se haya podido comunicar personalmente a la cónyuge del intérprete escocés la decisión adoptada en el marco del conocido como ‘caso Goldfinger’, según ha avanzado la cadena SER.
Esto se produce después de que la comisión rogatoria remitida por el juzgado para comunicarle este trámite haya resultado negativa y no se haya cumplimentado por parte de las autoridades de dicho país; tras lo que el instructor decidió dar traslado a las partes acusadoras para que se pronunciaran sobre qué hacer en este punto de procedimiento, tal y como ha ampliado Europa Press tras la información de la emisora de Prisa.
Dicho juzgado acordó el 26 de noviembre del pasado año la apertura de juicio oral contra la mujer del actor escocés, acusada en una pieza separada del caso ‘Goldfinger’ por un delito contra la Hacienda Pública, por el que el fiscal pide dos años y medio de prisión.
En esa resolución se precisaba que como la acusada tiene su residencia en Las Bahamas, resultaba imprescindible acudir al auxilio judicial internacional para llevar a efecto notificación del proceso mediante la comisión rogatoria, dándose un plazo para que ésta fuera cumplimentada.
Se precisaba que transcurrido el plazo sin que haber sido ejecutada la comisión, “continuaría el proceso por los trámites establecidos en el artículos 784.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, sin perjuicio de que se diera traslado al fiscal para que informara “sobre la pertinencia de emisión de órdenes de detención a nivel internacional”. Finalmente, el ministerio público ha decidido pedir una nueva comisión rogatoria.
Anticorrupción acusó a la mujer de Connery como cooperadora necesaria de un delito contra la Hacienda Pública por defraudación del Impuesto de Sociedades, solicitando, además de la prisión, multa de 23 millones de euros, escrito al que se adhirió el Ayuntamiento de Marbella. La Abogacía del Estado, por su parte, pidió seis meses de cárcel y multa de 7,6 millones de euros, acusándola como cómplice.
La acusación pública considera que “se prestó” a colaborar con los principales imputados del caso ‘Goldfinger’ –del que ya hay sentencia, aunque no es firme– para formalizar “negocios jurídicos ficticios” que permitieron “ocultar” a la Agencia Tributaria las ganancias obtenidas en la venta de una promoción de apartamentos de lujo. La cantidad defraudada se estima en 7,6 millones de euros.
Así, se realizaron varias operaciones, procurando permanecer “lo más oculta posible”, de compra y venta de acciones, actuando a través de sociedades, como Agapanto o By the Sea. De hecho, en el apartado de la responsabilidad civil es en el que el juez requirió a la mujer de Connery, “como beneficiaria última o administradora” de dichas empresas, a que preste fianza de 10,2 millones.
