El director general de Pesca de la Junta de Andalucía, con auriculares en el centro, durante un encuentro en Bruselas. Foto/ Junta
La Oficina Antifraude de Andalucía, creada durante el primer mandato de Juanma Moreno en coalición con Ciudadanos, ha propuesto sancionar al actual director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez Malia, por haber tramitado subvenciones desde su departamento a varias de sus empresas, sin que hubiera abstención o inhibición alguna al aprobarse dichas ayudas económicas.
En dicha resolución, de 26 páginas de extensión y a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial, la subdirectora de investigación, inspección y régimen sancionador, María Luisa Wic Galván, hace constar que quedan ” […] constatados los indicios de causas de incompatibilidad (dedicación exclusiva), causas de inhibición y causas de abstención, sin que la persona investigada, aparentemente haya depurado su situación hasta julio de 2023, ni tampoco se hayan articulado las abstenciones en debida forma en varios casos […]”.
Así pues, según el relato de hechos probados que hace la responsable de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAFF) Martínez Malia no comenzó a regularizar su situación hasta dos meses después de que en mayo de 2023 el Grupo Parlamentario del PSOE en Andalucía denunciara los hechos ante la citada institución que dirige el juez en excedencia Ricardo Puyol. Este magistrado es muy conocido en Marbella donde tuvo plaza en uno de los juzgados e instruyó sonados casos contra la corrupción, como el ‘caso Goldfinger’, donde llegó a imputar al actor Sean Connery; el ‘caso minutas’, contra Julián Muñoz y José María del Nido o el ‘caso convenios, entre otros.
Las ayudas económicas de las que entendió este alto cargo de la Junta –sin inhibirse– se refieren a dos empresas de su propiedad: Pesquerías Quintino S.L. y Carabina y Farruco S.L. En la primera Martínez Malia era apoderado general hasta julio de este año. En la segunda sociedad mencionada (de su hermano) vendió sus participaciones en octubre de 2021. No obstante, se le habían concedido subvenciones desde el julio anterior. Cabe recordar que el investigado ocupa el cargo en la Junta desde 2019 (primer gobierno de Moreno Bonilla) con Carmen Crespo al frente de la misma Consejería que ocupa ahora.
En las causas de abstención que para la Oficina Antifraude concurre en la persona del director general de la Junta concurren el hecho de haber sido “titular” de la mercantil Pesquerías Quintino S.L.; haber sido administrador solidario hasta 2012 y tener su representación hasta julio de 2023 “lo que evidencia el interés personal”, recalca la firmante de la propuesta de sanción.
Respecto a al mercantil Carabina y Farruco SL concurre como causa de abstención ser titular de la misma hasta el 4 de octubre de 2021 y tener relación de parentesco de segundo grado de consanguinidad con el administrador único (por tiempo indefinido) de la sociedad.
Respecto a “algunos de los tripulantes beneficiarios de las ayudas”, concurre el hecho de tener relación de parentesco de segundo grado de consanguinidad.
La OAFF recalca –tras analizar la denuncia de los socialistas– que “habiendo sido beneficiaria de ayudas de la administración pública, en el periodo comprendido entre el 2 de julio de 2021 y octubre de 2021 la persona investigada estaría incursa en la causa de incompatibilidad”.
A juicio de la firmante de la propuesta de sanción la persona del director general de Pesca “estaría indiciariamente afectada por doble causa de incompatibilidad, a saber, la participación en empresas perceptoras de ayudas públicas –desde el 2 de julio de 2021 hasta, al menos, el 4 de octubre de 2021, sin perjuicio de lo que pueda probarse en otros procedimientos– y ostentar la condición de apoderada de una empresa perceptora de ayudas públicas, desde el 2 de julio de 2021 hasta el 5 de julio de 2023″, reza esta resolución, que no es recurrible en la vía administrativa, ni tampoco en la contencioso-administrativa.
La OAFF da traslado a la Consejería de Pesca
Tras dar a las “partes interesadas” un plazo de diez días para formular alegaciones la Oficina Antifraude resuelve dar traslado de esta propuesta de sanción a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía “para que proceda a valorar la necesidad de implantar protocolos de detección temprana y prevención y/o cualesquiera mecanismos eficaces para velar por la ausencia de conflictos de intereses y causas de incompatibilidad de los altos cargos”.
En segundo lugar, “con relación a la causa de incompatibilidad (dedicación exclusiva) y deber de inhibición de la Ley 3/2005, de 8 de julio”, la resolución de la Oficina Antifraude propone a la “Dirección” de dicho organismo, en alusión a la citada consejería que dirige Crespo, que “se incoe el procedimiento sancionador correspondiente”, al ser constitutivos de responsabilidad sancionadora “los hechos objetivamente constatados”.
Ya en tercer y último lugar la OAFF proponer trasladar a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta la resolución y el expediente administrativo a fin de que por éste, previa valoración de las actuaciones practicadas, se acuerde, en su caso, “el inicio del correspondiente procedimiento”.
En base a lo anterior se cita el artículo 23.2 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, “con relación al deber de abstención de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público en los procedimientos de ayudas concedidas a los tripulantes que guardan relación de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad con la persona investigada”
El PSOE-A exige el cese del director general de Pesca
“Visto todo esto, no queda otra más que exigir el inmediato cese del director general de Pesca”. Así se ha pronunciado este miércoles el parlamentario por Málaga Josele Aguilar. Jurista de profesión ha sido él la persona encargada de dar a conocer, ante los periodistas, la resolución de la Oficina Antifraude.
“Este señor no puede seguir un día más al frente” de la citada dirección general, ha insistido Aguilar al emplazar a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, a que “dé urgentes explicaciones en el Parlamento de por qué ocultó estas incompatibilidades”.
Aguilar ha relatado que, cuando se le preguntó a la consejera en el Pleno del Parlamento “por estas incompatibilidades, negó las mismas y dijo que no había causa ninguna de abstención y de inhibición”, por lo que desde el Grupo Socialista exigen “la comparecencia inmediata” de la consejera.
En el caso de que Crespo no ofreciera “explicaciones contundentes y satisfactorias” los socialistas andaluces solicitarán al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que “adopte las medidas necesarias para paliar esta nueva crisis en su gobierno”, ha concluido Aguilar.
La OAFF aclara que la resolución es provisional y advierte sobre su “filtración”
El juez Ricardo Puyol en su despacho de la Audiencia de Granada en imagen de archivo
El malestar es notorio en el seno de la Oficina Antifraude que dirige el exjuez Ricardo Puyol tras lo que califican como “filtración” de su resolución a los medios. Marbella Confidencial ha constatado el enfado en el seno de esta entidad, según fuentes de la misma consultadas.
Tras la comparecencia ante los medios del diputado socialista Josele Aguilar la OAFF se ha apresurado a difundir un comunicado en el que subraya este miércoles que la propuesta de resolución que ha emitido en relación a supuestas “causas de incompatibilidad” que afectan al director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malia, es “provisional”, y ha advertido contra las consecuencias que puede generar la “filtración” de dicho documento.
“Ante las informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación con relación a posibles incompatibilidades del director general de Pesca de la Junta de Andalucía, y al objeto de preservar los derechos de la persona denunciada, así como el carácter reservado del procedimiento”, la Oficina Andaluza Antifraude ha querido aclarar que “las informaciones publicadas se refieren a una propuesta de resolución provisional, no finalizadora del procedimiento”, y al respecto ha precisado que “la parte denunciante y la parte denunciada disponen de un plazo de presentación de alegaciones que aún no ha concluido”.
La Oficina ha apuntado que su director, por resolución de 13 de noviembre de 2023, “declaró el procedimiento reservado en virtud del artículo 14.4 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de Lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, lo que implica la obligación del deber de sigilo y de confidencialidad sobre los hechos que son objeto de investigación e inspección, así como las personas y entes sobre los que se producen dichas actuaciones”.
“En este sentido, la filtración de información en la investigación que cause graves perjuicios a la propia investigación o al denunciante está tipificada como una infracción muy grave en virtud del artículo 43.g de la Ley 2/2021, de 18 de junio, y en consecuencia se podría estar incurriendo en un incumplimiento del mismo lo que conllevaría sanciones que oscilarían entre los 30.001 y los 100.000 euros”, advierten desde la Oficina Antifraude.
El comunicado concluye con la puntualización de que “en cualquier caso, la OAAF no está investigando ningún supuesto de fraude, las acciones que son objeto de filtración hacen referencia únicamente a infracciones de carácter administrativo, nunca delictivas, en las no se han detectado ningún tipo de alcance contable o de perjuicio económico para la Junta de Andalucía en el reparto de ayudas”.
