El empresario Tomás Olivo en una imagen de archivo cuando su sociedad General de Galerías Comerciales S.L. salió a bolsa. FOTO/ BME
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga, la misma que juzgó el ‘caso Malaya’, ha acogido este lunes el inicio del juicio contra el empresario Tomás Olivo (propietario del centro comercial La Cañada); el exasesor urbanístico de Marbella Juan Antonio Roca y el exalcalde Julián Muñoz por un caso de presunta corrupción municipal cuyos hechos iniciales se remontan a 1994 y 1995, en el marco de un convenio urbanístico firmado entonces. De dicho acuerdo partieron sucesivas operaciones inmobiliarias posteriores entre el promotor murciano y el Consistorio marbellí.
Tal y como desveló Marbella Confidencial –el 4 de agosto de 2019– el equipo de gobierno que rigió Marbella entre agosto de 2017 y junio de 2019, conformado por Partido Popular y Opción Sampedreña (OSP), decidió el 22 de abril de 2019 –un mes antes de las elecciones municipales– retirar el escrito de acusación que habían presentado los abogados del Ayuntamiento en febrero de 2015 contra Olivo; el cerebro del ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca, y el exalcalde Julián Muñoz.
En el banquillo del tribunal presidido por el magistrado José Godino (Medalla de la ciudad de Marbella) se han sentado este lunes Roca y Olivo. Muñoz ha declarado por videoconferencia, por motivo de enfermedad alegada.
El exalcalde del GIL se ha reconocido culpable de los delitos de prevaricación y fraude que se le imputan. Así pues, el exregidor se ha conformado con la pena solicitada por el fiscal, Francisco Montijano: 15 años de inhabilitación y 18 meses de prisión por los delitos continuados de prevaricación, fraude y prevaricación urbanística.
Otros exediles del GIL que fueron procesados también alcanzaron un acuerdo de conformidad con el ministerio público, no así Roca y Olivo (este último absuelto en su día en el ‘caso Malaya’) que optan por seguir adelante en el banquillo de los acusados.
La primera sesión de este 16 de octubre ha estado dedicada a las cuestiones previas alegadas por las defensas. El representante de la acusación pública ha pedido un plazo de 30 días a la Sala. Pretende analizar todo lo alegado por los letrados y emitir su escrito de respuesta, petición que se le ha concedido.
Dentro de un mes el tribunal que preside Godino se pronunciará sobre todos los escritos y fijará una nueva fecha para la vista oral contra Roca y Olivo.
Las defensas aprovechan a su favor que Ángeles Muñoz retirara la acusación del Ayuntamiento
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en una imagen de archivo junto a sus entonces socios de gobierno de OSP, los ediles Manuel Osorio y Rafael Piña. FOTO/ CABANILLAS
Como era de esperar, la sorprendente y polémica decisión de la alcaldesa y sus socios de OSP, de retirar la acusación que ostentaban los abogados del Ayuntamiento de Marbella, ha sido aprovechada, durante la vista de este lunes, por parte de las defensas.
Así, los letrados de Roca, Olivo y Muñoz han coincidido en que, a su juicio, no tiene sentido pedir responsabilidad civil cuando el supuesto perjudicado, es decir, el Ayuntamiento, se ha retirado del procedimiento y otros tribunales no ven perjuicio en las arcas públicas, según ha informado Europa Press.
Cabe recordar que en diciembre de 2020 Anticorrupción alcanzó un acuerdo de conformidad con Julián Muñoz y Juan Antonio Roca sobre ocho causas penales relacionadas con convenios urbanísticos. Sin embargo, la que se ha comenzado a juzgar ahora, en relación con General de Galerías Comerciales S.A., quedó fuera del pacto.
Las defensas han expuesto, este lunes, que los hechos juzgados están prescritos y algunos de ellos ya se juzgaron en casos como ‘Malaya’. Además, dichos letrados han incidido en que el juicio oral debería declararse nulo, por haberse vulnerado garantías de los acusados a quienes –añaden– “se les ha causado indefensión”.
Tal y como informó este diario digital, en agosto de 2019, de forma paralela a la Fiscalía Anticorrupción, la administración local marbellí había solicitado en febrero de 2015 abultadas penas de prisión e indemnizaciones para resarcir al Consistorio, debido al perjuicio patrimonial causado a las arcas públicas, a raíz de un convenio urbanístico con la empresa de Olivo.
La responsabilidad civil que reclamaba la alcaldesa, Ángeles Muñoz, para indemnizar a las arcas municipales, como consecuencia de los delitos apreciados, alcanzaba los 47,7 millones de euros.
Tal cantidad, a la que en 2019 renunció Marbella tras alcanzar un acuerdo con Olivo, guardaba relación con la entrega de bienes inmuebles municipales, así como derechos edificatorios a General de Galerías Comerciales S.A. el buque insignia de este empresario murciano que ahora cotiza en bolsa.
Los exgobernantes del GIL, concretamente Julián Muñoz como alcalde accidental, contrataron con GGC y Emasa (empresas ambas de Olivo) la ejecución de las obras públicas de urbanización de la calle Jacinto Benavente y encauzamiento del Arroyo Primero. Por tales trabajos, que puso en duda el fiscal, se acordaba la entrega de bienes y aprovechamiento en pago de la deuda.
El fiscal acusó a Olivo de entregar sobornos a Roca por 1,6 millones de euros
El cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca (drcha), junto al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, durante una de las sesiones del juicio por el caso ‘saqueo 2’ celebrado en la Audiencia Nacional
El fiscal Montijano acusó en 2015 a Tomás Olivo de entregar sobornos por importe de 1,6 millones de euros (270 millones de las antiguas pesetas) a Roca y otras personas del entorno del GIL, a través de la empresa Roadhouse España S.A. participada por los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Ambos fueron socios de Roca y condenados en ‘Malaya’ junto a él.
Las ‘mordidas’ que el fiscal y el Ayuntamiento achacaron a Olivo se produjeron de forma paralela al convenio que dio origen al centro comercial La Cañada, firmado el 5 de mayo de 1994, para la cesión de suelo y construcción de La Cañada, y que habría causado un perjuicio de 3,1 millones de euros a Marbella, según el Ministerio Público.
A la tesis del fiscal del caso, Francisco Montijano, se sumó el Ayuntamiento de Marbella entre febrero de 2015 (escrito de acusación) y abril de 2019. Fue entonces cuando el Ejecutivo de Ángeles Muñoz, coaligado con los concejales de OSP Rafael Piña y Manuel Osorio, se apartó del procedimiento por completo, al desistir de seguir adelante como parte personada para defender los intereses de la ciudad.
El giro de 180 grados de los gobernantes populares y sampedreñistas se produjo tras llegar a un acuerdo económico con Olivo, que reclamaba una deuda de 24 millones de euros al Consistorio, por obras ejecutadas, y finalmente se quedaron en 12 millones a abonar.
Extracto del escrito de acusación del fiscal sobre Tomás Olivo en 2015.
El convenio de La Cañada
El llamado ‘convenio de La Cañada’ estipulaba que Olivo estaba obligado a desembolsar 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) a la administración municipal.
El plan de pagos consistía en abonar 360 millones de pesetas (2,1 millones de euros) en concepto de obras de construcción futuras, entregar 80 millones de pesetas (482.000 euros) al Ayuntamiento a la firma del convenio, así como aplazar sendos pagos de 80 millones de pesetas que no se ejecutarían hasta que se obtuviera la licencia de construcción y se produjera la apertura del centro comercial.
Imagen del centro comercial La Cañada
A juicio del fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Francisco Montijano, firmante del escrito de acusación, “en realidad, Tomás Olivo López adquirió los terrenos de ‘La Cañada’ a cambio de sus propias obras de urbanización (movimientos de tierras y canalizaciones y plantaciones para asegurarlas y compactarlas)”, así como de una “teórica contraprestación” dineraria que no llegó a satisfacer, salvo los 80.000.000 de pesetas dados en metálico”.
Lo primero, argumentaba el fiscal, “ha perjudicado al Ayuntamiento de Marbella en 360.000.000 de pesetas (2.163.643,57 euros); lo segundo en los 160.000.000 de pesetas (961.619,36 euros)”, precisaba Montijano.
Montijano concluyó que Olivo “efectiva y realmente, pagó 80 millones de pesetas al Ayuntamiento de Marbella y 270 millones de pesetas a los fallecidos José Luis Jiménez y Jesús Gil, además del acusado Juan Antonio Roca, a través de la intermediaria Roadhouse S.A. de los empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Lietor Martínez que cobraron su comisión de 30 millones de pesetas”. Todos estos hechos han prescrito ya, según fuentes próximas al fiscal consultadas.
Marbella Confidencial confirmó en 2019 el cambio de postura del Ayuntamiento de Marbella en el curso de una investigación periodística, iniciada para conocer en qué estado se encontraba este sumario, de índole penal, que arrancó cuando en 2006 Anticorrupción interpuso una querella, tras un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del Estado (TdC) sobre la administración municipal y sus sociedades durante los gobiernos del GIL.
El ‘caso convenios’
Las diligencias incoadas a raíz de la querella del ministerio público se desgajaron en una treintena de piezas separadas, todas ellas en el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, en lo que se dio en llamar el ‘caso convenios’. Uno de estos convenios fue el de dos empresas de Olivo con el Consistorio que regía el GIL en 1995.
El fiscal sostuvo en su escrito de 2015 que Olivo adquirió los terrenos de la citada superficie comercial mediante sobornos y pidió para él un total de 18 años de cárcel, por los delitos de cohecho continuado, fraude y prevaricación urbanística, así como 10 años de inhabilitación por prevaricación. El presunto sobornado fue el exasesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca, para quien se pedían un total de 24 años de privación de libertad.
Anticorrupción reclamó una responsabilidad civil de casi 50 millones de euros, a devolver en su mayoría por los tres principales imputados (Olivo, Roca y Muñoz), en relación con las diversas operaciones urbanísticas que se relatan y el consiguiente perjuicio a las arcas públicas.
La marcha atrás del Ayuntamiento de Marbella al exonerar a Olivo y al resto de los catorce acusados –mediante un escrito del 22 de abril de 2019– se produjo cuatro meses después de que el Pleno marbellí, con los votos a favor de PP, OSP y PSOE (votaron en contra IU y Podemos) diera luz verde a un acuerdo transaccional alcanzado entre la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la empresa General de Galerías Comerciales (CGC), propiedad de Olivo.
El acuerdo entre ambas partes reflejaba la obligación de abonarle a GGC (empresa que gestiona La Cañada) 12 millones de euros, de un total de 24, que reclamaba el empresario murciano por la vía de lo contencioso administrativo. Se trataba de unas obras impagadas a Olivo, por parte de gobiernos del GIL, precisamente en el marco del convenio urbanístico de La Cañada, objeto de acusación ahora en solitario por parte de Anticorrupción.
Cuando Ángeles Muñoz y Tomás Olivo consensuaron dicha indemnización surgieron voces discrepantes con este acuerdo en Podemos e Izquierda Unida. Uno de los más críticos fue el entonces portavoz municipal de Izquierda Unida, Miguel Díaz, que se preguntaba por qué el equipo de gobierno PP-OSP no esperaba a la resolución del procedimiento penal en la Audiencia de Málaga, donde el Ayuntamiento reclamaba una indemnización a quien fuera absuelto en el ‘caso Malaya’.
Miguel Díaz llegó alertar en enero de 2019 acerca de un informe del interventor municipal que desaconsejaba el pago a Olivo, al estar vivos entonces dos procesos judiciales, uno en la vía penal (del que el Ayuntamiento de Marbella se apartó en abril) y otro en el Tribunal de Cuentas. El exlíder local de IU llegó a decir que los gobernantes de PP y OSP “se arrodillan ante Olivo en lugar de plantarle cara en el juzgado”.
Por su parte, el PSOE pasó de anunciar, en un primer momento, su abstención ante el acuerdo entre Olivo y la alcaldesa que se llevaba a Pleno, a apoyarlo finalmente en sintonía con PP y OSP.
Al hilo de este polémico asunto cabe recordar también que en marzo de 2019 –días antes de retirar el Consistorio su acusación contra Olivo y el resto de acusados– el entonces concejal delegado de Obras, Javier García, llegó a admitir graves deficiencias en relación con las obras por las que el Consistorio acordaba abonar a Olivo 12 millones de euros.
Sorpresa y desconcierto en Anticorrupción ante el cambio de postura del Ayuntamiento
El cambio de postura municipal causó sorpresa y desconcierto en el seno de Anticorrupción, según fuentes de dicho organismo consultadas en 2019, que incidieron en lo siguiente: “sólo el fiscal velará por el interés público de Marbella, al haberse desentendido el Ayuntamiento como acusación”.
Escrito de acusación presentado por el Ayuntamiento de Marbella en 2015 y retirado en abril de 2019
Versión oficial del Ayuntamiento en 2019 tras su retirada como acusación
Marbella Confidencial solicitó en julio de 2019 al Ayuntamiento de Marbella una versión oficial (luego publicada el 4 de agosto de aquel año) el para reflejar su cambio de postura, cuatro años después de haber formulado un contundente escrito de acusación provisional, previo al juicio oral contra los catorce procesados entonces.
Desde la dirección general de Comunicación del Consistorio marbellí enviaron esta redacción una serie de explicaciones, tras consultar a la asesoría jurídica municipal, argumentos de los que se hacían eco.
Estas fuentes oficiales confirmaron que fue el 22 de abril cuando el Ayuntamiento “desistió” de ejercer la acusación particular contra Olivo y el resto de acusados, “en virtud del informe jurídico elaborado tras el acuerdo transaccional alcanzando en el procedimiento contencioso-administrativo 73/14 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga aprobado en Pleno (con los votos a favor del Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Opción Sampedreña) el 25 de enero de 2019″, precisaron.
Extracto del escrito de acusación presentado por el Ayto de Marbella en 2015 y retirado en 2019.
Relataron, además, que al margen del citado proceso penal a juzgar en Málaga, se incoó otro ante el Tribunal de Cuentas, en el marco de un procedimiento por alcance contable, con número A-67/06 “por los mismos hechos”, en alusión a los convenios por obras firmados con empresas de Olivo y la “cesión de bienes en pago”. Todo ello reducido al ámbito de la responsabilidad contable (no penal).
“Consta en dicho procedimiento Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2015 en la que se concluye que no se había acreditado la existencia de un daño real y efectivo en los fondos públicos de la Corporación a resultas de las citadas operaciones, declarando la inexistencia de responsabilidad contable”, esgrimían desde el Ayuntamiento para justificar también su retirada como acusación en el ámbito penal.
Los gobernantes del PP sostuvieron en 2019, en el marco de su respuesta por escrito, que en la citada sentencia del TS “está acreditada la contratación de las citadas obras, la ejecución de los trabajos encomendados y el abono de las cantidades pactadas”, así com que “no se ha acreditado, en cambio, la existencia de un daño real y efectivo en los fondos públicos de la Corporación”, recalcaron para afianzar sus tesis, en consonancia total con la defensa de Olivo.
