La presidenta de Apymespa, Ana García, junto a otros dos integrantes de su junta directiva, en imagen de archivo. FOTO/ MARBELLA CONFIDENCIAL
La Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa) ha solicitado a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, un paquete de medidas económicas, acordes con la situación generada por el Covid-19, que incluyen la petición de rebaja de sueldos de concejales (gobierno y oposición), así como de asesores, directores generales y demás altos cargos del Consistorio vinculados al Partido Popular .
En el documento fechado el 12 de mayo, de nueve folios de extensión y al que ha tenido acceso Marbella Confidencial, hay un amplio epígrafe dedicado a la “Reducción del Gasto Público” en la administración local, “como ejercicio de responsabilidad”, y se pide “un sacrificio real” que sea, según Apymespa, “palpable por la población”.
Este colectivo empresarial sampedreño sostiene que “ese dinero público con el que se cuenta en nuestro Ayuntamiento de Marbella cada año, (casi 300 millones de euros, o lo que es lo mismo 50.000 millones de las antiguas pesetas) más que nunca, debe ser de, por y para la ciudadanía en sus más amplios términos”.
Desde la asociación del citado núcleo de población marbellí aprovechan la actual coyuntura de debacle económica para recordar que en el pleno celebrado el 1 de Septiembre de 2017, ya con Ángeles Muñoz como sucesora de José Bernal en la Alcaldía, “se aprobó la subida del salario de los concejales de PP y OSP (entonces en coalición de gobierno) en un 16%, y la de los concejales de la oposición en un 36%. “Esto es, los concejales gobernantes pasaban a cobrar 62.500 euros al año, y los de la oposición 54.000.
En el marco de la secuencia cronológica de subida de emolumentos que trazan, hacen mención al pleno del 21 de junio de 2019, tras la mayoría absoluta del PP en las urnas, en el que se aprobó “una nueva subida salarial de los concejales del 4%, así como de las dietas por acudir a las comisiones y las sesiones plenarias”.
Durante la citada sesión plenaria de junio de hace casi un año “también se aprobó” que los directores generales de Alcaldía, Hacienda y Administración Pública y Recursos Humanos cobrasen 70.800,00 al año; el de Urbanismo y Vivienda 82.000,00 y el de Medio Ambiente y Playas, 80.000,00. Para los restantes directores generales se aprobó fijar su salario en 60.000,00 al año, detallan en el comunicado.
Además de lo anterior, los sueldos de los 25 cargos de “asesoramiento, o de confianza”, nombrados por la Corporación municipal , se establecían “en una horquilla entre los 36.000 y 60.000 euros al año”.
Propuesta de bajada de al menos el 20% del salario bruto de concejales gobernantes y entre el 60-80% de opositores
Documento de Apymespa
El colectivo empresarial que preside Ana García propone a la alcaldesa el establecimiento del sueldo bruto mensual, por concejal perteneciente al Ejecutivo local del PP, conforme al estado anterior a las dos subidas citadas “en un margen de dos años”. Así pues, sería una bajada de “al menos el 20 % del salario bruto” de los ediles gobernantes.
Por lo que respecta a los concejales de la oposición, (PSOE, OSP y Cs), se propone el establecimiento de sus sueldos brutos “acorde a las funciones que realmente desempeñen (asistencia a plenos, comisiones…)”. Bajo este criterio de Apymespa se trataría de una reducción “de entre un 60-80%, y en todo caso, una vuelta al estado anterior a las dos subidas citadas en un margen de dos años”, traducido todo ello en una “propuesta de bajada de, al menos, el 40% del salario bruto de los concejales no gobernantes”.
En cuanto a los directores generales se sugiere una bajada de entre un 25 y un 40% de sus sueldos brutos, lo mismo para los asesores, si bien Apymespa pretende que se fije todo en base a criterios de titulación y capacitación, principalmente.
No menos relevante resulta la petición para la “retirada, o rebaja sustancial” de algunos de los pluses y “beneficios añadidos” a los concejales, directores, asesores, funcionarios y trabajadores municipales, “en cuanto a una doble cobertura sanitaria por parte de la Seguridad Social, y de compañía sanitaria privada adicional”, reza el extenso documento.
Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Marbella. FOTO/ JAVIER MARTÍN
Reclaman una auditoría de Recursos Humanos sobre todo el persona del Ayuntamiento
La gigantesca plantilla municipal de Marbella ocupa también un apartado en el documento de Apymespa, colectivo que habla del “creciente malestar por el hecho de que se dedique más de un 70% del inmenso presupuesto que gestiona el Ayuntamiento de Marbella a funcionarios y trabajadores municipales en general que no son funcionarios, con sueldos muy superiores a los que el ciudadano de a pie puede optar en el sector privado”.
En aras de un ejercicio “necesario de transparencia” entienden que es el momento “crucial” para la realización de una auditoría externa de Recursos Humanos del Consistorio marbellí, “a fin de conocer todos los parámetros posibles para una mejor gestión en la toma de decisiones”.
Proponen auditar las retribuciones percibidas por la plantilla a” fin de controlar que estén basadas en los principios de equidad, mérito, cumplimiento del deber y capacidad”. Todo ello, aclaran desde la asociación empresarial, para estar en posición de establecer “como función básica permanente el control del coste salarial”.
Línea directa presupuestaria para autónomos
En el ámbito profesional al que representa Apymespa se sugiere la creación de una línea presupuestaria de ayudas directas a autónomos, comercios y micropymes de, “al menos, de un 5% del Presupuesto General del Municipio”.
Creación de una partida presupuestaria destinada a la consolidación de los comercios existentes para evitar los despidos y su cierre, así como ayudas para la apertura de nuevos negocios, por importe de, “al menos, 5% del Presupuesto General del municipio”.
Imagen del vivero de empresas de Marbella. FOTO/ EP
Plan de Promoción para la Reactivación de la Actividad Turística en el municipio, otro para incentivar el comercio local y de proximidad, y un tercero para reactivar el tejido cultural de la ciudad, que deberá llegar a todos los barrios donde exista dicha actividad económica.
Puesta en marcha de un Plan de Obra Pública “ambicioso”, para los próximos años en los que se adjudique, “legal y preferentemente”, entre las empresas locales (bien de forma directa o bien mediante UTE) que liciten, a fin de la “activación real” de la economía en dicho ámbito.
Plan de Ayudas directas a la Pequeña y Mediana Empresa y los Autónomos para implementar los sistemas de seguridad socio-sanitarias en los negocios.
Además, proponen la “intervención directa del Ayuntamiento como garante de determinados créditos blandos de los bancos” a los sectores más desfavorecidos de comerciantes y autónomos. No supondría desembolso alguno, afirman, sino el apoyo directo conforme a criterios objetivos más flexibles que los bancarios, al conocer mejor la identidad de la empresa o negocio local.
Rebajas de IBI e “impuestos no generalizados”
“Creemos necesario se estudien en profundidad los criterios que podrían utilizarse para considerar equitativa y proporcional una bajada en este importante impuesto”, sugieren a la alcaldesa.
Ponen de manifiesto que, a día de hoy, existe una bonificación del 50% para familias numerosas “a la que, respetuosamente entendemos, pueden acogerse familias que no tengan ninguna necesidad económica”.
Sin embargo, creen “totalmente necesario” se realice una rebaja de, al menos, el 30% a toda aquella persona que haya sufrido un ERTE.
Demandan la suspensión del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), “hasta tres meses después de la declaración por el Gobierno del fin del Estado de Alarma”, rebajando el mismo a los autónomos, comercios y micropymes, en un 30% de la cuota íntegra.
