El juez Ricardo Puyol, director de la Oficina Antifraude, en una imagen de archivo en el Parlamento de Andalucía, cuando fue nombrado. Foto/ Cabanillas
A tenor de las últimas declaraciones del portavoz del equipo de gobierno de Marbella, Félix Romero, no parece que el Ejecutivo del PP que preside Ángeles Muñoz tenga mucha prisa y ganas de depurar responsabilidades en lo que atañe a las irregulares horas extras detectadas. No obstante, fuentes de la Oficina Antifraude de Andalucía, consultadas por Marbella Confidencial, recuerdan que este organismo dio un plazo de seis meses al consistorio marbellí –desde la fecha de notificación– para que abriera un expediente y expusiera sus conclusiones.
El pasado martes, sin dar ninguna explicación al respecto, Romero se limitó a decir que “nadie hace horas extra obligado”, al tiempo que defendió el procedimiento establecido y la libertad de los trabajadores para trabajar más horas si es necesario.
Fuentes del ente que persigue la corrupción en Andalucía, dirigido por el juez en excedencia Ricardo Puyol, explican que una vez concluido dicho plazo recabarán sus conclusiones al Ayuntamiento de Marbella. Será entonces cuando “Antifraude elaborará un informe en el que determinará si han existido, o no, irregularidades”, en el marco de las horas extras otorgadas por el equipo de gobierno local.
En caso de que el informe de Antifraude concluya que existieron irregularidades “se exhortará al Ayuntamiento para que las corrija y nos tendrá que informar de las medidas adoptadas”, precisan las fuentes citadas.
La Oficina Antifraude, creada a instancias del Parlamento de Andalucía bajo el primer gobierno de Juanma Moreno, en coalición del PP con Ciudadanos, constató la existencia de unos sobrepagos de horas extraordinarias a determinados colectivos del Ayuntamiento de Marbella. Sin embargo, la institución en manos de Puyol (juez que ejerció en Marbella) no tiene competencias para sancionar estas conductas, pero sí para exigir a la administración de Ángeles Muñoz que depure las responsabilidades pertinentes.
Dicha conducta en relación con las horas extras se viene produciendo desde 2019, como constató Antifraude. Una vez quede concluido todo el expediente abierto por la oficina Puyol se dará traslado al Tribunal de Cuentas, para que esta instancia judicial evalúe si ha existido algún tipo de alcance contable susceptible de reprobación.
Fue el 10 de abril del presente año cuando eldiario.es dio a conocer que Antifraude pedía investigar al Ayuntamiento de Marbella por los motivos mencionados. Fue tras una serie de denuncias sindicales. Y es que en abril de 2019, el consistorio imputó 721 horas extra a un trabajador del servicio de limpieza. Esto sería un exceso de carga laboral si no fuera porque, además, es imposible: abril tiene en total 720 horas, y difícilmente nadie puede trabajar más horas que las que hay en un día.
Varios empleados municipales superaban las 300 horas extra en un mes, que uno había cobrado 2.600 horas extra ese año o que, en total, en marzo de 2019 se computaron casi 50.000. En los ocho primeros meses de 2019 se cargaron 188.849 horas extra en el servicio de limpieza (27.000 jornadas de trabajo), con especial acumulación en marzo y abrill. Se trata de la delegación que dirige el edil Diego López.
Antifraude confirmó, al abrir su expediente, que el Ayuntamiento computó y pagó horas extra por encima de sus posibilidades; tantas, que suponen una “imposibilidad física”, por lo que le pide que abra una investigación interna y depure responsabilidades, llevándolo al Tribunal de Cuentas si es necesario
Dicho organismo contra la corrupción apuntó a la falta de control del Departamento de Recursos Humanos de Marbella –dirigido por el teniente de alcalde José Eduardo Díaz (PP), a pesar de los avisos lanzados por el Interventor, y sospechaba que estos pagos no tenían que ver con los servicios laborales: “El alto número de gratificaciones extraordinarias por conceptos como festivos, trabajos nocturnos… inducen a pensar en la posibilidad de que se estén usando para retribuir otros conceptos que no responden a esas causas”.
Tal y como apuntó el citado medio nacional, los sindicatos CGT y SEPMA deslizaron la posibilidad de que el consistorio gobernado por Ángeles Muñoz (PP) estuviese “inyectando” dinero a algunos trabajadores en la órbita del PP, justo antes de las elecciones municipales de mayo de 2019.
